Marcelo Galindo

Eran tres estofados de carne con arroz, para similar cantidad de internos, los que llevaban en el interior de los huesos 21 gramos de marihuana.

El inusual método para movilizar la droga fue descubierto por los funcionarios de Gendarmería, quienes evitaron que 41 dosis del alucinógeno llegaran a quienes están en prisión preventiva.

La "novedosa" encomienda estaba dirigida a tres reclusos del módulo 22, de imputados reincidentes. La droga fue introducida en el interior de los huesos, desde donde fue extraía la médula.

Tras la detección de la droga, Gendarmería informó de manera inmediata a la fiscal de turno, Ana María Agüero, quien solicitó al OS7 de Carabineros que efectuara la prueba de campo y dispuso que las tres personas que llevaron las encomiendas (dos hombres y una mujer) fueran trasladadas hasta la Quinta Comisaría.

El director regional de Gendarmería, coronel Sebastián Urra, destacó el eficaz proceso de revisión que realizan los funcionarios del Complejo Penitenciario de Puerto Montt, lo que constantemente ha permitido incautar distintos tipos de droga.

"Los funcionarios de la unidad han estado muy atentos en el proceso de revisión y, gracias a ello, hemos podido incautar diversos tipos de drogas. Tenemos que seguir alertas, porque cada vez se buscan formas más ingeniosas para tratar de ingresar las sustancias ilícitas", expresó la autoridad.

Costuras

El capitán Javier Krause, jefe del OS7 de Carabineros, manifestó que en sus años de experiencia investigando delitos relacionados con drogas, es la primera vez con que se encuentra con esta forma de intentar ingresar marihuana a la cárcel.

El oficial explicó que fueron detenidos bajo el cargo de microtráfico dos hombres chilenos y una mujer de nacionalidad boliviana.

"La forma más común de ingresar droga a las cárceles son en las costuras de las prendas de vestir, en los tubos de pasta de diente, en los envases de shampoo, en tortas o pasteles, pero nunca habíamos observado esta forma", dijo.

El alcalde de Calbuco, Rubén Cárdenas, confirmó que la Municipalidad, a través de su departamento jurídico, está analizando la factibilidad de presentar una querella criminal contra quienes resulten responsable por el derrame de alimentos para peces en la costa del sector de San José.

De acuerdo a Cárdenas, el objetivo de la acción judicial es para que se resguarde y se cumpla la normalidad de este espacio, de esta playa que es utilizada por recolectores de orilla.

De acuerdo al jefe comunal se hizo la denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y se solicitaron los requerimientos de información de la Capitanía de Puerto.

Para Cárdenas es importante observar la dimensión del daño "y el objetivo es solicitar que se cumplan todas las reglas para poder normalizar la playa, porque de mantenerse el desecho en ese lugar impedirá la vida de los mariscos y productos que son el sustento de familias cercanas".

El alcalde calbucano indicó que la acción penal se está analizando y la idea es hacer la presentación en el Juzgado de Garantía.

"Tiene que haber una mayor preocupación para que los recolectores desarrollen sus labores, porque no sólo afecta a la naturaleza, sino que también pueden haber pérdidas de vidas humanas, y en ese sentido los protocolos deben ser más rigurosos", expresó la autoridad comunal.

El fiscal jefe de Calbuco, Patricio Llancamán, explicó que lo que se está investigando preliminarmente es una eventual comisión del delito previsto en el artículo 136 de la Ley de Pesca, y que tiene que ver cuando se arrojen al mar sustancias químicas y física que dañen los recursos hidrobiológicos.

"Ese es el artículo, pero sin perjuicio de explorar otras faltas o ilícitos. Nos hemos coordinado en un trabajo en conjunto con personal de la Bidema y Lacrim además de la Armada, Sernapesca, SMA y Salud. Hemos convocado a una reunión, porque eventualmente se pueden desarrollar acciones que puedan dañar los recursos hidrobiológicos y el eventual perjuicio que puedan sufrir las personas que viven de los productos del mar".

Fueron los detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Puerto Montt quienes detuvieron a una persona que, en un vehículo, transportaba 240 cartuchos de fuegos artificiales.

El imputado, de 24 años, quien además se encontraba en la vía pública sin salvoconducto, llevaba esta gran cantidad de cartuchos de fuegos artificiales de diversos tipos, tales como petardos de ruido y bengalas, entre otros, siendo detenido por el delito flagrante de infracción a la Ley de Armas y Explosivos.

A ello los funcionarios de la PDI también le sumaron el cargo por infracción al artículo 318 del Código Penal ante la contingencia sanitaria.

Dichas especies fueron derivadas al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) para su análisis, determinándose preliminarmente que algunos de estos productos corresponderían a explosivos artesanales.

El joven no mantiene antecedentes penales y, de acuerdo al comisario Carlos Correa, subjefe de la BIRO, este procedimiento fue adoptado en calle O'Higgins de Alerce.

El producto transportado en forma ilegal era llevado en el asiento trasero del móvil y en el portamaletas, sin documentación.

Con dos penas de 541 días, cada una por los delitos de robo en lugar no habitado que afectaron a la gobernación provincial de Llanquihue y a la tienda Ripley, llegó a su fin el juicio oral llevado adelante contra Helmuth Corona, quien se mantuvo en prisión preventiva hasta el día que le dieron a conocer la sentencia.

Ambos delitos fueron cometidos en el contexto de las manifestaciones sociales de 2019, en lo que se denominó el caso "Gobernación".

En la sentencia no se acogió la agravante invocada por el Ministerio Público de actuar en tumulto.

El fiscal Marco Muñoz manifestó que si bien la Fiscalía respeta las decisiones del Tribunal Oral en lo Penal, "no comparte primero la decisión de absolver al acusado por otros dos delitos por los que era acusado (incendio frustrado y el delito contra el orden público, sancionado en la Ley de Seguridad Interior del Estado) y el rechazo de la agravante de actuar en tumulto".

El persecutor confirmó que la Fiscalía se encuentra estudiando el fallo y evaluando la procedencia de la interposición de recursos procesales correspondientes.