"Seré más prudente en mis dichos".
Iván Moreira, senador de la República por conflictos con personeros del oficialismo, entre ellos, el presidente regional de RN, Alejandro Santana.
"Esto significa una pena alta y una protección a la sociedad".
Aylin Schoroeder, hija del agricultor que fue desmembrado en Chamiza, luego de conocerse el veredicto condenatorio en contra de los dos acusados.
Después de un año en que la crisis asiática y la acusación por dumping ha frenado el rubro salmonero, la industria proyecto que 1998 será un mejor periodo. Ello se debe a que el mercado internacional estaría proyectando un favorable escenario, puesto que los precios de la proteína irían al alza.
El reportaje de TVN "Las dudas sobre el caso de Nabila Rifo" (2017) no sólo terminó exponiendo una investigación pobre para condenar a Mauricio Ortega, "expertos" como Vivian Bustos que intentaron patéticamente de tapar la cámara con una bolsa ante las consultas sobre su irresponsabilidad a la hora de afirmar -contra los peritajes de Labocar- la culpabilidad del imputado.
También mostró que el tribunal, contra las afirmaciones de testigos directos y las pruebas de ADN que mostraban a un atacante desconocido, no permitió que la víctima respondiera preguntas directas, para no "ofenderla". Así condenaron a la persona. Y en TVN, Paulina de Allende, valientemente, cuestionó el ambiente que envolvía el caso, las flaquezas manifiestas de los procedimientos y planteó la pregunta: ¿cómo puede ofender a alguien buscar la verdad?, exponiendo la pobreza institucional que, Dios nos libre, puede terminar afectando a cualquiera de nosotros el día de mañana.
En un giro atentatorio a la libertad de expresión y abusando de su poder administrativo, el CNTV -el mismo que nunca ha censurado programas infantiles llenos de violencia-, adoptó la misma postura populista y a partir de los reclamos recibidos decidió que había que sancionar a Informe Especial con 100 UTM de multa ($4.669.200 hoy).
Lo que significa que funcionarios públicos del CNTV, más allá de la Constitución, son los que deciden en definitiva lo que los periodistas pueden emitir o comunicar o, en su extensión, lo que está permitido mostrar al público, que queda restringido de ver contenidos. En plena democracia, estos funcionarios públicos, encabezados por Óscar Reyes, nos devuelven a la época de la Dinacos.
Y esta gente, con una ignorancia abismante, no sabe que los periodistas están justamente para "ofender": lo hicieron para la corrupción del MOP Gate, para el "davilazo", para los sobresueldos, para el actual robo en Carabineros, para las torturas y desapariciones de personas o para el caso Huenante, entre otros. Como el CNTV se excedió, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la sanción aplicada y descartó sensacionalismo o truculencia de la estación televisiva. En tanto, me parece exigible que este ataque a un medio de comunicación y a una colega tenga de parte de alguno de nuestros parlamentarios la búsqueda de responsabilidades en el CNTV, hoy convertidos en representantes del oscurantismo interesado e ignorancia. La prensa debe ser libre. Si alguien se ofende, están los tribunales.
Sergio Velásquez Aros, presidente Colegio Periodistas Región de Los Lagos
Con el tercer envío vía aérea de vaquillas vivas para producción lechera, se completó el compromiso de Cooprinsem con el Ministerio de Ganadería de Ecuador, para despachar a ese país un total de 840 animales. El embarque se produjo en el Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, donde los bovinos llegaron en cinco camiones.
El presidente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, Hernán Monckeberg, declaró que se iniciarán este año los trabajos correspondientes al Liceo de Niñas, Escuela Industrial y la Escuela 7. La autoridad educacional sostuvo para estos efectos una serie de reuniones en la ciudad puerto.
En el marco de la inauguración del año académico del Doctorado de Ciencias Sociales y Estudios Territoriales de la Universidad de Los Lagos, se presentaron los resultados de un proyecto Fondecyt en torno a "Lo que los conflictos producen", del cual se puede concluir, que pese a las intensas demandas sociales de los movimientos, las soluciones o respuestas del Estado son más bien débiles o no representan lo que ellos hubiesen esperado.
La investigación responde a un catastro nacional de 101 conflictos en el periodo 2005-2014 y cuatro estudios de casos puntuales: San José de Maipo, Panguipulli, Huasco y Chiloé, asociado al conflicto por la marea roja en 2016.
Las cifras respecto de este último caso revelan que el 25% de la población dice haber participado de distintas maneras en las manifestaciones de 2016; lo que no es poco. Porque habla del grado de compromiso que tuvo la comunidad chilota con la causa; pero al mismo tiempo, se deja entrever la frustración que siente esa misma población con las soluciones post marea roja, que no se condicen -estiman- con el movimiento impulsado.
"Consideran que la oposición a las salmoneras se debió a su impacto contaminante y valoran positivamente el rol de los medios de comunicación y las organizaciones sociales durante el conflicto. Todas las demás instituciones quedaron al debe, menos de 50% de valoración positiva de su rol", comenta Gonzalo Delamaza, académico del Centro de Estudios del Desarrollo Regional, Ceder.
El estudio no profundiza en las causas de la escasa respuesta estatal, pero refleja una realidad, que las autoridades regionales o las empresas salmoneras, por ejemplo, deben tener en cuenta; porque evidencian una sensación ambiente que, perfectamente se podría extrapolar a futuros conflictos. Ahora si ahondamos en la razones, podríamos encontrar respuesta en el centralismo que sufrimos en todo ámbito, y que requiere una mirada regional distinta para hacer frente a este nuevo trato que necesariamente se debe dar, entre la autoridad y la ciudadanía, que está cada vez más empoderada y que requiere respuestas más de fondo y con sentido de realidad local, y no directrices estandarizadas, que intentan solucionar conflictos con el mismo modelo en Huasco que en Chiloé.