Casi diez meses después desde que la surcoreana Hyundai sorprendiera a la opinión pública y al Gobierno al advertir que necesitaba 277 millones de dólares más de los 700 asignados por el Estado para la construcción del Puente Chacao, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, anunció esta semana, en el mismo lugar de las faenas, que el Poder Ejecutivo alcanzó un acuerdo con la firma que lleva adelante la monumental infraestructura (Consorcio Puente Chacao, CPC), por lo que se cierran las dudas sobre la continuidad del que será el viaducto más largo de Sudamérica. De este modo, se han aclarado las dudas que surgieron a fines de diciembre pasado y que, a pesar de las declaraciones de las autoridades regionales, habían tejido un manto de incertidumbre sobre el nivel de avance en la obra que pretende unir a la Isla de Chiloé con el continente.

De acuerdo a lo detallado por el secretario de Estado, el acuerdo entre el Estado y Hyundai asume un pago extra por las obras adicionales informadas por la empresa, pero no al nivel del monto original. Si CPC solicitaba 277 millones de dólares adicionales, el Fisco se allanó a pagar finalmente 138 millones de dólares, con lo que se cubrirá, entre otros, el aumento en el nivel de seguridad del puente, mayor profundidad en la instalación de los pilares y el uso de pilares, en lugar de zapatas, en el macizo de anclaje de los cables del viaducto en la Isla de Chiloé.

La negociación debería redundar ahora en el término de las controversias técnicas y ojalá políticas para que la construcción del Puente Chacao avance sin nuevos contratiempos. Los recursos invertidos desde el erario público hasta ahora son demasiado significativos como para entrar a debatir ahora acerca de la pertinencia del puente de 2.750 metros de largo, el que acortará de manera notoria los tiempos de viaje entre Chiloé y Puerto Montt, trayendo consigo mayores oportunidades de desarrollo para la población.

Por lo demás, tampoco hay que olvidar que esta obra está absorbiendo una mano de obra no menor en estos tiempos tan escasos de trabajo por culpa de la pandemia.

Ya acostumbrados a la apatía observada en las últimas elecciones en Chile, es esperanzador el entusiasmo observado por el plebiscito de este domingo, demostrando interés por el camino a construir para el país. Razones para querer una nueva Carta Magna hay muchas, pero es indudable que después de 40 años el contexto sociocultural y ambiental es muy diferente y las necesidades han cambiado.

En estas décadas el cambio ha sido frenético: internet irrumpió en las comunicaciones, transitamos a la democracia, se abrieron los mercados, comenzó la globalización y una industrialización acelerada. Como sociedad y como individuos también somos hoy diferentes, interconectados, más conscientes de nuestros derechos y abiertos a la diversidad.

Los cambios también se han manifestado en el medio ambiente, con un deterioro exponencial que hoy nos tiene inmersos en consecuencias como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el sobregiro ecológico. El Informe Global de Riesgos 2020 del Foro Económico Mundial señala que los cinco principales riesgos para el mundo tienen relación con el medio ambiente y el clima. Chile no está exento de esos riesgos: 6 de 10 chilenos viven en una de las 20 zonas saturadas por contaminación atmosférica; estamos en el puesto 18 de los países con mayor estrés hídrico; además, 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad ante el cambio climático aplican a nuestro país.

Tanto en el proceso de consultas ciudadanas realizadas en el proceso constituyente de Bachelet como en encuestas recientes la ciudadanía expresa entre los valores más priorizados, el respeto y la conservación de la naturaleza o el medio ambiente. Parece claro que la sostenibilidad, la protección de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático deben ser parte del nuevo traje a confeccionar.

Para su eficacia necesitamos viabilizar la participación ciudadana vinculante, descentralizar las decisiones ambientales, reconocer los derechos que emanan de pertenecer a un lugar, reconocer que la naturaleza impone límites, y que la frontera de nuestros derechos está en aquellos de las futuras generaciones. Nuestro futuro depende de estas decisiones.

Macarena Soler, fundadora de Geute Conservación

Sur e integrante del directorio de Amigos de los Parques

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