Por más intentos que se hagan periódicamente, para ningún municipio le ha resultado fácil en el país ordenar el fenómeno del comercio ambulante en el centro de las ciudades. Su presencia suele incrementarse cuando las condiciones económicas del país empiezan a deteriorarse, obligando a muchos ex dependientes, apurados por la urgencia de llevar el sustento a su hogar, a aventurarse en la oferta callejera de productos de la más variada índole, además, obviamente, de quienes han hecho de esta actividad su fuente laboral permanente.

La experiencia a lo largo del territorio nacional demuestra que erradicar al comercio informal del sector céntrico es una tarea de largo aliento. Sin la convicción necesaria en torno a la necesidad de recuperar el centro para los peatones y de proteger al comercio establecido -aquel que religiosamente paga los impuestos-, cualquier ordenanza o llamamiento al uso de la fuerza pública no será más que un saludo a la bandera que, después de la espectacularidad de su anuncio y entrada en vigencia, se convertirá en letra muerta. Ha pasado en incontables veces en el país.

Sólo desde esta perspectiva se puede entender el complejo inicio de la ordenanza dictada por el municipio puertomontino, con una serie de señales que en lugar de erradicar al comercio ambulante, ha terminado por pretender su reubicación en concurridos lugares de espacio público, ocupando zonas de seguridad y otorgando un aspecto equívoco para una ciudad que es el destino de muchos turistas. La instalación de carpas es difícil de digerir para quienes quieren ver que se potencie el borde costero, y termina dándole la razón a los enconados críticos del sentido estético de la ciudad.

Ordenar el comercio ambulante requiere de convencimiento, planificación, decisión y, naturalmente, de recursos, a fin de habilitar espacios que no atenten contra la circulación o la seguridad y que dialoguen con una urbe de decidida vocación marítima. Es complejo, por cierto, como toda medida que tenga que aplicarse en una ciudad que se desarrolla al nivel que ha alcanzado Puerto Montt.

Hace unos días, se promulgó la Ley de Protección de Humedales Urbanos, ecosistemas muy vulnerables y que han sido fuertemente intervenidos, principalmente por el desarrollo inmobiliario, y que hoy en día, que sufrimos los efectos el cambio climático, representan una importante fuente de agua y hábitat de muchas especies.

Dado este importante paso para el resguardo de los humedales urbanos, se debe seguir avanzando en el cuidado de todos los humedales, pues si bien en Chile hay más de una docena de humedales protegidos y que han alcanzado la categoría de "Sitios Ramsar", es decir, de importancia internacional, ninguno se encuentra en nuestra región, rica en este tipo de ecosistemas, como son las turberas, importantes reservorios de agua dulce y que lamentablemente han sido muy intervenidos y explotados, causando serios problemas de abastecimiento de agua a muchas comunidades.

Por ello, asegurar la protección de los humedales que poseen rasgos comunes y que no alcanzan la categoría de "Sitios Ramsar", pero que, en su conjunto, sí son relevantes de conservar -debido a los distintos servicios ecosistémicos que brindan a las comunidade-, debe ser el siguiente paso, que se ha ido logrando gracias a la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto que establece normas para asegurar la conservación de los humedales, iniciativa que fue despachada al Senado para su aprobación.

La idea es tutelar los humedales y que todos estos ecosistemas sean considerados de interés público, estableciendo una serie de prohibiciones en torno a la intervención humana y sanciones para quienes las incumplan.

También se contempla el establecimiento de un plan de manejo, que podrá ser desarrollado por las organizaciones regidas por la Ley sobre Asociaciones de Participación Ciudadana en la gestión pública; comunidades reguladas en la ley que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y por organizaciones sin fines de lucro, tales como fundaciones, corporaciones y universidades.

Gabriel Ascencio, diputado por Puerto Montt y Chiloé