José Andrés Murillo, director de la Fundación para la Confianza y la seremi de Desarrollo Social, Soraya Said, firmaron un convenio de colaboración, para concretar una alianza entre las dos entidades, con el fin de emprender un trabajo territorial para prevenir el abuso sexual infantil en la Región de Los Lagos.

Murillo fue uno de los denunciantes del sacerdote Fernando Karadima, por abusos sexuales ocurridos en la parroquia El Bosque.

El director de la Fundación para la Confianza es doctor en Filosofía, experto en temática de vulneración de derechos de niños y problemáticas del abuso sexual.

Colaboración

"La Fundación para la Confianza no solo está dedicada a lo punitivo, o a buscar instancias de justicia en el abuso sexual infantil. Nuestro mayor sueño y compromiso es apoyar a las comunidades en mejorar los estándares de derechos de los niños", explica Murillo.

"Llevamos 10 años con las comunidades, con las familias, con las personas que han sido víctimas de abuso, familias y comunidades educativas que necesitan generar acciones de prevención", señala sobre el trabajo de la fundación.

La seremi Said agrega que "estamos asumiendo un trabajo colaborativo con una fundación tremendamente destacada en la prevención del abuso sexual. Tienen un gran trabajo que ya llevan desarrollando por un tiempo y este es un paso más de innovación social. Creemos que es fundamental trabajar con esas líneas, con esas miradas".

La autoridad de Desarrollo Social en Los Lagos enfatiza que "estamos apoyando a su director para que con fondos del Gobierno Regional la Fundación para la Confianza se instale en esta región".

Línea libre

Por último, Murillo dio a conocer que la Fundación para la Confianza cuenta con el teléfono 1515 o Línea Libre "donde todos los niños pueden llamar y ser atendidos por un psicólogo especializado en temáticas infanto-juveniles. Tienen acceso inmediato, especializado, directo, sin intermediarios y gratuito". Funciona desde las 16.00 a las 22.00 horas y también está disponible en aplicación para smartphone .

Alma López

La Asociación de Transportistas de Puerto Montt decidió que no aplicará el descuento en el pasaje a los adultos mayores, cuya implementación fue acordada a partir del 1 de marzo, en respuesta a los constantes levantamientos de partes que califican de "abusivos" por parte de agentes fiscalizadores del Ministerio de Transporte.

El presidente de la Asociación Gremial de Transporte de Pasajeros Urbanos (Agtpu) de la ciudad, Rubén Sáez, explicó que la medida fue tomada en reunión con los agremiados debido a la cantidad de "multas injustas" que impusieron a más de 30 conductores en un solo día, la semana pasada.

"Estamos cansados de estar aportando y aportando plata, habíamos acordado la rebaja en el traslado para los adultos mayores, estábamos dispuestos a hacerlo, pero en vista de que estamos perdiendo tanto dinero, ahora no lo aplicaremos", confirmó.

A sabiendas de que la disposición afectará a las personas de la tercera edad, el vocero se cuestionó "¿Y a nosotros quién nos ayuda?". La propuesta consistía en disminuir de $500 a $300 el pasaje de los adultos mayores.

Sáez acusó además que las fiscalizaciones solo se enfocan en el transporte autorizado y no en el "pirata", es decir, vehículos particulares que no tienen ninguna documentación autorizada por el Ministerio de Transporte. "Está bien que se haga la fiscalización, pero que sea parejo, no hay un criterio para estos operativos, mientras a nosotros nos sancionan, los ilegales circulan libremente y no se trata de una infracción por parte, sino de 3 o 4 en cada levantamiento".

Detalló que, por ejemplo, se registraron penalidades por "patentes borrosas" de los extintores dentro de las unidades "sabiendo que los niños que se suben al transporte las rayan o estas se deterioran con la manipulación".

El representante aseveró que de continuar las sanciones y no concretarse respuestas de la autoridad, irán a una paralización de actividades la próxima semana. "El seremi de transporte que se ponga los pantalones y trabaje, la fiscalización debe hacerse también a los que no tienen ninguna documentación, y si no sirven para hacer su pega, que se vayan".

Supervisión a todos

Por su parte, Nicolás Céspedes, seremi de Transporte, explicó que los procedimientos que se han realizado cumplen los parámetros del plan nacional de fiscalización "que se ejecuta cada cierto tiempo y abarca una cantidad de vehículos, desde buses y vehículos particulares, hasta transportes escolares".

En cuanto al número de sanciones, precisó que podían parecer muchas, "pero es común que los microbuses tengan deficiencias técnicas o de normativas básicas, es parte del plan supervisarlo y es deber del gremio poder cumplir con requerimientos para que la gente se pueda trasladar de forma segura".

Añadió que los operativos incluyen a los particulares que hacen transporte privado y no están registrados en el Ministerio de Transporte, los cuales han sido también multados y sacados de circulación. "Tenemos 18 puntos de control en la ciudad y es cierto que hay bastantes de estos autos, pero estamos trabajando en ello. El año pasado pudimos coordinarnos con colectivos y logramos sacar 200 vehículos de circulación que no cumplían normativas de seguridad ni tenían licencias profesionales".

Apuntó que este año han logrado concretar el 15% de las aplicaciones hechas el año pasado, han implementado 72 amonestaciones y trabajan en un programa con el que cubren más territorio y con horarios por turnos extendidos hasta las 12 o 01 horas.

Sobre la decisión en torno al pasaje de los adultos mayores y la amenaza de paro, el seremi no respondió al anuncio de los microbuseros.