La actual situación sanitaria que nos encontramos viviendo como consecuencia del covid-19 requiere ser afrontada por medio de esfuerzos colectivos, así como de la responsabilidad y disciplina de cada persona. En Chile, la autoridad sanitaria ha dispuesto medidas tendientes justamente a frenar los contagios, tales como la prohibición de circulación de personas en horarios determinados, la instalación de barreras sanitarias o la implementación de cuarentenas comunales, como ha sido el caso de Osorno.

Pese a lo fundamental que es cumplir con estos lineamientos, existen personas que no lo están haciendo. Ante estas conductas, como Fiscalía de Chile, y particularmente como Fiscalía Regional, investigaremos y perseguiremos penalmente estos hechos porque no queremos que queden impunes.

El artículo 318 del Código Penal chileno sanciona a todo quien pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, que es precisamente lo que estamos viviendo en el país. No cumplir cuarentena cuando ésta ha sido indicada o circular sin el salvoconducto respectivo en horario de toque de queda y, peor aún, infringir esta prohibición de circulación con el fin de cometer delitos, está penado -conforme lo dispone este artículo- con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales.

Respecto de todas las personas que han sido sorprendidas por personal de Carabineros o de las Fuerzas Armadas incumpliendo esta normativa, se ha iniciado la investigación respectiva con el objeto de posteriormente ejercer la acción penal pública. De hecho, ya hemos obtenido las primeras condenas. Adicionalmente, y en el marco de mis facultades como fiscal regional, he instruido a los fiscales de la región para que se incaute, cuando corresponda, el vehículo en que estas personas estén trasladándose. Ya en la primera semana de aplicación de esta medida, hemos tenido una decena de incautaciones en las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena.

Como Fiscalía consideramos importante que la comunidad conozca lo que estamos haciendo en la materia y que quede claro que perseguiremos con los instrumentos a nuestro alcance a quienes no respeten las normas establecidas para la salud de toda la comunidad.

Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos

Apurados por las inéditas circunstancias que ha aparejado la pandemia del coronavirus, los planteles de educación superior de Puerto Montt, al igual que sus símiles del resto del país, han tenido que ajustar sus procesos y adentrarse en terrenos que aunque ya conocían tibiamente, como el trabajo en aulas virtuales y educación a distancia, se han convertido ahora en materia obligada si es que desean mantener sus actividades académicas en beneficio de sus estudiantes. Tal como se reseñó en un reportaje de este diario el pasado domingo, cada una de las universidades asentadas en la capital regional han tenido que modificar sus procesos de enseñanza y de evaluación para permitir que los forzados conceptos de aislamiento y distanciamiento social no terminen afectando en demasía la docencia universitaria de las distintas carreras.

Afortunadamente, para buena parte de ellas no ha resultado un terreno tan inexplorado, pues el sistema de aulas virtuales ya venía desde hace años instalándose con fuerza en algunas universidades, en particular para aquellas que han buscado incrementar su presencia a través de programas a distancia. El problema, no obstante, pasa porque el apresuramiento al que se han visto obligados los planteles para sobrellevar la pandemia no ha dado el suficiente tiempo para hallar soluciones dignas y factibles para aquellos estudiantes que por la especial configuración social y territorial del sur del país, pueden no contar con suficientes dispositivos computacionales y redes de Internet que soporten la demanda de los contenidos de la educación superior.

Las universidades, tanto las localizadas en Puerto Montt como a lo largo del país, deben estar conscientes de esta brecha digital para evitar el incremento de las desigualdades de base con las que llegan los estudiantes a la enseñanza superior. Es menester que exista flexibilidad en los contenidos y evaluaciones de este año, además de tener un catastro minucioso acerca de quiénes no cuentan con lo necesario para participar de forma activa y eficaz en la educación a distancia. Y este catastro, naturalmente, gestionarlo para idear soluciones.