Qué duda cabe que a dos meses del estallidos social no hemos tenido a un gobierno a la altura de este momento histórico y a un presidente que una vez más privilegió sus negocios, sus miles de millones, por sobre los intereses de sus compatriotas.
Es que en momentos en que se necesitan muchos recursos públicos para financiar la agenda social, para entregar dignidad a los adultos mayores y mejorar sus pensiones, para mejorar los sueldos; en momento en que se necesita aumentar los impuestos a los más ricos para financiar estos y otros imperativos que la sociedad demanda al Estado y atacar nuestra obscena desigualdad, el Presidente Piñera, a través de empresas que no se encuentran bajo fideicomiso ciego, sigue sacando dineros al extranjero, y más grave aún, a paraísos fiscales, que como el mismo ha señalado, se usan para no pagar impuestos.
Ese es el estándar de la primera autoridad, que suele sucumbir ante su incontinencia bursátil, como alguien dijo por ahí, cayendo incluso en chanchullos que bordean la picantería, como el no pagar por 30 años contribuciones en una casa de veraneo que tiene en Caburgua, por lo que tristemente el mandatario se ha convertido en el símbolo de estos abusos de poder y conflictos de intereses, que han llevado a la ciudadanía a manifestarse a lo largo de todo el país en el último tiempo.
Por ello, además de pedir las fiscalizaciones correspondientes sobre los miles de millones que la familia Piñera Morel habría sacado del país para evadir el pago de impuestos, he resuelto presentar una reforma legal para que no puedan acceder a cargos públicos quienes mantengan platas en paraísos fiscales y que elijan entre sus negocios o el servicio público.
También, junto a otros parlamentarios, hemos solicitado una comisión investigadora para indagar sobre posibles traspasos de dinero por parte de Sebastián Piñera y su familia a estos paraísos fiscales, que como se sabe, es sólo uno de los tantos movimientos reprochables a lo largo de su vida empresarial - presidencial.
Gabriel Ascencio Mansilla.