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escasos, porque tenían bajos sueldos y lo que imponen es poco. Entonces, de alguna manera, este proceso ha apurado y ha presionado más desde el punto de la opinión pública, la importancia de una reforma al sistema de pensiones", añadió.
Fernanda Olivares, vocera de la Coordinadora No + AFP Puerto Montt, comentó que en esta parte de la encuesta "la respuesta tiene obviedad, ya que por medio de una modificación legal y constitucional, se obliga a las AFP a entregar el 10% de nuestros fondos, por lo que deben actuar acorde a las exigencias establecidas por la Superintendencia de Pensiones".
Al analizar el actuar de la Asociación de AFP, recordó que "no tuvieron voluntad para entregar el 10% a la ciudadanía, sino que se negoció hasta el último momento y se hicieron comentarios como que iban a caer las bolsas, que las pensiones se verían afectadas, lo cual no fue tal y no es tal".
Lo vieron en terreno
De su lado, el secretario regional ministerial (seremi) del Trabajo y Previsión Social, Fernando Gebhard, comentó que el porcentaje de valoración de lo que hicieron las AFP, "es un poco lo que rescatamos en terreno, en cuanto a que la tramitación fue acorde a lo que se esperaba", lo que fue vigilado por la Superintendencia de Pensiones -añadió- que hizo varias exigencias para que al menos en la primera entrega, las AFP tuvieran información en sus plataformas e intensificarán la difusión.
En cuanto a las filas que se formaron en las oficinas locales, el seremi del Trabajo lo atribuyó a la alta presión en los sitios de internet de las AFP y la existencia de dudas respecto a los trámites a realizar. Agregó que en la región existe una importante parte de la población sin posibilidad de establecer conexión en línea. "Estamos hablando de un 30% de los trabajadores que no tiene acceso a internet, por lo que están obligados a hacer ese trámite en forma presencial, aunque se buscó apoyo a través de las municipalidades", aseveró.
Propiedad de fondos
En el segundo ítem del estudio, se preguntó por la propiedad de los fondos previsionales, a lo que un 70 % de los participantes de la encuesta en la región respondió que pertenecen a los trabajadores, en un porcentaje similar a la consulta nacional (73%).
Al respecto, el seremi Gebhard consideró que ese 70% es "un valor razonablemente prudente, en el sentido del conocimiento que deben tener todos los trabajadores".
Apuntó que aunque la muestra pudo haber sido más significativa, "deja en evidencia que todavía hay brechas de conocimiento".
Recordó que ese Ministerio realiza todos los años un concurso nacional para la educación previsional. "Estos resultados nos llaman a mantener vigente este concurso, que está en su décimo quinto período de postulación", informó.
En cuanto al destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador, propuesto en la reforma previsional, un 51% se mostró partidario que esos recursos vayan a sus cuentas individuales.
Un 29% prefiere destinar una parte a engrosar sus ahorros y otra para un fondo que financie las pensiones de todos los chilenos; y, un 21% opta sólo por esta última opción.
En tanto, aumenta en 12 puntos porcentuales (63%) la alternativa de que el 6% vaya a la cuenta individual, en caso que sea heredable.
Un 26% prefiere distribuir una parte a la cuenta privada heredable y otra para financiar pensiones de todos los chilenos, no heredable; y, sólo un 11% mostró preferencia por esta última elección.
Al requerir su parecer sobre la estatización de los fondos de pensiones para repartirlos entre los jubilados, se obtuvo una menor cantidad de respuestas afirmativas (40%), siendo mayoritaria la respuesta muy en desacuerdo y en desacuerdo (60%), tendencia que también se observa a nivel nacional, con un 42% y 58%, respectivamente.
En cuanto a las vías de financiamiento de las pensiones, la posición predominante (85%) es que sea a través de la capitalización individual y con la ayuda del Estado, para las pensiones más bajas. A nivel país, esa respuesta captó un 82% de las preferencias. Luego, un 9% en la región dijo que debe ser sólo a través del ahorro individual (10% nacional); y, un 6% estima que los jóvenes que trabajan deben financiar vía impuestos la pensión de los jubilados (8 % en el país).
Para el director de Criteria el retiro del 10% trajo un alivio de las personas, que además verificaron la existencia de ese dinero, "lo que hizo que en general, en el país, subiera la evaluación que los fondos pertenecen a los trabajadores".
La vocera de No + AFP consideró que "lo que se discute es la propiedad privada de esos fondos y quiénes los administran, caricaturizando el concepto de solidaridad y el rol del Estado. No se pone en tela de juicio la necesidad de restitución de un sistema de seguridad social en base a la solidaridad y la suficiencia, como en otro países de la OCDE, con los que nos gusta compararnos".
Respecto a la propuesta legislativa del 6%, Olivares apuntó que mantiene la capitalización individual administrada por las AFP "y abre una opción mínima de conversar en torno a un sistema de reparto, en el que el Estado debiese asumir un rol y abre la posibilidad de un nuevo ente administrador; pero se mantiene el modelo fracasado". Por lo tanto, especificó, "las preguntas no están relacionadas al modelo o sistema de pensiones necesarios para los jubilados hoy".
La cut difiere
El presidente de la CUT Llanquihue, José Pacheco, se mostró en desacuerdo con los resultados de la propiedad de los fondos, junto con cuestionar la neutralidad de la encuesta -al igual que lo hizo Olivares-, en la que dijo observar "una evidente inclinación hacia el negocio de las AFP; en ningún momento se plantea a los afiliados la posibilidad de poner fin a las AFP, dado su falsa promesa de entregar pensiones dignas a todos sus afiliados".
Para el líder provincial de la multisindical, el estudio representa "una campaña orientada a hacer creer a los afiliados que los fondos ahorrados pertenece a los trabajadores, lo que en la práctica no es así".
Recordó que por casos fortuitos o de fuerza mayor, los trabajadores han debido solicitar el rescate de sus fondos de pensiones, para lo que han debido recurrir a tribunales, sin conseguirlo.
Además, criticó a la Asociación de AFP, mandante del estudio, por intentar "apropiarse de una ley que permite el retiro del 10% de los ahorros previsionales, para hacer frente a la crisis económicas producto de la pandemia del covid-19".
Pacheco hizo saber que esa organización "puso todo tipo de obstáculos para que esta ley no se hiciera realidad, incluso aún existen afiliados a quienes, inexplicablemente, las AFP no les han entregado el 100% de los ahorros solicitados en virtud de ley".
"Se hicieron comentarios como que iban a caer las bolsas, que las pensiones se verían afectadas, lo cual no fue tal y no es tal".
Fernanda Olivares,
vocera No + AFP Puerto Montt.
"La gente percibió que las AFP estaban haciendo lo posible para que el proceso fuera ágil".
Cristián Valdivieso,
director de Criteria.
"Aún existen afiliados a quienes, inexplicablemente, las AFP no les han entregado el 100% de los ahorros solicitados".
José Pacheco,
presidente CUT Llanquihue.
400 casos consideró la muestra de este estudio, que incluyó a hombres (55%) y mujeres (45%) de los grupos sociales económicos ABC1, C2, C3 y D.
80 % de residentes en Los Lagos, de 45 a 59 años, dijo que los fondos previsionales pertenecen a los trabajadores; un 82% entre mayores de 60.
76 % de los mayores de 60 años respondió que las AFP hicieron todo lo posible para facilitar el retiro del 10%; las mujeres lo afirmaron en un 60%.