Ajustada a la legalidad fue declarada por la titular del Juzgado de Garantía de Ancud, María Angélica Isla, la detención de un joven de 24 años por su presunta responsabilidad en el incendio que destruyó la Iglesia San Francisco de Ancud.

El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública debatieron la mañana de ayer en el marco de la audiencia de control de captura del ancuditano que presenta antecedentes por daños a edificios gubernamentales en Valparaíso, en la región del mismo nombre.

La aprehensión de chilote se produjo alrededor de las 19 horas del miércoles a partir de las pesquisas instruidas por el ente persecutor a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) local y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de Puerto Montt, de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al levantamiento de vestimentas detectadas en el sitio del incendio, se sumó el allanamiento al domicilio del imputado identificado como D.C.V., desde donde se levantaron algunos artículos personales, todo anteayer.

Javier Calisto, fiscal jefe del Ministerio Público de Ancud, luego de justificar los medios para el apresamiento, solicitó ayer una ampliación de la detención del joven en un día, antes de formalizar la investigación.

"Es un caso complejo y grave, necesitamos informes complementarios, eso se había anticipado, por eso vino el laboratorio de la PDI, ellos también necesitan su tiempo para emitir sus informes; en todo caso, lo que se pide de ampliación es breve, son 24 horas", recalcó el abogado.

Calisto reveló que los antecedentes preliminares vinculan fehacientemente al aprendido con el siniestro. Sumó que "también esta ampliación tiene que ver con completar la carpeta investigativa lo más posible, para poder proceder a formalizar, a pedir las medidas que correspondan y dar la opción a la defensa para que vea esos antecedentes".

Defensa

Como contraparte, el abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos, Humberto Ramírez, basó sus argumentos a partir de la condición de inimputabilidad que podría tener su cliente.

"Tenemos antecedentes que permiten presumir que mi representado eventualmente puede ser inimputable, más allá no puedo señalar porque se va a exponer el informe con el cual contamos de la persona que lo trata", vislumbró el defensor.

Ramírez anticipó que invocará el artículo 458 del Código Procesal Penal para que sea suspendido el procedimiento, a fin de que el joven sea sometido a un informe psiquiátrico que establezca si es imputable o no frente a los hechos que se le imputan, "más allá de todos los argumentos que vamos a sostener respecto a la acreditación de la participación", acotó.

La audiencia de formalización de la investigación se realizaría hoy a las 12.30 horas en el Juzgado de Garantía de Ancud.

A la espera de lo anterior, el joven quedó bajo la custodia de personal de Gendarmería de Chile en el Centro de Detención Preventiva del norte de la Isla.

Luis Contreras

El daño patrimonial y el duro golpe al mundo católico que dejó la destrucción de la Iglesia San Francisco de Ancud, llevó a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, a avalar el diseño de un plan de riesgo para el resto de templos de valor excepcional de Chiloé.

La secretaria de Estado que permaneció por espacio de dos días en Ancud, junto con reunirse con las autoridades políticas y eclesiásticas, constató las ruinas dejadas por el gigantesco incendio.

Si bien comprometió la reconstrucción del devastado Monumento Nacional, Valdés vio la necesidad de implementar un plan que proteja no solo a las 16 iglesias Patrimonio de la Humanidad, sino que también al resto de los templos de la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera del sur de la Región de Los Lagos, sobre todo en aquellos que presentan mayor grado de deterioro.

La autoridad expuso la iniciativa durante una reunión de trabajo realizada ayer en el Museo Regional de Ancud en que estuvieron el intendente regional, Harry Jürgensen; el gobernador de Chiloé, Fernando Bórquez, y el equipo técnico de la propia cartera ministerial.

Valdés dijo en este sentido que "tenemos un plan de riesgo, de prevención de riesgo para el resto de las iglesias de la Isla, empezando por las 16 iglesias patrimoniales declaradas por la Unesco y otras que están en estado de precariedad".

"Estamos hablando de hacer pronto un plan de riesgo, una capacitación en las comunidades, un diagnóstico del estado de las iglesias respecto a sus insumos, reparación para atender y reaccionar ante eventos que puedan comprometer su integridad física", apuntó la personera de Gobierno.

Fundación

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé, Patricio Alvarez, destacó la importancia de impulsar un plan de protección a favor de los diferentes templos chilotes.

Hasta antes del incendio del templo ancuditano existían 152 iglesias de madera entre Chiloé y Chaitén, en Palena, con la mayoría de los edificios ubicados en el Archipiélago.

El directivo en alusión a la propuesta ministerial opinó que "se trata de un primer paso importante, valorar en cierta forma el plan de riesgo, es necesario para abordar el tema de las iglesias de Chiloé que viven en permanente riesgo".

"Tenemos un patrimonio absolutamente vulnerable al tema de los incendios y creo que el plan es positivo porque en general la acción del Estado solo se ha concentrado en las 16 iglesias Patrimonio de la Humanidad y, por lo tanto, se dejaban afuera todas las otras iglesias", enfatizó en clara alusión a la San Francisco de Ancud.

El representante de la fundación enfatizó acerca de la necesidad de que este tipo de planes de riesgo sean complementados con la asignación de recursos económicos. Al respecto, subrayó que los primeros pasos para diseñar este programa "consisten en capacitar a las comunidades, coordinar con los cuerpos de Bomberos, algunos municipios van a prestar colaboración en la instalación de cámaras, por ejemplo, en las cuales sean posibles".

Esta etapa que partiría en febrero será encabezada por la Gobernación Provincial de Chiloé.

Por la otra vía actuarán la Fundación de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé con la Diócesis San Carlos de Ancud. Ambas instituciones apuntarán un trabajo en estrecha colaboración con los sacerdotes y las comunidades católicas representadas por sus fiscales o encargados de las capillas.

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