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Carabineros detiene a imputado por violación que estuvo prófugo más de cuatro meses

MENOR DE 10 AÑOS. En una fiesta en la casa de los padres de la víctima, el sujeto habría atacado a la niña. Incluso la habría quemado con un cigarrillo. Quedó en prisión.
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Marcelo Galindo

Por más de cuatro meses se mantuvo prófugo un hombre imputado de la violación de una niña de 10 años, en un hecho ocurrido el 6 de junio en una fiesta en la casa de los padres de la menor.

La pequeña opuso resistencia al delito, y el imputado la habría quemado con un cigarrillo provocándole heridas de consideración.

José Efraín Díaz Llauca (35 años) fue detenido por Carabineros del OS 9 durante la tarde del domingo en una casa en calle Los Canelos, de la población Techo Para Todos, imputado por lesiones graves, abuso sexual y violación.

Este es un caso que se investiga desde junio pasado y cuyas diligencias estaban a cargo de la PDI.

El Ministerio Público determinó entregar la indagatoria al OS 9 de Carabineros, que cuenta con una sección especializada para la investigación de delitos sexuales, que en esta causa está trabajando con la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía y el Servicio Médico Legal (SML) de Puerto Montt.

La fiscal que lleva el caso, Ana María Agüero, confirmó que se ofició al SML solicitando informes periciales y sexológicos que permitió fundar la orden de detención.

Reconocido

De acuerdo a los antecedentes de la indagatoria, los hechos ocurrieron cuando el imputado Díaz Llauca se encontraba en una fiesta en la casa de los padres de la niña, en una población del sector Mirasol.

José Díaz dijo que se dirigía al baño, subió al segundo piso del inmueble, ingresando al dormitorio de la niña, donde habría abusado y violado de ella, además de provocarle lesiones graves.

"Al imputado nadie lo conocía y no podía ser reconocido, porque en la casa el día de la fiesta habían varios sujetos en el inmueble", describió el capitán Sebastián Leiva, jefe del OS 9 de Puerto Montt.

De acuerdo al oficial, una vez emitida la orden de detención desde el Juzgado de Garantía, el imputado fue encargado a través de fotografías, sumándose la búsqueda a través de las cámaras de seguridad, y producto de esas diligencias se pudo ubicar el lugar donde se estaba hospedando.

"Aquí no sólo se está hablando de un trabajo investigativo, sino que de una serie de elementos con los cuales se busca evitar la revictimización de la niña. Se trabajó para que el proceso de entrevista se haga sólo una vez", dijo el capitán Leiva.

Otra arista

El jefe de la Décima Zona de Carabineros, general Patricio Yáñez, califico el hecho "como muy grave".

Según Yáñez, el imputado registra nueve detenciones, por diferentes delitos, entre ellos robos y hurtos, además de porte de arma blanca.

"Lo preocupante es que en junio estaban prohibidas las reuniones, y estas son las consecuencias de no hacer caso a las medidas que se toman para prevenir los contagios por covid".

El oficial resaltó, que hubo un trabajo muy profesional de los Carabineros del OS 9, "porque el caso es muy delicado, y la información se dio a conocer con todas las medidas de protección y resguardos ante un hecho de carácter grave", aseveró.

Tras la audiencia de control de la detención y formalización de cargos, la jueza de garantía de Puerto Montt, Marcela Araya, decretó la prisión preventiva para el imputado. Se determinó además un plazo de tres meses para el cierre de la indagatoria. La defensa está a cargo del abogado Humberto Ramírez.

35 años tiene el imputado por violación. Ayer se decretó la prisión preventiva en Alto Bonito.

6 de junio ocurrió el hecho en el domicilio de los padres de la menor, en Mirasol.

90 días es el plazo para el cierre de la investigación decretado por el Tribunal de Garantía.

17 años de cárcel arriesga acusado de intentar quemar la catedral

ESTALLIDO SOCIAL. Hoy se inicia el juicio oral y la Fiscalía formuló acusación por otros 5 delitos. El joven fue identificado a través de diversas fotografías y videos.
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Una alta pena es la que arriesga el joven que permanece en prisión preventiva desde noviembre pasado tras intentar quemar la catedral de Puerto Montt con personas en su interior en el contexto del estallido social.

Felipe Eduardo Santana Torres (20 años) no sólo fue acusado por incendio frustrado por la Fiscalía, sino que además se sumaron acusaciones por delitos de daños calificados a bien de uso público, daños simples, desórdenes públicos, atentado contra el orden público y delito de robo en lugar no habitado.

El juicio oral comienza este martes en la mañana y el Ministerio Público solicita una pena de 17 años por todos los delitos.

Parte de la acusación indica que "actuando como agrupación y aprovechando el actuar en tumulto, el imputado Santana Torres, junto a terceros, con el propósito de provocar un incendio en el edificio catedral de Puerto Montt, lugar destinado al desarrollo de un culto religioso permitido en la república, encendieron fuego en las puertas de madera de acceso de la Catedral, aplicando al fuego elementos combustibles para alimentar su combustión, lo anterior previendo la presencia de personas en su interior".

Los daños están avaluados en alrededor de 70 millones de pesos. El joven fue grabado y subido a las redes sociales destruyendo aceras, sumideros de aguas lluvias, un semáforo y los pilares de alerce de la histórica catedral.

"Hemos solicitado las más altas penas que nos permite el ordenamiento jurídico en contra de este imputado, porque estimamos que los delitos que se han cometido son graves y atentan contra distintos bienes jurídicos y claramente causaron un impacto considerable en toda la comunidad de Puerto Montt por la connotación (histórica) que tiene la catedral para la ciudad y la región", manifestó Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional.

Según la gobernadora, Leticia Oyarce, los hechos de violencia ocurridos el año pasado marcaron situaciones que afectaron gravemente las fuentes de trabajo, la infraestructura pública y privada, "y obviamente el ataque a la catedral marcó un antes y un después, en donde la comunidad se vio muy afectada no solo por lo que representa como patrimonio, sino además por los valores que encarna la iglesia para la comunidad cristiana y la comunidad en general. Por lo tanto esperamos que en este caso se haga justicia y pueda haber una condena ejemplarizadora", aseveró.

El fiscal de la causa del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) Marco Muñoz indicó que se trata de hechos ocurridos entre el 13 y 22 de noviembre de 2019.

"Estos hechos afectaron el patrimonio público, mediante la destrucción de semáforos, de aceras, sumideros de aguas lluvias, instalación de barricadas incendiarias y el saqueo de la catedral e incendio que afectó al mismo lugar el 18 de noviembre de 2019", explicó el persecutor penal.