Algo que no deja de preocupar -y mucho- a los puertomontinos y que, por lo tanto, los medios de comunicación, como El Llanquihue, no pueden dejar pasar por alto sin reiterar su gravedad y el imperativo de agilizar una pronta solución, es el caso de las personas que aún se mantienen sobreviviendo -en condiciones infrahumanas- en el interior del ex vertedero de Lagunitas y las decenas de perros abandonados que todavía deambulan en ese recinto, que hace semanas dejó de funcionar y no ha sido definitivamente clausurado.
Se trata de una situación -cada vez más crítica y alarmante-, frente a lo cual los habitantes del sector de Lagunitas ya no saben qué hacer. Sobre todo, cuando los canes del basural, acosados por el hambre llegan al extremo de atacarse y comerse entre ellos, como también a otros animales domésticos del vecindario. Atrocidades que han sido observadas, con estupor y terror, por los lugareños. Como ellos mismos lo han denunciado, hace algunos días, a nuestro Diario, que oportunamente alertó a la comunidad sobre este espeluznante drama.
La gente teme que estos ataques perrunos se extiendan a los humanos, por lo que han perdido la tranquilidad cotidiana y no hacen más que clamar a las autoridades y servicios correspondientes resolver esta angustiante problemática con la mayor urgencia.
Las humildes familias que todavía permanecen en el vertedero, -porque no tienen otro lugar donde refugiarse ni aferrarse para subsistir-, ameritan de una imperiosa consideración y apoyo, que les signifique una nueva oportunidad para ganarse la vida y en condiciones más dignas y saludables.
A su vez, es necesario reforzar en capacidades de espacio y alimentación a los caniles particulares existentes, siempre limitados para absorber el creciente abandono animal.
Es imprescindible que el sistema gubernamental disponga de un dispositivo y recursos especiales , para enfrentar y dar rápida solución a emergencias del calibre como la expuesta. Donde están en riesgo vidas humanas y también las de animales, así como igualmente se ve alterado el derecho a vivir en paz y tranquilidad de los habitantes del lugar afectado.