Piden 14 años para joven que intentó quemar la catedral
ESTALLIDO SOCIAL. El imputado permanece en prisión preventiva y son cinco delitos por los cuales fue acusado por Sacfi de la Fiscalía de Puerto Montt.
Una alta pena está solicitando el Ministerio Público en el caso del joven imputado de intentar quemar el histórico edificio de la Catedral de Puerto Montt.
La pena total solicitada contra Felipe Eduardo Santana Torres, de 20 años, es de 14 años tras ser acusado de cinco delitos, entre ellos robo en lugar no habitado, incendio en inmueble habitado, daños, daños calificados en bienes nacional de uso público, en calidad de reiterado y delito contra el orden público, también reiterado.
La investigación llevada adelante por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativo (Sacfi) de la Fiscalía Local, establece que los hechos ocurrieron los días 13, 14, 18, 19 y 22 de noviembre del año pasado, en el centro de la capital regional.
El acusado fue identificado a través de la gran cantidad de medios fotográficos y videos que fueron publicados en redes sociales, varios de ellos en Facebook. Un detalle importante es que siempre actuaba con la misma ropa.
El juicio oral, a través de videoconferencia, fue fijado para el 21 de octubre próximo, a las 8.30 horas. Se considera 30 testigos y cuatro peritos para la entrega de declaración.
Sanción
Patricio Navarro, coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dijo que las penas asignadas a los delitos se definen conforme a los antecedentes que obran en los procesos. Las miradas de las partes no son coincidentes con la mirada de la defensa. "Sin embargo, lo importante y trascedente, es que tenemos una Fiscalía que funciona y autoridades y tribunales que también funcionan", remarcó.
Según Navarro, las personas que delinquen tienen una sanción, "no es una persecución por venganza, es una sanción y debe ser conforme al mérito del proceso", aseguró.
Para la autoridad, lo esencial es que el Estado de Derecho se está cumpliendo. "Hay un debido proceso bilateralidad de la audiencia, se escucha al imputado y nuestro deber es garantizar que se dé el debido proceso, cuestión que el delincuente no tuvo a la vista cuando cometió el delito".
En este caso son querellantes el Arzobispado y la Intendencia, invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Este es el tercer juicio que se lleva adelante posterior al estallido social. En los dos primeros no hubo conformidad en el Ministerio Público y en uno de ellos solicitó la nulidad.
"Pendiente se encuentran los alegatos del recurso de apelación presentado por la Fiscalía en contra la resolución del Tribunal Oral en lo Penal, que condenó al imputado Helmut Jonathan Corona Leveque a dos penas de 541 días de presidio por dos delitos de robo en lugar no habitado y que concedió cumplimiento mediante remisión condicional de la pena", explicó Claudia Pino, vocera de la Fiscalía.