Inspectores municipales inician fiscalización a comerciantes ambulantes de Antonio Varas
COMERCIO INFORMAL. La abogada Orietta Llauca dijo que se ingresó una demanda contra el alcalde Gervoy Paredes y los funcionarios municipales, por desacato a la orden judicial que establece un permiso para los trabajadores ambulantes.
Un operativo de fiscalizaciones implementado ayer por el municipio de Puerto Montt, sorprendió a los comerciantes ambulantes de la calle Antonio Varas, quienes fueron notificados que sin permiso vigente no se les permitiría continuar laborando en el lugar.
Junto a personal de Carabineros, los inspectores municipales instaron a los comerciantes a retirarse del centro de la ciudad, quienes se defendieron argumentando que poseen una orden judicial que les permite permanecer en las calles hasta el 24 de diciembre de 2020.
El administrador municipal, Carlos Soto, indicó que las fiscalizaciones se ajustan a la planificación del equipo de rentas y patentes junto a los inspectores, para efectos de asegurar el cumplimiento, no solo de la ordenanza, sino también de las disposiciones legales y administrativas que conlleva esta actividad.
En ese sentido, aseguró que no es efectiva la autorización que posee el comercio informal hasta diciembre, puesto que lo ocurrido se debe a un error en el año señalado en el oficio.
"Debo señalar además que no es efectivo que el comercio ambulante tenga autorización hasta diciembre de este año, por cuanto la ordenanza ya está en régimen y lo que ocurrió fue que se envió de manera errónea a Carabineros un oficio que señalaba como año diciembre de 2020, cuando era diciembre de 2019, cuestión que fue zanjada corrigiendo el plazo efectivo en el oficio. Por lo tanto, no hay validez de extensión de la ordenanza para este año", aseveró Soto.
Acciones legales
La abogada de los comerciantes ambulantes, Orietta Llauca, se hizo presente en el lugar, tras ingresar una acción legal contra el alcalde Gervoy Paredes, y los funcionarios municipales, por desacato a la orden judicial que le fue presentada el pasado 28 de enero.
Adicionalmente, también solicitó que la demanda se remita al Ministerio Público, para que proceda a disponer las detenciones correspondientes, porque se cometió un delito flagrante.
"Se dio a conocer al personal municipal y policial que estaba presente, una situación que ellos ya conocen, que esto se está ventilando en tribunales, que hay un tema de discriminación, además, que ellos pueden cursar infracciones, es su trabajo, ahora que eso sea legal o ilegal es una cuestión que se discute en tribunales, y además se dejó claro que no le pueden quitar las especies, porque eso es parte de su propiedad y eso solamente ocurre cuando hay un delito flagrante así como la detención, y cuando hay una orden judicial que así lo exprese, y ello no ha ocurrido", indicó Llauca.
En cuanto al permiso que poseen los comerciantes, reiteró que es un documento válido, que solo puede ser anulado por los tribunales de justicia, lo cual no ha ocurrido hasta el momento, por lo tanto, regirá aunque la Municipalidad no esté de acuerdo.
"Los actos administrativos, como es el permiso que tienen en este momento los comerciantes, que los autoriza a desempeñar sus funciones a donde están ahora hasta el 24 de diciembre del año 2020, solo puede ser anulado por los tribunales de justicia y eso no ha ocurrido, por lo tanto ese oficio está vigente, más allá de la forma que tenga, lo importante es que ahí se indica un permiso expreso por parte de la Municipalidad y no se ha dictado ninguna resolución judicial que anule ese documento, por lo tanto rige, le guste o no a la Municipalidad", acotó.
Aproximadamente, un 80% de los comerciantes ambulantes de calle Varas son mujeres, y un 60% son mapuche williche, por lo tanto, han pedido a la Municipalidad una solución digna para salir de las calles y ejercer su labor en un área más acorde.
Por ahora, dicen, la feria de Alto Bonito, aún no se encuentra disponible para iniciar labores comerciales.