Desde este mismo espacio señalé hace un tiempo que el acceso al agua es un derecho humano irrenunciable y en esa lógica, por una semana y media la empresa sanitaria Essal vulneró los derechos humanos de 200 mil personas de Osorno y lo hizo a la vista de todos: mintiendo y ocultando información; lo hizo además ante autoridades de los más diversos rangos, incluido el Presidente, haciendo aún más impresentable esta tragedia que ella misma provocó.

Pero esta no es la única negligencia que Essal ha cometido, pues a la fecha acumula 85 procesos sancionatorios, como la contaminación del lago Llanquihue en el año 2017 y este año en la bahía de Ancud, donde también arrojó aguas servidas sin ser tratadas; o sea, Essal tiene un amplio prontuario de fallas, negligencias y mal servicio, por lo que solicité en La Moneda al Presidente que debido a este historial de fallas y problemas que ha tenido en las diversas comunas en que opera en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, se le caduque la concesión respectiva.

La ley de Servicios Sanitarios permite a la autoridad caducar la concesión de una empresa que incumple la normativa. En uno de sus artículos establece que el Presidente de la República lo puede hacer sobre la base de un informe técnico, elaborado por la entidad normativa que dé cuenta de todos los incumplimientos, negligencias y fallas de la empresa, o sea, de todas las condiciones del servicio suministrado que no corresponden a las exigencias establecidas en la ley.

En el año 2003, el Presidente Ricardo Lagos dio por caducada la concesión a la Empresa Aguacor, en Coronel, por problemas en la prestación del servicio y el año 2012, el Presidente Sebastián Piñera caducó la concesión de la Empresa de Agua Potable Los Molles, de la Ligua, lo que demuestra que es posible caducar la concesión a Essal, por el mal servicio que presta, por su largo historial de multas y sanciones y por su ineptitud para solucionar un problema que ella misma generó, afectando a miles de hogares osorninos.

Gabriel Ascencio Mansilla. Diputado distrito 26, Región de Los Lagos. Demócrata cristiano.

La vida en el campo no es fácil. Por más que se idealice, es un mundo mucho más duro de lo que se cree. Y eso lo sabe muy bien la profesora jubilada Eliana Quijada, quien denunció la matanza de todo el ganado que tenía. Eran 17 ovejas preñadas, avaluadas en más de un millón 200 mil pesos. Los responsables de esta verdadera tragedia para la economía de la mujer y su familia son una jauría de perros asilvestrados, canes que aniquilaron el patrimonio de la docente en retiro.

Según su relato, reproducido recientemente por este Diario, estos animales tienen un comportamiento sumamente destructivo: "Vivo en el campo hace más de cuarenta años y antes esto no pasaba. Si bien venía el puma, se comía uno o dos ovejas para alimentarse. No había este tremendo daño".

Pese a lo desalentador que significa la pérdida de sus ovejas, lo que más preocupa es su nula esperanza en que se resuelva el problema: "¿A quién le voy a reclamar? La solución sería eliminar los perros, pero nos arriesgamos a denuncias y demandas, tal como le ocurrió a un vecino".

La existencia de estas jaurías caninas tiene directa relación con la escasa conciencia de algunos dueños de perros, quienes abandonan cachorros en sectores rurales, como si de esa manera se acabara el problema. En ningún caso ocurre eso y he ahí la relevancia del testimonio de la señora Quijada. Hoy urge más que nunca invertir no sólo en esterilizaciones, sino también en la educación necesaria para que seamos verdaderamente conscientes del foco de peligro que podría estar deambulando.

Hace algunas semanas El Mercurio de Calama informaba en sus páginas un caso horrendo, donde un peatón fue salvajemente atacado por una "jauría urbana", perdiendo el hombre parte de sus orejas. ¿Esperaremos a que el problema tome esos ribetes en nuestra provincia? Ojalá que no. Años atrás ya se debatió respecto a la pertinencia de permitir la caza de perros asilvestrados, como una forma de combatir en forma directa este problema. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura suspendió en 2014 un decreto que declaraba como "dañinas" las jaurías de perros asilvestrados y que dejaba la puerta abierta para que puedan ser cazados, bajo la excusa de que era necesaria una discusión ciudadana al respecto. ¿Qué ha pasado hasta hoy? Creemos que no lo suficiente.

Llegó la hora de abrir una discusión seria, donde la ciudadanía informada, las agrupaciones animalistas y la comunidad científica entreguen sus argumentos en pos de conseguir soluciones en el corto, mediano y largo plazo.