El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró culpable del delito de injurias graves al desaforado diputado Gaspar Rivas respecto de la querella presentada por el empresario Andrónico Luksic.

La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el 28 de diciembre.

La parte querellante solicitó que al parlamentario se le imponga la pena de tres años de reclusión menor en su grado medio además de una multa de 150 UTM ($ 6. 927.450).

Por otra parte, se requirió que la sentencia se difunda, con cargo al querellado, por los mismos medios de comunicación en que Rivas se refirió a Luksic. La defensa del empresario aclaró que "no vamos a exigir el cumplimiento efectivo de la pena".

En tanto, la defensa de Rivas anunció que pedirá una pena más baja, como es la prisión en su grado máximo en límite inferior, es decir, 41 días.

En cuanto a la multa, se solicitará que esta sea más baja y ronde el mínimo legal de 20 UTM ($ 923.660).

Opción de la defensa

Los abogados de Rivas pidieron que la pena se lleve a cabo en reclusión parcial nocturna (modalidad domiciliaria).

Si se da alguna de las dos alternativas propuestas por las partes en el tribunal, Rivas podría seguir ejerciendo su cargo de diputado, ya que ninguna de las opciones cumple con los requisitos para la cesación del cargo.

El abogado de Luksic, Hugo Rivera, dijo estar conforme con el fallo. "El derecho se impuso. Se ha condenado a un diputado de la República y eso es lo importante", manifestó.

El caso se remonta a abril de este año, durante la discusión de la agenda corta antidelincuencia en el Congreso, cuando Rivas se refirió a Luksic como "el máximo delincuente en los últimos días" y añadió que "es un hijo de puta".

Reacción de rivas

Por el contrario, el parlamentario por Los Andes aseguró tener la convicción de no haber cometido un delito. "Los fallos de los tribunales hay que cumplirlos, pero mi línea de conducta y la forma en que me he comportado políticamente, siempre tajante y apuntando a quienes creo no actúan de manera correcta, lo voy a mantener", aseguró. El diputado reconoció que "puedo cambiar el uso de algunas palabras".

Eso sí, expresó que "moralmente no considero haber cometido un delito, pese a que el tribunal dijo lo contrario, (...) yo tengo una convicción personal que no cometí un delito".

Al salir del Centro de Justicia, el diputado comparó su situación con la de otros parlamentarios que enfrentan investigaciones de parte de la Fiscalía por aportes irregulares a sus campañas.

"Soy el primer parlamentario que está condenado, habiendo muchos con causas objetivamente más graves, todavía se paseen impunemente por el Congreso", dijo.

es la sanción que pidió la defensa de Luksic para Rivas. El diputado quiere rebajarla a 20 UTM. 150 UTM

Un grupo de 10 ex agentes condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar (1973-1990) pidieron ayer perdón en una ceremonia ecuménica celebrada en la cárcel de Punta Peuco, donde cumplen sus condenas.

Los reos que participaron en la ceremonia fueron Raúl Iturriaga Neumann (condenado por el asesinato de Carlos Prats, entre otros casos); Claudio Salazar Fuentes (cabo de Carabineros sentenciado por el Caso Degollados); Enrique Ruiz (general en retiro de la Fach, integrante del Comando Conjunto); Carlos Herrera (condenado por el crimen de Tucapel Jiménez); Basclay Zapata Reyes (ex miembro de la Dina); Pedro Hormazábal (condenado por homicidio), Marcelo Castro (condenado por su participación en el caso Hornos de Lonquén), Miguel Estay Reino (condenado por el Caso Degollados y ex integrante del Comando Conjunto), José Zara (ex miembro de la Dina y condenado por el crimen de Carlos Prats) y Manuel Carevic (coronel de Ejército retirado, ex agente de la Dina).

"Pido ser perdonado por quienes les produje dolores en los momentos en los que participé en la implementación de políticas de seguridad pública en el gobierno militar", dijo el ex oficial del Ejército Carlos Herrera Jiménez, que cumple cadena perpetua por el asesinato, en 1982, del líder sindical Tucapel Jiménez.

Claudio Salazar, otro de los internos cuyo discurso fue revelado a la prensa, pidió a Dios que cambiara "aquellos corazones duros, que con razón o sin ella nos detestan sin darnos cabida en la sociedad". "La bondad de Dios sabrá perdonar mis pecados depositándolos en el fondo del océano más grande", añadió uno de los condenados por degollar a tres opositores del gobierno de Augusto Pinochet en 1985.

Sin peticiones

El sacerdote jesuita Fernando Montes, quien participó en la ceremonia, descartó que el objetivo de quienes ofrecieron disculpas fuera lograr su salida del penal, puesto que ninguno de ellos pidió amnistía.

"Nadie de los que escuché pidió que se le rebajaran las penas, nadie pidió amnistía. Pidieron perdón", sentenció a la salida de la prisión.

Además del jesuita, la ceremonia a la que asistieron 96 de los 120 internos de la cárcel, contó con la participación del sacerdote defensor de los derechos humanos Mariano Puga, el capellán de dicha cárcel, el sacerdote anglicano Pablo Álvarez, algunos pastores evangélicos y abogados.

Tensión en las afueras

Fuera del penal, medio centenar de familiares de víctimas de violaciones a los DD.HH. protestaron por este acto, calificándolo de "show mediático" y una "escalada que busca la impunidad". Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, afirmó que "repudiamos este show mediático. Esto es una manipulación soterrada para lograr el indulto de los criminales", dijo a EFE.

"Dios está haciendo algo extraordinario en este país, porque esto no habría sucedido hace algunos años atrás, personas que están dispuestas a pedir perdón", comentó el sacerdote Álvarez.

"Quedé impresionado por la verdad que oí adentro, la paz (...) nadie de los que yo escuché pidió que se les rebajara las penas".

Fernando Montes, Sacerdote jesuita"