Control de velocidad
Con motivo de la reducción de velocidad acordada por el Congreso, de 60 a 50 kilómetros en los sectores urbanos de las ciudades, se ha desatado una verdadera caza de brujas de parte de Carabineros en contra de los automovilistas y de quienes manejan un vehículo motorizado; con gran complacencia, me imagino, de nuestra autoridad edilicia que ve incrementados sus fondos de manera extraordinaria. Entiendo que esta nueva medida debe ser aplicada a todo lo largo de nuestro país.
Sin embargo, las municipalidades quedan facultadas para modificar esta disposición, conforme a las conveniencias de algunos sectores de la ciudad. En Puerto Montt, tenemos algunos sectores como la avenida Juan Soler Manfredini, camino a Pelluco; la avenida que conecta el Hospital Regional con el camino a Pelluco y algunas otras que sería fácil determinar. He leído que ya se han levantado voces pidiendo la anulación de esta medida, por los problemas que está causando con la formación de tacos y que, por otra parte, no ha significado una disminución notable en cuanto a accidentes se trata.
Tal vez, podría se de utilidad que la Municipalidad hiciera una encuesta para conocer la opinión de quienes, además de cancelar la licencia de conducir, el permiso de circulación, el alza de los combustibles y encima multas por transitar a mas de 50 kms. Cifras que no son nada despreciables para bien de la comunidad.
ALDO FORNO BAS.
Delitos graves e investigación
Nadie discute la facultad de los fiscales de elegir con qué policía investigar, pero llama fuertemente la atención que Fiscales opten por la inmediatez investigativa y no por la seguridad investigativa. Asimismo, es extraño que fiscales a los días siguientes de ocurridos delitos graves o trascendentes, soliciten a la PDI, pero para los Detectives es esencial el trabajo del sitio de suceso, ya que bien trabajado puede orientar la línea investigativa a emplear.
En todo el país, la PDI a través de sus Brigadas Investigadoras de Robos, ha resuelto una multiplicidad de delitos graves y que principalmente han afectado a empresas, retail u otros. Por lo mismo, es extraño que en el robo a una tienda de alto costa en Las Condes, no se haya solicitado la presencia de Detectives.
El sitio de suceso habla, su lenguaje lo entienden los Detectives y por lo mismo es esencial que los fiscales entiendan porqué el ejecutivo quiere separar la función preventiva de la investigativa y que significa que Carabineros se enfoque en la prevención de delitos y la PDI en la investigación de los mismos.
ALBERTO CONTRERAS SILVA.
La CUT e incumplimientos
La CUT Provincial Llanquihue y su Departamento Marítimo, estamos alarmados por el nivel de engaño del que hemos sido objeto por parte de las autoridades, especialmente marítima, ya que aún existen elementos tóxicos del buque Seikongen en la gabarra Yagarfina, que fueron retirados al comienzo de las operaciones de reflotamiento y guardados para su posterior vertimiento, y se encuentran en la bahía Pilpilehue.
Tampoco se ha dado cumplimiento al compromiso de dejar limpio todo el sector del desastre ambiental. ¿Cuándo y dónde se descargarán estas toneladas de materia podrida? ¿Por qué no se ha informado de este hecho a la opinión pública?
El constante ocultamiento de sucesos graves, como norma de conducta, de la Autoridad Marítima nos lleva a sospechar, con sólidos fundamentos, que el fallecimiento del piloto a bordo de una nave de la empresa Detroit por atragantamiento "de un pedazo de carne" tiene como antecedentes una práctica generalizada de que el contrato de embarco no se encontraba regularizado, ya que se espera el último momento para designarles un buque que esté por zarpar. Mientras tanto, el personal embarcado es paseado de barco en barco para cumplir diversas funciones, sin la cobertura de seguros y otros beneficios de apoyo frente a eventuales accidentes, en clara contravención a los convenios internacionales de la OIT, aceptados por nuestro país.
Todas estas vulneraciones se ven favorecidas por cuanto la Autoridad Marítima facilita el embarco y zarpe de la nave por vía Internet, sin verificar la realidad de los hechos informados por el armador.
Tampoco la Directemar, como servicio público que fiscaliza y sanciona, ha toma medidas en contra del infractor o defraudador de la verdad, que vendrían siendo el armador, jefe de flota u otro ejecutivo de la naviera desde donde emanan las ordenes de vulneración a la legislación vigente.
El personal marítimo de cabotaje está quedando muy postergado, más aún han retrocedido de los pequeños avances en derechos laborales y trato digno a los trabajadores, pues como hemos ido demostrando caso a caso que la Autoridad Marítima actúa con favoritismo hacia algunos navieros.
JOSÉ PACHECO SÁNCHEZ. Presidente CUT Provincial de Llanquihue.
