Carlos Ilabaca

En menos de una semana, el ex alcalde Gervoy Paredes Rojas obtuvo una segunda victoria en tribunales, al lograr ayer que la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolviera mantener las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados en la causa, que dictó el Juzgado de Garantía de esta ciudad el pasado viernes en sustitución a la prisión preventiva que debió cumplir durante 7 meses.

La resolución fue adoptada por los ministros Patricio Rondini (presidente), Moisés Montiel y el abogado integrante Darío Parra, tras escuchar por casi dos horas los alegatos de la apelación que presentaron el fiscal Marco Muñoz y el abogado querellante por la Municipalidad de Puerto Montt, Juan Francisco Reyes. En la audiencia también alegaron el querellante particular Marcos Velásquez; el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Lucio Díaz; y el abogado defensor Andrés Firmani.

Previo a dar inicio a los alegatos, tanto el ministro Jaime Meza como el abogado Mauricio Cárdenas, ambos integrantes de la segunda sala, se inhabilitaron para conocer la causa. En el caso del magistrado Meza, por haber integrado el Tribunal Electoral Regional (TER) Los Lagos que falló favorablemente la destitución del ex jefe comunal en agosto de 2024.

Tras escuchar a las partes, el tribunal de alzada fundamentó su decisión en que para la necesidad de cautela "los antecedentes de arraigo social, familiar y de salud del imputado, además de las circunstancias de encontrarse en prisión preventiva desde el mes de octubre de 2024, difuminan el peligro de fuga y para la seguridad para la sociedad, los que pueden ser resguardados a través de medidas cautelares menos gravosas como las decretadas por el tribunal a quo en esta causa", se estimó.

No hay peligro de fuga

De igual modo, en su dictamen, los ministros consignaron que "no se han referido a diligencias precisas de investigación que se encuentren pendientes en las que el imputado puede interferir, considerando además que ya no detenta el cargo de alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt y con ello poder de influencia en los elementos de prueba".

El abogado Andrés Firmani expresó su conformidad con lo resuelto, que -según su análisis- se refiere exclusivamente a la necesidad de la prisión preventiva. "Después de siete meses de prisión preventiva y después del avance de la investigación, y habiendo tenido presente la circunstancia de que se han desarrollado muchas diligencias sin entorpecimiento, sin intervención alguna de nuestro representado, ya no era necesario seguirla manteniendo", manifestó.

El profesional recordó que se presentaron en audiencia antecedentes que dan cuenta de la situación de salud del imputado. "Aquí no se puede ocultar porque hay documentos técnicos, documentos médicos, que dan cuenta de que efectivamente existen falencias de salud graves que ameritan este cambio, y sobre todo que se dieron seguridades de que él va a comparecer y va a estar presente para los actos futuros del procedimiento", añadió.

No es un solo delito

En la contraparte, el abogado Juan Francisco Reyes dijo que esperaban poder revertir la decisión del Juzgado de Garantía. "Aquí se lesionaron bienes jurídicos públicos de la mayor importancia, y que no se trata de un solo delito, sino que de cuatro delitos de corrupción que por lo demás todos tienen penas asociadas altísimas", opinó. En ese sentido, expresó que más allá de la cautelar, la investigación seguirá su curso, "y nosotros, como parte de esta nueva administración, seguiremos apoyando el trabajo del Ministerio Público para que, en definitiva, se sancione a todos quienes en el pasado defraudaron a la Municipalidad y a los vecinos de la comuna", dijo.

En su alegato ante la Corte de Apelaciones, el fiscal Marco Muñoz volvió a mencionar un antecedente que ya antes expuso frente al juez de Garantía de Puerto Montt, Rolando Díaz. Relató que en la fecha en que el Tribunal Electoral Regional acogió el requerimiento de remoción del ex alcalde Gervoy Paredes (23 de agosto), solicitado por varios concejales de la comuna, "un grupo de personas, en vehículos y camionetas, habían concurrido a la Municipalidad donde sustrajeron múltiples cajas con documentos desde el interior del edificio consistorial". Agregó que al tomar conocimiento unos días después se acudió al municipio para recopilar las cámaras de vigilancia. No obstante, dijo que las imágenes de ese día y hora fueron borradas.

La Superintendencia de Educación calificó como "caso crítico" la denuncia presentada en el Colegio Salesiano de Puerto Montt, referente a un presunto hecho de connotación sexual que habría afectado a una estudiante de tercero medio.

Fernando Pérez, director regional de la Superintendencia de Educación, confirmó el inicio de una investigación sobre el incidente.

"En atención a la gravedad de los hechos, se le ha asignado el carácter de caso crítico a la denuncia y fue derivada de inmediato a fiscalización. Se trata de hechos que afectan la integridad física y sicológica de los estudiantes y que pueden ser constitutivos de delitos, más aún cuando involucran a alguien que ocupa un rol de autoridad dentro de la comunidad educativa", sostuvo Pérez.

La denuncia se dirige contra un sacerdote, quien ya fue separado de su cargo por disposición de la dirección del colegio. Según Pérez, en caso de que la fiscalización compruebe que el establecimiento incurrió en infracciones a la normativa, el procedimiento podría concluir con sanciones que van desde una amonestación hasta multas en UTM, dependiendo de la naturaleza y gravedad de la falta. "Como Superintendencia de Educación, queremos insistir en la responsabilidad que recae sobre los establecimientos en cuanto a la seguridad y el bienestar de sus estudiantes. Asimismo, recalcamos el deber que tienen de denunciar ante el Ministerio Público o Carabineros, en un plazo de 24 horas desde que toman conocimiento, cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito. Por lo anterior, es fundamental que los protocolos de actuación ante situaciones de connotación sexual indiquen con precisión cómo y ante quién se debe proceder", concluyó la autoridad.