Preocupantes indicadores para la región arrojó el último informe semestral de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) respecto de la quiebra de personas y empresas, proceso regulado desde hace pocos años mediante la Ley 20.720 y que busca la "reinserción financiera" de quienes por distintas razones no hayan podido cumplir con sus compromisos económicos. De acuerdo al reporte oficial, en Los Lagos se incrementó en un 221% la quiebra de personas entre enero y junio de este año, comparando con igual período de 2019. En el rango de las empresas, en tanto, tal guarismo se disparó en un 100% para la región, clara muestra de las profundas huellas que dejó la doble crisis del estallido social y la actual pandemia del covid-19.

Según lo que vaticinaron los especialistas consultados por El Llanquihue, el escenario se tornará aun peor en los próximos meses, cuando el impacto de la crisis se haga todavía mayor en personas y empresas que a duras penas están tratando de sobrellevar la falta de empleo o reducción de sueldos, por un lado; y el menor dinamismo de la actividad económica, por el otro. Desde marzo a la fecha, un amplio contingente de trabajadores ha recurrido a los recursos otorgados a la Ley de Protección del Empleo; y existe la natural duda acerca de la reincorporación a sus antiguos empleos una vez que se cumpla el período de gracia. Por lo que se puede anticipar, no existe suficiente margen en una extensa gama de empresas para volver a contar con las dotaciones que tenían a febrero o marzo.

De hecho, el economista Jorge Weil (de la Universidad de Los Lagos) ha advertido que la región ya perdió el 40% de su tejido productivo y que hay numerosos emprendimientos comerciales que se encuentran "anestesiados o inertes". El panorama en el corto y mediano plazo, por lo que se sospecha, es desesperanzador.

Será difícil revertir el daño a la economía si no hay claridad en las políticas estatales ni claridad en el discurso político. Del Gobierno y la clase política dependerá en gran parte el ritmo y rapidez de la recuperación, una vez, claro está, que el virus lo permita.

En la ley que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual, se incluyó la posibilidad de retención por concepto de pensiones alimenticias adeudadas. Sin embargo, frente a tal escenario, es muy posible que los alimentantes no soliciten el retiro de sus fondos previsionales. Por ello, se ingresaron dos proyectos de ley al Congreso: uno, que permite al alimentario, previa certificación del monto adeudado por parte del tribunal de familia, subrogarse en el derecho de retiro del afiliado alimentante, para el sólo pago de dicho monto; y otro, que señala que en caso que el afiliado no retire los fondos y esté constituido en mora por deudas impagas de obligaciones alimentarias, el juez de familia autorizará al alimentario a solicitar el retiro de dichos fondos, en calidad de agente oficioso, hasta por el monto fijado por resolución ejecutoriada que liquide dicha deuda.

En el primer caso, el mecanismo propuesto implica conceder la llamada acción indirecta, oblicua o subrogatoria, que tiene por objeto que el acreedor (alimentario) ejerza ciertos derechos del deudor (alimentante), para adquirir bienes, cuando hay negativa o indiferencia de éste para ello.

El segundo proyecto importa reconocer al alimentario la calidad de agente oficioso, con facultad para administrar sin mandato los negocios del alimentante. Si bien parece más apropiado el primer mecanismo (subrogación), lo que merece comentario especial es que todo este tema lamentablemente se ha ventilado como una suerte de conflicto entre madres y padres, como fría relación acreedor-deudor; y no se ha puesto énfasis en el real afectado, es decir, el menor a quien se deben los alimentos.

Esto lleva a recordar aquel principio rector del Derecho de Familia, conocido como "interés superior del niño", que obliga, según las circunstancias de cada caso, adoptar las medidas que resulten aconsejables para asegurar la protección de los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente, y posibilitar la satisfacción de todos los requerimientos de una vida normal, orientada al equilibrado desarrollo de su personalidad, en un ambiente de afecto, contención y formación integral (Corte Suprema, 10 de septiembre de 2014). Sería conveniente en estas instancias legislativas no centrar las discusiones en los conflictos de los padres, sino recordar este principio del interés superior del niño, que tiene una triple función: es una garantía para el menor, debido a que toda decisión que le concierna debe considerar, fundamentalmente, sus derechos; es además norma orientadora que no sólo obliga a legisladores y jueces, sino a todas las instituciones públicas y privadas; y, por último, también debe ser vista como norma de interpretación y resolución de conflictos.

Mario Madrid McInnes, docente de

Derecho Público de la UST Puerto Montt