Preparan escenario para nueva forma de tomar declaraciones
REVICTIMIZACIÓN. Doctor en Psicología, Decio Mettifogo, comentó las variables que incorpora la implementación de la Ley de Entrevista Videograbada.
Amás de una decena de entrevistas puede verse sometido un niño, niña y adolescente, que puede ser víctima de un abuso sexual de acuerdo a la normativa actual. Diferentes instancias, distintos profesionales y varias horas de relato que se repiten con el tiempo.
Este hecho, que ocurre hasta hoy, se busca cambiar de manera radical, tras la aprobación de la Ley sobre Entrevista Videograbada que fue promulgada en 2018, pero que sólo será una realidad en la Región de Los Lagos en 2022, de acuerdo a la planificación estratégica definida en el reglamento de la normativa.
Ese fue el tema central de la clase inaugural de la carrera de psicología de la sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián, ocasión en la que expuso el doctor en psicología, Decio Mettifogo, quien participó activamente en la discusión de esta ley.
El especialista en Psicología social, quien ha participado en variados proyectos de ley relacionados con la protección de derechos de la infancia, explica que "parte de la situación que afecta hoy a los menores que son vulnerados en sus derechos, tiene que ver con la respuesta que reciben del sistema judicial. Cuando esta respuesta es correcta, los niños reciben una buena acogida; hay una respuesta objetiva en sus demandas y todo se realiza de manera acorde", apunta.
Mettifogo agrega que "la forma en que se toman las declaraciones hoy en día no es especializada, se repiten en demasía las entrevistas y por lo tanto, se pierde la fuerza del testimonio que puede representar para efectos de un proceso persecutorio penal y no hay una respuesta efectiva en la demanda que ellos levantan en sus peticiones".
-¿Qué se busca cambiar con esta normativa?
-Se busca regular la entrevista investigativa dirigida a niños y adolescentes, que han sido presuntas víctimas de delitos sexuales. Como respuesta, surge esta entrevista investigativa como un dispositivo que hoy no tenemos en nuestro país. El desafío es instalar una forma de trabajo con la cual no contamos actualmente y eso implica un desafío para la formación en pregrado, como también en postgrado y profesionales que se dediquen al tema.
-¿Cómo se podría efectuar de mejor forma?
-Primero, se debe reconocer que se hace mal. Muchas personas de quienes están dedicadas al tema están convencidas que hacen bien su trabajo. Sin embargo, si nosotros grabamos sus entrevistas y revisamos la transcripción del trabajo realizado, nos encontramos con muchas deficiencias, como, por ejemplo, un uso excesivo de preguntas específicas, versus un menor uso de preguntas abiertas, lo que dificulta un relato más integral , donde sea el niño el que lleve la voz y el protagonismo del proceso de la entrevista y no quien la está haciendo. Se debe reconocer que no se hace bien, para plantearnos cómo se puede hacer de manera distinta.
El psicólogo sostiene que "esto requiere de un proceso de certificación para quien va a realizar la actividad que es muy exigente y, a diferencia de otras experiencias en el campo forense, la certificación es temporal. No se certifica a nadie de manera indefinida, sino que implica que la persona que en un momento está certificada, deba periódicamente rendir examen, para que se constate del nivel de experiencia que se requiere para realizar la actividad".
"El mejor símil de aquello puede ser la licencia de conducir que tiene una duración determinada, tras lo cual debemos rendir un nuevo examen para su renovación. Eso también va a ocurrir acá. La aplicación de la normativa será gradual y la región será parte de la tercera fase en que esto ocurrirá, con la finalidad de generar correcciones de posibles deficiencias que vaya presentando durante su aplicación", anota.
-¿Cómo se implementará la ley?
a Ley de Entrevistas Videograbadas se implementará gradualmente a lo largo de Chile. Esto es para asegurar que las regiones cuenten con los profesionales especializados y la infraestructura necesaria. Así, el Estado garantizará una adecuada cobertura y atención a los niños, niñas y adolescentes, cuyos casos ingresen al Sistema de Justicia Penal.