Fernández afirma que el Gobierno espera "sanciones" para ex frentista
REACCIÓN. El ministro del Interior afirmó que a La Moneda "le interesa" que los procesos lleguen a juzgarse.
El ministro del Interior, Mario Fernández, sostuvo ayer una reunión con el subsecretario de esa cartera, Mahmud Aleuy, y la cúpula de la PDI, sobre los detalles de la detención en México de Raúl Escobar Poblete. El jefe de gabinete aseguró que esto es una acción del "Gobierno de Chile", y que "desde luego (el Gobierno) está interesado en que todos los asuntos que están bajo proceso en este país tengan el juzgamiento que corresponde y las sanciones que merecen".
Los procedimientos
El juez a cargo del caso, agregó el jefe de gabinete, "determinará una serie de procedimientos que son necesarios para que tenga lugar una solicitud de extradición". Según Fernández, esos procedimientos provienen de "la vigencia del antiguo sistema procesal penal", pero también por el tratado de extradición que Chile firmó con México. "Los tratados son parecidos pero no iguales, por lo tanto, debe sujetarse al tratado vigente con México", agregó la autoridad.
"Eso es lo que se indicará a través de los primeros pasos que debe dar el tribunal. Por lo tanto, el juez Carroza tiene la palabra en los primeros pasos sobre esto antes de verificarse la tramitación", agregó el secretario de Estado.
De todos modos, agregó, el camino concreto que seguiría el caso sería que Escobar Poblete en primera instancia será procesado de acuerdo a las leyes mexicanas y después será juzgado en el país.
Fernández explicó que el "Comandante Emilio" fue detenido en México por "el delito de secuestro y portaba una identidad distinta. Por lo tanto una vez hubo sospechas de parte de la policía mexicana. Hubo un intercambio de informaciones entre la policía de acá y se logró corroborar la identidad de él".
En marzo de este año la UDI reactivó las gestiones para lograr la extradición de Galvarino Apablaza, sindicado como otro de los autores del asesinato, y quien se encuentra en Argentina en condición de "refugiado político".
Lo anterior, como parte de las tratativas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el gremialismo recurrió para buscar una salida amistosa con el Gobierno transandino.