Redacción

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, planteó, como posible alternativa para permitir el voto de personas infectadas con covid-19 en el plebiscito, legislar con celeridad sobre el sufragio domiciliario, idea a la que se abrió el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, pero de la que tomó distancia el Gobierno.

"Se están terminando las posibilidades para poder garantizar el ejercicio del derecho a sufragio de las personas con covid positivo, pero básicamente por la decisión de la autoridad sanitaria en estos momentos, que ha señalado que no pueden salir de sus casas", sostuvo Santamaría en radio Universo.

Para solucionar aquello, planteó: "Yo creo que hay espacio, se puede legislar, si aquí se ha legislado en 24 horas algunos temas. De hecho, nosotros hemos estado en conversaciones y sabemos que Correos ha tenido disponibilidad para que las personas se mantengan en su casa y se inscriban previamente. Con mucha rapidez yo creo que podemos hacerlo. Uno abre un plazo de diez días para que se inscriban en una lista, se les lleva la cédula a la casa, marcan su preferencia y Correos se ha ofrecido para actuar como ministro de fe, como lo hacen en el caso del voto postal, y lo lleva al centro de votación".

Consultado sobre de quién depende un proyecto de ley al respecto, expuso que "debiera ser el Ejecutivo". Y añadió: "Nosotros tenemos hasta el 10 de septiembre y queremos solucionar este tema antes".

La moneda

Ayer, Patricio Santamaría; Raúl García, director nacional del Servel; y los consejeros de este servicio asistieron a La Moneda a una reunión con el presidente Sebastián Piñera, para analizar todos los elementos que aseguren el desarrollo de un plebiscito informado, participativo y seguro desde un punto de vista sanitario.

En la cita estuvo el ministro del Interior, Víctor Pérez, que después abordó la idea de Santamaría. "Llevar adelante una legislación para modificar aspectos sustanciales de nuestro sistema electoral a 60 o 65 días de un acto electoral, es absolutamente inviable y eso concordamos con el Servel", dijo.

Menos enfático fue el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, sostuvo que "la ley puede ser a lo mejor el mecanismo más fácil de llevar adelante; el tema es implementar ese procedimiento, porque el voto tiene que ser secreto, y nosotros tenemos un sistema electoral que ha funcionado de manera impecable durante los últimos años, donde incluso una diferencia de un voto por mesa no ha traído ninguna discusión".

"Por lo mismo -manifestó-, si vamos a avanzar en modificaciones de ese tipo, tienen que ser muy bien implementadas. Estamos a menos de 60 días del plebiscito y, por lo tanto, las dificultades son las que pueden poner cuesta arriba una implementación de ese tipo. El voto a distancia, el voto por correo, no existe en nuestra legislación y no ha existido nunca".

Cámara de diputados

Distinto piensa el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), quien se abrió a agilizar la tramitación de un proyecto de ley que permita a los pacientes de covid-19 sufragar. Dijo que él apoyaría una iniciativa en ese sentido: "Es una buena intención que garantiza un derecho que está en nuestra Constitución y nosotros somos los primeros en deber garantizar aquello a todos los ciudadanos el 25 de octubre". Planteó que "estamos a tiempo de implementarla" y por esto afirmó: "Si requiere cualquier urgencia de tramitación en el Congreso, nosotros podemos legislar de lunes a domingo y no tendremos problemas en hacerlo para poder organizar aquello".

A su juicio, ha habido antes buena disposición del Ejecutivo y este "podría estar abierto a cualquier iniciativa, aún irrogando gasto, porque tenemos que garantizar el derecho".

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó que el proyecto que flexibiliza el acceso al seguro de cesantía y mejora la Ley de Protección al Empleo, será "relevante" para sectores cuya actividad está suspendida debido a la crisis sanitaria, como los restaurantes y el turismo. La propuesta fue aprobada por el Senado y una comisión mixta, y sólo falta el paso por la Sala de la Cámara de Diputados.

En Twitter, Briones explicó que la iniciativa faculta al Ejecutivo para, a partir de octubre y según la evolución de la situación, "extender hasta por cinco meses la Ley de Protección del Empleo y sus beneficios".

Sobre las principales modificaciones, dijo que son tres: para los trabajadores cesantes, "se flexibilizan transitoriamente los requisitos para acceder al seguro de cesantía, o sea, más trabajadores podrán acceder", y "se incrementa el monto de las prestaciones del seguro (tasa de reemplazo)"; y para los trabajadores suspendidos, "se aumenta el monto y el número de giros asociados a la Ley de Protección del Empleo", lo que será "un beneficio relevante para trabajadores de la construcción con contratos a plazo fijo o por obra y faena, que antes recibían sólo tres giros, que estaban expirando".

Chile compra

Ayer, el ministro Briones encabezó el anuncio de una serie de medidas para la modernización y perfeccionamiento del sistema de compras públicas, incluyendo la Dirección de Compras y Contratación. Según dijo, hay un diagnóstico común de Hacienda y la Fiscalía Nacional Económica, que identificó que hay espacio para ahorrar entre US$290 millones y US$855 millones. "Valoramos el informe de la Fiscalía Nacional Económica y suscribimos plenamente sus recomendaciones en aras de aumentar la competencia en las compras públicas y generar así un mejor uso de los recursos públicos".

Las medidas incluyen una nueva Ley de Compras, que ingresará al Congreso y que, entre otros aspectos, incluirá los procesos de contratación de obra pública del MOP y el Minvu en la plataforma de Mercado Público. Además, se implementó un nuevo modelo de convenios marco, se habilitó la plataforma para mipymes Compra Ágil y se actualiza la plataforma en que los organismos hacen sus compras.

US$855 millones incluso podría llegar a ahorrar el Estado en el sistema de compras públicas.