Secciones

  • Portada
  • Actualidad
  • Opinión
  • Actualidad general
  • Deportes
  • Clasificados
  • Cartelera y Tv
  • Vida Social
  • Espectáculos
  • Contraportada

Apoderada demanda indemnización por perjuicio contra colegio de Puerto Varas

DEFENSA. El director del centro educativo, Faustino Villagra, aseguró que el recinto ha salido bien librado de todas las denuncias formuladas por la madre de una de sus estudiantes.
E-mail Compartir

Alma López

Casi dos años de demandas, reuniones y visitas a psicólogos lleva una madre puertovarina, para defender a su hija de lo que calificó como estigmatización y bullying, por parte compañeros de estudio de la pequeña, quien ahora tiene 9 años.

La mujer, a quien llamaremos "Ana" para este trabajo, a fin de proteger su identidad y la de la menor, explicó que hace un par de semanas decidió hacer pública la demanda civil contra la Fundación de Educación Católica Puerto Montt, para "limpiar su nombre y el de su hija, defenderse de calumnias y motivar a otros padres que estén sufriendo abusos de poder por parte de organizaciones privadas y del Estado", a que denuncien su situación.

"Fui acusada, sin ninguna prueba, de haber agredido verbalmente a mi hija en el colegio Inmaculada Concepción, el 16 de mayo de 2018. Ese día, a eso de las 14 horas recibí una llamada de otra apoderada, quien me dijo que había ocurrido un incidente con mi hija y debía ir a retirarla. Cuando llegué, la encontré en la entrada de la recepción del colegio, sola y descompuesta emocionalmente. Mi hija había sido objeto de bromas y burlas por parte de una compañerita y hubo un mal manejo de toda la situación. Ni los encargados de convivencia escolar, ni profesores que presenciaron el hecho, actuaron adecuadamente", explicó la mujer.

La causa contra la institución educativa, formalizada en octubre de 2019, es por "cumplimiento forzado con indemnización de perjuicios", y surgió a raíz de que la denunciante fue acusada por el colegio Inmaculada Concepción de Puerto Varas por una supuesta vulneración de derechos contra su propia hija, ocurrida según la academia, el 16 de mayo de 2018, cuando sucedió el evento con la compañera de estudios.

Dicha imputación, realizada en el Juzgado de Familia de Puerto Varas, fue desestimada el 28 de noviembre de 2018, cuando el ente judicial resolvió: "Es el colegio el que en realidad vulnera los derechos de (nombre de la niña), atendido a que los docentes no supieron manejar la situación de aislamiento y estigmatización de la cual era víctima su hija, por parte de sus compañeros".

La madre refuerza que "fui calumniada y difamada por el colegio. Además, no cumplieron con los protocolos correspondientes cuando los alumnos se pelean. Me culparon de algo que jamás hice", insistió "Ana", quien expresó su deseo de que sean investigadas las instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños y las familias.

"Estoy asqueada de todo el sistema. El Programa de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) Fundación Mi Casa levantó un informe basado en lo que dijeron terceros; nunca corroboraron o investigaron la situación de mi hija. Sólo copiaron y pegaron texto de otros papeles. El documento tenía errores, hasta mi nombre lo cambiaron", sostuvo.

"Ana" afirmó que ningún representante del colegio acudió a la audiencia del 28 de noviembre de 2018. "No presentaron testimonios, ni pruebas".

La querella

El fallo del Juzgado de Familia de Puerto Varas "basado en lo que dijo una psicóloga (particular) y el informe de un organismo especializado, señala que el colegio carecía de funcionarios idóneos para tratar temas de conflicto dentro del mismo y básicamente del problema que había presentado la niña", explicó el abogado de la apoderada, Gonzalo Castro, quien aseveró que luego de esta sentencia, se inició el proceso de demanda civil en contra de la fundación directamente, a la cual pertenece ese establecimiento educacional.

Castro precisó que la querella es "por un lado por responsabilidad contractual, porque el colegio tiene obligación de contar con profesionales idóneos para resolver este tipo de problemas; y, por responsabilidad extracontractual, por todos los perjuicios y omisiones en que ha incurrido el colegio y la fundación".

