El fin de semana que acaba de pasar ha sido de dolor e importancia en gran parte de nuestro país. Los incendios que han consumido cientos de miles de hectáreas principalmente entre las regiones de Valparaíso y del Biobío nos llevan a lamentar la pérdida de la flora y fauna que allí habita, pero también a cuestionarnos quiénes son los responsables de tal tragedia

Como sabemos, los bosques que año a año se queman en Chile -y vaya que en la Región de Los Lagos sabemos de eso- son de responsabilidad del hombre en la mayoría de los casos. Si no son intencionales son por descuidos o negligencia de los propios seres humanos, inconscientes del daño que provocan. En este caso se debe agregar un factor importante: se habla de tendido eléctrico en desuso que provocaría también el fuego.

Por televisión los chilenos lloran por los terrenos arrasados, cientos y miles de compatriotas acuden al lugar de la emergencia como brigadistas, bomberos, militares, autoridades o simples voluntarios, pero ¿qué pasa con aquellos que provocan todos estos siniestros? ¿Existen las persecuciones y castigos necesarios que impidan o eviten estas situaciones?

Más allá de eso y con la imposibilidad de confiarnos de que los delincuentes que provocan estos incendios cambien o que las empresas eléctricas de todo el país tengan una real propuesta preventiva ¿cómo nos preparamos para evitar que situaciones como las que se viven en Pumanque o Florida se repitan en la Provincia de Llanquihue?

Con experiencias traumáticas en los años anteriores, que nos tuvo con crisis de humo hasta el mes de marzo, hoy por hoy son diversas las medidas que se han implementado para, principalmente, desterrar de nuestros espacios el temido chacay. No obstante lo anterior, es importante entender que esto no es solo tarea de las autoridades, sino que de todos los ciudadanos, cuidando nuestros espacios, evitando hacer fogatas donde no corresponde y velando también porque otros cumplan estas condiciones. Colaboramos proponiendo, pero también denunciando.

Abraham Lincoln se le atribuye la frase: "Puedes engañar a todas las personas por un tiempo y algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo".

A la luz de los últimos acontecimientos que hemos conocido en torno a la reforma a la educación superior, hay tres que destacamos parafraseando a Lincoln: En educación superior es imposible engañar todo el tiempo.

El primero de estos acontecimientos es la demanda que la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) interpuso en contra del Estado de Chile por la supresión de los aportes fiscales indirectos (AFI) en el presupuesto fiscal de 2017. El segundo de los acontecimientos radica en las críticas surgidas al video que difundió el Consorcio de Universidades Estatales (CUECH) por el sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE). Y el tercero es la fuerte aparición de la Contraloría General de la República por la abstención en la toma de razón de los estatutos de las Universidades de O'Higgins y Aysén.

Acerca del primer acontecimiento, el portal institucional de la PUC textualmente dice: "Se presentó una acción judicial ante los tribunales civiles. Se trata de una demanda de la UC contra el Estado por incumplimiento de la ley en relación con la norma que establece la obligación de otorgar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a las instituciones de educación superior. El objetivo principal es hacer presente el incumplimiento de la ley, no sacar ventajas económicas. No hay precedentes de una acción legal igual a ésta en otras universidades de Chile ni el mundo".

Para el segundo acontecimiento, dentro de las críticas al video de creación intelectual del CUECH, llama poderosamente la atención la carta que firmaron cinco ex presidentes de federaciones de estudiantes de universidades estatales y privadas. La clave de esa carta es la siguiente: "[…] es preocupante ver que instituciones llamadas a la búsqueda de la verdad estén dispuestas a desinformar a la población".

Finalmente el tercer acontecimiento, en el Número Dictamen 001049N17 del 12 de enero del año 2017 dice: "Esta Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón de los decretos con fuerza de ley de la suma, que fijan los estatutos de la Universidad de Aysén y de la Universidad de O´Higgins, respectivamente, por cuanto algunas de sus disposiciones no se ajustan a derecho".

Nabor Carrillo Estefa Economista Unidad de Estudios Santo Tomás