Aunque han pasado apenas unos días del tornado en Puerto Varas, es imperativo comenzar a extraer lecciones de este evento. Una de ellas, quizás la más importante, es que el sur del país, y la Región de Los Lagos específicamente, deben tomar nota de los efectos del cambio climático y su incidencia en el aumento de estos fenómenos meteorológicos extremos. La frecuencia con que se presenten estos eventos sólo se incrementará.

Entre las lecciones más urgentes, como han advertido insistentemente los meteorólogos, destaca la necesidad de contar con un radar Doppler. Este instrumento permitiría predecir los tornados con una antelación de 15 a 20 minutos. Aunque este margen parezca breve, representa un tiempo valioso para salvaguardar vidas humanas mediante alertas oportunas y posibles evacuaciones. La inversión en tecnología de este tipo ya no puede ser una opción, sino una prioridad.

Las ciudades del sur, y Puerto Varas es un buen ejemplo, tienen que comenzar a planificar y prepararse para estas eventualidades. Esto implica revisar la infraestructura urbana, desde los cables aéreos hasta aquellas estructuras débiles que puedan ser arrancadas de cuajo por la fuerza del viento. Una mirada preventiva a la planificación urbana es crucial para minimizar los daños y riesgos asociados a estos fenómenos, que antes parecían ajenos a la geografía del sur.

Todo esto debiera integrarse en una adecuada planificación urbana que contemple el impacto del cambio climático de manera transversal. A la preparación ya existente ante el déficit hídrico y la contaminación de todo tipo, hay que añadir una nueva capa de consideración para fenómenos meteorológicos que, aunque tengan historia en la región, pueden incrementarse en número y magnitud. Esto requiere una visión integral y una capacidad de adaptación en el diseño y gestión de nuestras ciudades.

Finalmente, desde el gobierno central, esta situación demuestra la necesidad de una previsión efectiva ante estas emergencias. Por algo el gobernador y consejeros regionales han solicitado su restitución al nivel central. Contar con recursos disponibles de manera expedita es clave para la respuesta inmediata y la posterior recuperación de las zonas afectadas, demostrando que la administración pública está preparada para proteger a sus ciudadanos.

El reciente informe de la Contraloría General de la República revela que, en 2024, el gasto estatal en Chile experimentó un alza del 11%, escalando a $167,5 billones. Paralelamente, la deuda pública se incrementó un 16% en comparación con el año previo. Estas cifras, que engloban a cerca de 700 entidades gubernamentales, incluyendo servicios públicos, municipalidades, empresas estatales e instituciones de educación superior, abren interrogantes sobre la viabilidad financiera y el rendimiento del gasto público a nivel nacional.

Analizando los números, el desglose del gasto muestra que la administración central representó $102,6 billones, los municipios $13,7 billones, las empresas del Estado $49,4 billones y las universidades estatales $1,8 billones. Dentro del sector público, las transferencias, que conforman su componente principal, representaron un 30,7% del gasto total.

El actual panorama fiscal plantea retos importantes para la política económica del país. Por un lado, el aumento del gasto estatal puede interpretarse como una medida necesaria para fomentar la reactivación económica y satisfacer las necesidades sociales. Por otro lado, el crecimiento de la deuda pública podría restringir la capacidad del Estado para financiar políticas futuras y afrontar posibles crisis externas.

Es esencial que las autoridades fiscales y económicas pongan en marcha medidas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto requiere una revisión minuciosa del rendimiento del gasto, la priorización de inversiones con un alto impacto social y económico, y, eventualmente, la aplicación de reformas tributarias menores que refuercen la base impositiva sin dañar el crecimiento económico.

Además, es vital mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. La reciente investigación sobre el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público, que involucra a más de 25 mil empleados estatales entre 2023 y 2024, resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la administración pública.

En resumen, el aumento del gasto y la deuda pública en Chile en 2024 supone tanto un desafío como una oportunidad. Es un llamado a actuar para implementar políticas fiscales responsables, mejorar el rendimiento del gasto y robustecer las instituciones encargadas de la supervisión y el control de los recursos públicos.

Sólo así se asegurará un camino de crecimiento sostenible y equitativo para el país. Por último, la ciudadanía exige mayor transparencia en los gastos y su correcto uso, sobre todo en un escenario donde el Estado tiene una imagen deteriorada por casos como fundaciones o las recientes licencias falsas, entre otros.

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