El profesional refirió que solicitan que el instituto educativo cumpla "forzosamente con obligación de contrato con correspondiente indemnización de perjuicio". El monto de la misma asciende a los 50 millones 700 mil pesos.

"La niña de mi representada no ha recibido tratamiento psicológico, ni seguimiento por parte del colegio hasta la fecha. Hay negligencia por parte del centro; sin embargo, la madre no desea desvincular a su hija del mismo", manifestó el profesional.

Al respecto, "Ana" precisó que la psicóloga de la menor le recomendó no retirarla del establecimiento, aunque le aconsejó cambiarla de curso.

"En el curso nuevo ha estado mejor. Nunca le he inculcado cosas negativas sobre el colegio y ella nunca se ha desmotivado para ir a clases. No somos delincuentes para tener que arrancar porque se haya presentado un problema; al contrario, lo que quiero es que asuman su responsabilidad. No tienen idea del gran daño que han ocasionado", recriminó.

El estado actual de la acusación civil es de culminación de la discusión. Ahora vendrá la fase de pruebas.

"Cuando hicimos la presentación de la demanda, la fundación presentó un escrito con una excepción dilatoria, tratando de objetar nuestra denuncia. Pero, a mi juicio, es más bien una medida que busca dilatar el caso. Ya contestamos y pedimos que sea evacuado el pedido de discusión, esperamos pasar el periodo de prueba. Estos procesos civiles son largos", acotó el representante legal de "Ana".

Años de angustia

La progenitora contó que desde que sucedió el incidente, en mayo de 2018, su hija fue estigmatizada y aislada en el colegio. Además, tuvo que acudir a ayuda psicológica por su cuenta, ya que -aseveró- el centro educativo nunca le facilitó la asistencia profesional correspondiente.

Las diligencias que ha concretado la madre, reflejadas en el documento de demanda civil, van desde reuniones sin resultados con el director y docentes, el vicario de la Educación, Daniel Acuña, y el administrador apostólico (arzobispo), en marzo de 2019. También realizó una denuncia ante el Ministerio de Justicia por difamación de parte del Programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) Puerto Montt.

En dicha denuncia, "mi representada da cuenta de información falsa y grave que se atribuía a ella y a su hija, que atentaba contra su honra, constitutivas de injurias, calumnias, basadas en una serie de informaciones contradictorias e incongruentes", argumentó Gonzalo Castro.

"Ana" arremetió contra la Oficina de Protección de Derechos (OPD), Programas de Prevención Focalizada (PPF) y el DAM, a las cuales acusó de "lucrarse con el dolor de las familias. Cuántas familias están al borde de que le quiten a los hijos por culpa de informes falsos, copiados y pegados. Cuántos niños no han caído en el Sename (Servicio Nacional de Menores) por culpa de estos malos procedimientos", se cuestionó.

Acabar con el bullying

La madre confesó que una de las razones que la ha motivado a continuar con las demandas es visibilizar el problema del bullying en las escuelas, ya que, así como su hija, considera que son muchos los menores que se ven afectados por estas situaciones; pero que directivos y maestros no son capaces de abordar los incidentes, bien por falta de preparación o de voluntad.

Una de las alarmas que impulsó su lucha fue saber del suicidio de una adolescente, en agosto de 2019, en la localidad de Correntoso, comuna de Puerto Montt.

"Esa niña, de apenas 13 años, era víctima de bullying, estudiaba en el colegio Santo Tomás, un instituto también católico, y las autoridades del mismo nunca hicieron nada. Fue inevitable pensar en el destino de mi hijita", reveló.

Instó a los padres de niños víctimas de burlas y bromas en sus colegios, a identificar el peligro y a exigir a los docentes y directivos que ejecuten mejores programas de ayuda a los estudiantes afectados. El llamado lo extendió a las autoridades educativas de la región.

"Hemos cumplido"

El director del instituto Inmaculada Concepción, Faustino Villagra, confirmó las denuncias hechas por la apoderada "a la Superintendencia de Educación fue una" y precisó que "todas han salido favorables al colegio".

Recalcó que el centro académico cumple con la convivencia escolar de los alumnos. "Prefiero ser prudente, pero quiero destacar que el colegio está tranquilo, porque cumplimos con todo lo que corresponde para que nuestros alumnos se desarrollen o desenvuelvan en la mejor convivencia escolar".