Son 14 los casos que tiene considerado llevar a juicio oral o abreviado el Ministerio Público por hechos delictivos cometidos en el marco de protestas violentas durante el estallido social en Puerto Montt y la región.

Uno de los casos emblemáticos, ocurrido en el centro de la capital regional, tiene contemplado juicio en más de un mes.

Se trata del millonario daño provocado en la catedral de Puerto Montt, donde además hubo varios intentos de incendio y saqueo.

El único acusado por este hecho enfrentará al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal el 21 de octubre.

Todos estos hechos resumidos en 14 causas han sido investigados por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía y, de acuerdo al Ministerio Público, se llevarán a juicio oral o abreviado a 21 acusados.

A estos juicios hay que agregar otros dos que ya concluyeron recientemente, con veredictos y condenas que no han dejado conforme a la Fiscalía y las autoridades políticas."Son personas respecto de las cuales la Fiscalía ejerció la acción penal", comentó la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer.

Robos

La mayoría de los imputados que han sido y serán llevados a juicio oral o procedimiento abreviado, tienen entre 20 y 30 años. Son estudiantes, algunos sin oficio y otros sin trabajo.

Según la persecutora regional, al juicio oral que tiene fecha de inicio el 21 de octubre se suman tres audiencias de preparación de juicio oral.

"El Ministerio Público también acusará en procedimientos simplificados por los hechos, como daños, obstrucción de vías, robos, hurto y desórdenes", indicó Wittwer.

Entre los locales saqueados se consideran un negocio de venta de artículos electrónicos; la farmacia SalcoBrand de calle Antonio Varas con Talca, el supermercado Unimarc de calle Urmeneta y el instituto de inglés de calle O'Higgins, al lado de la Corte de Apelaciones .

Respecto del juicio abreviado, la fiscal regional señaló que el imputado tiene la opción de reconocer responsabilidad y el juez puede aplicar una pena más baja, "pero es una opción del imputado".

De acuerdo a la fiscal Wittwer, "es el código penal el que establece las penas que tiene asignado cada delito, está establecido y es imposible cambiar salvo por una modificación legal, que pasa por la legislatura".

Sobre los dos primeros juicios cuyas penas fueron bajas, indicó la abogada que la legislación actual en materia penal "es el marco para que se mueva la Fiscalía y los tribunales de justicia. En esta normativa se puede bajar o subir la pena de acuerdo a los antecedentes que tenga el imputado, todo en el marco de un margen".

Saqueo

Según la gobernadora Leticia Oyarce, durante las movilizaciones de octubre, y que perduraron tres meses, hubo actos delictivos en un contexto de mucha violencia "donde hubo destrucción de infraestructura pública y privada, daño a distintas fuentes de trabajo e ingresos, entre otros.

Para Oyarce, muchas personas sufrieron de manera directa, como indirecta con estos hechos "algunos de los cuales provocaron gran conmoción, como fue el saqueo e intento de quemar de la catedral".

Leticia Oyarce puntualizó que "obviamente todos estos antecedentes y hechos ameritan, y es lo que nosotros esperamos como gobierno, que lleguen a condenas ojalá ejemplarizadoras, para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder". La autoridad ha sido critica con los fallos del Tribunal Oral en lo Penal, tras los dos primeros juicios llevados adelante por este hechos.

Línea

Según María Soledad Llorente, defensora regional, como primer principio la convicción y petición general es que todos los juicios que se celebren en este contexto se desarrollen bajo el cumplimiento estricto de las garantías fundamentales y del debido proceso: "No sólo en la mirada del concepto de normas de fondo, sino que entender que la forma en sí de cómo