Carlos Véjar Davis
Una de las preocupaciones, por estos días, del senador UDI Iván Moreira, tiene que ver con que no se concreten los "amarres" que según información que dice manejar se podrían materializar en el Gobierno Regional.
Por eso, pidió reunirse con el intendente Leonardo de la Prida. Su idea es que se cumpla lo prometido por el jefe regional, de que el 11 de marzo quedarán disponibles para el nuevo gobierno, el de Sebastián Piñera, todos los cargos que corresponden.
"Siempre he dicho que puedo dar fe, que el intendente, independiente de nuestras diferencias, ha sido un hombre correcto y por eso va actuar de la misma forma en la entrega del gobierno al intendente que designe el Presidente. No tengo duda que esta entrega será ejemplar y eso hay que destacarlo", reflexiona.
Moreira confía en su palabra, pues considera a De la Prida un caballero; pero teme que no pueda hacer nada ante presiones mayores para instalar personas identificadas con el gobierno e ideas de Michelle Bachelet y no del nuevo Mandatario.
Su reclamo es similar al realizado hace unos días por el diputado del mismo partido, Felipe de Mussy, quien recibió la respuesta de la Anef y del intendente, respecto a solicitar respeto por los funcionarios del Gore.
Sin embargo, Moreira refuerza lo expuesto por De Mussy y alega que ha recibido información respecto a la existencia de lobby para dejar "amarras".
A los funcionarios públicos los llama a estar tranquilos y seguir realizando su trabajo de la mejor manera, por cuanto "Chile Vamos, a diferencia de la Nueva Mayoría, no llegará con la retroexcavadora".
Aunque -advierte- que igual tienen pensado ocuparla para el caso de los operadores políticos que queden "amarrados" y contra quienes "van a cobrar el cheque. Les pediremos renuncias, con mayúsculas, a todos operadores políticos que quedaron amarrados", subraya.
Por eso, a De la Prida le solicitó, de manera formal, que cuando restan 60 días de gobierno no se nombren a última hora cargos que queden en tal condición. "Él me informó que darán cumplimiento a las instrucciones dadas por la Presidenta Michelle Bachelet, de que no realizarán nombramientos en este período. Me dio la tranquilidad de que ello no ocurrirá", apuntó.
Moreira -además- hace un paréntesis en el caso de los jefes regionales de servicios, dado que la mayoría accedió a sus cargos a través de la Alta Dirección Pública y por lo mismo si tienen que hacer cambios, se realizarán acorde a la ley que establece una resolución fundada para llamar nuevamente a concurso en un plazo de seis meses.
"Obviamente, estarán en sus cargos un tiempos más y mientras, fundadamente, se pidan renuncias y en segundo lugar, se proceda en un plazo no mayor a seis meses de desarrollar un concurso", anota.
Además, explica que como reemplazo de quienes se les solicitó la renuncia, asumirán como subrogante "los funcionarios de planta que estén después (jefe de servicio)".
En todo caso, Moreira estima que para producirse las salidas tiene que existir una evaluación del ministro respectivo.
Por eso, acusa que "la Nueva Mayoría, durante un tiempo, tendrá la mitad del gobierno, dado que todos quienes fueron designados en estos cargos, previo concurso, curiosamente son todos de la Nueva Mayoría".
Moreira dice, además, que los nombres propuestos al Presidente "son profesionales con experiencia, sensibilidad social y política, para buscar un perfil que complemente los requerimiento que él desea en su gobierno".
Junto con ello, sentencia que la idea es que estas autoridades sean funcionales al Presidente y no a los parlamentarios, alcaldes o consejeros regionales, ni menos pretendan usar dicha plataforma para aspiraciones políticas personales.