Lentamente, restaurantes de la zona ya han tenido que iniciar el inexorable proceso de cierre, debido al impacto de mantener sus puertas cerradas desde mediados de marzo, cuando la llegada del coronavirus al país obligó a decretar el Estado de Catástrofe y someter a la población a un largo período de tiempo marcado por los llamamientos al confinamiento y la tensión constante sobre la capacidad de la red asistencial para absorber el aumento de la demanda.

El rubro de la gastronomía ha sido, tal vez, el más afectado. Una actividad que por esencia se basa en el consumo y la compañía alrededor de la comida, ha tenido que resignarse, en el mejor de los casos, a reinventarse a través del delivery, mientras que la gran mayoría ha sorteado la crisis con el sólo anhelo del pronto fin de la pandemia.

Puerto Montt y Puerto Varas, ciudades con un fuerte componente turístico, con una amplia variedad de locales para atender a la población local y a los turistas que llegan cada año, están sufriendo como pocas el golpe de la crisis sanitaria en la actividad gastronómica. Muestra de ello es el reciente cierre del conocido restaurante "San Marino" y el que se produjo a fines de marzo en el "Entre mar & pasta", que ya venía sufriendo desde antes de la pandemia el impacto del estallido social, una mezcla fatal para muchos de estos locales en el país. Y las estimaciones del gremio local ya advierten que hay al menos otros seis restaurantes que están evaluando también su cierre definitivo.

Los dirigentes gremiales vienen insistiendo desde hace tiempo que el sector necesita una atención especial de parte del Gobierno y que el formato del delivery, por lo demás, resulta ser una competencia desleal, por cuanto muchos de quienes apuestan por esa técnica, no cumplen las exigencias sanitarias y laborales de cualquier local. La importancia del rubro en la zona y la mano de obra que genera son razones suficientes para que la autoridad observe con atención lo que está sucediendo en Puerto Montt y Puerto Varas. El desastre puede ser aún mayor de lo proyectado.

Las personas afectadas por un delito esperan que su causa sea de la más alta prioridad para todo el sistema judicial. El sistema procesal penal desde un comienzo fue diseñado para determinar qué hechos se deben perseguir con mayor fuerza, en concordancia con los intereses de la sociedad y al dinamismo que presentan los fenómenos delictuales a través del tiempo.

La actual política de persecución penal del Ministerio Público se construye de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico 2016- 2022 -período de gestión del fiscal nacional, Jorge Abbott-, y que contiene definiciones o principios rectores que deben ser observados, respetados y cumplidos por todos los fiscales y funcionarios, tales como: autonomía institucional, objetividad, respeto a los derechos fundamentales, igualdad ante la ley, protección y atención de víctimas y testigos, probidad, transparencia e interés de la sociedad, entre otros.

Los delitos considerados como prioritarios son los delitos violentos contra la propiedad, aquellos vinculados con el crimen organizado, ilícitos relacionados con las características propias de la víctima (como los que afectan a personas en situación de vulnerabilidad), delitos de corrupción y delitos económicos, derechos humanos, delitos de homicidio y manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte.

Estos delitos son objeto de especial preocupación para todas las fiscalías regionales. Como complemento de lo anterior, y en lo que respecta a mi gestión regional, nuestra línea rectora ha sido potenciar la investigación y persecución de los delitos cometidos contra los grupos más vulnerables de la sociedad, como los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y los femicidios.

Una adecuada priorización permite no sólo canalizar esfuerzos y recursos, sino que creemos contribuye a la legitimidad del sistema de justicia en general, aumentando la confianza de la ciudadanía, trayendo como consecuencia que se denuncien más los delitos y se colabore con las investigaciones.

Las especiales condiciones que el país y la región han debido enfrentar en los últimos meses han puesto a prueba a la Fiscalía, debiendo adaptarnos rápidamente a las nuevas circunstancias, centrando nuestra atención en una nueva categoría de ilícitos como los son los atentados contra la salud pública.

Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos