¿Dónde van los expulsados?
Luego de conocer el proyecto de ley 'Aula Segura', que se encuentra impulsando el Ministerio de Educación, creo que ninguna persona, en su sano juicio, podría avalar la violencia contra los actores que participan de la comunidad estudiantil. Menos aún, que sujetos destruyan las instalaciones públicas que pertenecen al Estado de Chile.
La medida que el gobierno espera sea aprobada por el poder legislativo, pretende la expulsión inmediata y cancelación de matrícula de aquellos estudiantes que "hagan uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas prohibidos por ley; agresiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimento". Lo anterior, entregándoles facultades a los rectores y/o directores de colegios, para que en un plazo de 5 días adopten medidas.
Al respecto, será el Ministerio de Educación quien tendrá la responsabilidad de reubicar al estudiante que ha infringido la ley, entregándole las acciones de apoyo necesarias. Es aquí donde surge la interrogante: ¿Cuáles serán esas acciones que se brindarán? ¿En qué establecimientos serán reubicados los estudiantes infractores? Creo que es necesario conocer estas respuestas, en el entendido que más allá del daño ocasionado, también se vele por un acompañamiento efectivo de estos jóvenes que serán trasladados a otros centros educacionales. Es muy probable que sean estudiantes que tengan alguna resistencia por el sistema educativo chileno, que sería interesante indagar a través de ciertos especialistas como: psicólogos, sociólogos, profesores, entre otros profesionales que colaboren con esta intranquilidad que los aqueja.
Hay que entender que problemas sociales de este tipo son de responsabilidad del Estado y del gobierno de turno, pero no se solucionan con un decreto de ley. Además, hay que escuchar, dialogar y llegar a acuerdos, como la sociedad democrática que somos. En nuestro país, las acciones de maltrato y menoscabo hacia los Derechos Humanos, no se pueden permitir. La escuela y quienes trabajan en ella, son el fiel reflejo de la formación para la vida de los chilenos y resulta ilógico que sujetos externos a ella la destruyan sin justificación alguna.
Por ahora, tendremos que esperar si esta ley será o no aprobada, sólo así se harán evidentes sus resultados y acciones frente a los estudiantes que produzcan violencia, pero que, a la vez, recibirán una suerte de apoyo reubicándolos en otras comunidades educativas.
CARLOS GUAJARDO. Académico de Facultad de Educación U. Central.
Conducta estudiantil
Recientemente, un carabinero fue pateado en el suelo por estudiantes en el Internado Barros Arana, resultando policontuso.
Poco después, en la Universidad Metropolitana, fue detenida por Carabineros una profesora de allí, sorprendida lanzando artefactos incendiarios, en el marco de desórdenes en el sector.
Ambos casos -al igual que situaciones similares precedentes- son delitos graves, impropios de una sociedad civilizada.
Son impostergables medidas para lograr que en el ámbito escolar y universitario, haya debido respeto en la conducta estudiantil.
PATRICIO FARREN CORNEJO.
Bomberos y sus ingresos
Amigos puertomontinos, ustedes supongo que están de acuerdo en que nuestro Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt salga con rifas y campañas extras, para reunir los fondos necesarios para mantener y renovar todos sus implementos, para así estar preparados e ir en ayuda y auxilios de nosotros mismos.
Propongo, seriamente, a nuestras autoridades y en especial a Sr. Alcalde don Gervoy Paredes, para que gestione la entrega de la administración e ingresos totales de todos los parquímetros a nuestros bomberos.
Seguro que estarán de acuerdo y apoyarán esta idea.
MARIANO GONZÁLEZ RIQUELME.
Sonapesca y empleos
¿Dónde están los 80 mil empleos que el presidente de Sonapesca señala que se verán afectados por cambios a la Ley de Pesca y la aprobación en el Senado del proyecto que elimina la pesca de arrastre para la captura de la Jibia?
Lo cierto es que, según la información oficial de la Superintendencia de Pensiones (30 de junio de 2018), el total de trabajadores del sector pesquero industrial es de 23.358, incluida la acuicultura (salmones y otros recursos en cautiverio). De ellos, más de la mitad pertenece a esta última área, la cual no se ve afectada por estas problemáticas.
Algo huele mal.
¿No sólo habría pesca y harina ilegal, sino que también trabajos ilegales?
JUAN MONTENEGRO. Presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes).