El incendio de la Iglesia San Francisco de Ancud es una verdadera tragedia y una pérdida no sólo para el mundo cristiano y la comunidad chilota, sino que para el patrimonio cultural de nuestra región y de nuestro país. La riqueza histórica de este tipo de edificaciones es reconocida en el mundo entero. En un escenario natural con condiciones climáticas tan adversas como las que debemos enfrentar en el sur del país, se levantan estas hermosas construcciones tan características de nuestra tierra y que representan genuinamente la fe y la esperanza de nuestra gente.

Una y otra vez nuestro país se ha levantado ante las dificultades y con el empuje, solidaridad y trabajo de todos, ha sabido afrontar los embates del destino para ponerse de pie. Entre las llamas, hechos cenizas, quedaron objetos de valor incalculable como pinturas, figuras religiosas, etc., reliquias invaluables que en su conjunto se encontraban en vías de ser declaradas "monumento nacional".

Con ilusión nos enteramos de que los planos originales de la obra -que fue construida hace casi 100 años- se encuentran disponibles y es factible poder pensar en su reconstrucción en base a ellos. No tengo dudas de que más temprano que tarde la Iglesia San Francisco volverá a relucir imponente para la alegría de los feligreses y vecinos de Ancud, de Chiloé y de los visitantes de todo el país y del extranjero.

Hace algunos días, junto a todos los diputados de la Región de Los Lagos, transversalmente firmamos una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, en la cual pedimos que disponga la gestión de los recursos técnicos y económicos para su reconstrucción, porque debemos proteger y preservar nuestras riquezas culturales que nos otorgan un sello tan característico y nos distinguen en el mundo entero.

Debemos buscar y fomentar también las alianzas publico-privadas para costear esta inversión. Los instrumentos para lograrlo existen y es relevante que el Gobierno instruya a los ministros de las carteras correspondientes, para en conjunto, trabajar en un proyecto que posibilite la reconstrucción de nuestra Iglesia de San Francisco. No perdamos nunca la esperanza y no dejemos que las adversidades le ganen a nuestra voluntad. Si algo nos ha enseñado la historia es que aunque los tiempos parezcan complejos, trabajando unidos sabremos sortear cualquier adversidad.

Alejandro Santana, diputado por Puerto Montt y Chiloé

Si bien hace unas dos o tres décadas era prácticamente marginal el debate sobre el deterioro que venía sufriendo el medio ambiente a nivel mundial, hoy ya está aceptado, salvo peculiares excepciones, que el cambio climático es una realidad y que la humanidad, de no mediar transformaciones significativas en lo social y lo económico, se verá sometida a un punto en que su propia supervivencia se verá en peligro. Hoy por hoy, el cuidado de cualquier entorno pródigo de una rica flora y fauna ha adquirido una importancia capital que no hay duda continuará incrementándose, en la medida que el planeta sea cada vez más escenario de calamidades como incendios forestales, inundaciones y avance de la desertificación.

En este sentido, la reciente promulgación de la Ley de Protección de Humedales Urbanos en el país constituye un muy positivo paso en la protección de lugares que aunque estén situados en zonas urbanas, son verdaderos reservóreos de una rica diversidad que hay que cuidar. Esta nueva normativa tiene una particular trascendencia para los puertomontinos, habida cuenta del episodio vivido hace pocos años en torno al humedal Llantén, en el sector de Valle Volcanes, que sufrió un evidente perjuicio por un proyecto inmobiliario que a falta de una ley específica como esta, puso en peligro a la numerosa avifauna del terreno.

Además de las obligaciones que le competen por su naturaleza al Ministerio de Medio Ambiente, la Ley de Protección de Humedales Urbanos busca cautelar la preservación de estos sitios a través de la entrega de mayores atribuciones a los municipios. Ellos habrán de dictar las necesarias ordenanzas que identificarán los humedales y, por cierto, obligarán a un mayor cuidado, delimitando claramente los límites de cualquier actividad que ponga en riesgo su mantención.

La nueva ley viene a hacerse cargo de una sentida demanda de varias organizaciones sociales de Puerto Montt y Chiloé que venían advirtiendo de los daños producidos a los humedales. Ahora es el turno de los municipios para que avance cuanto antes con las regulaciones específicas en sus áreas de competencia.