Velocidad en los sumarios
Para empezar a recuperar la confianza perdida con el caso de las licencias médicas, es vital la celeridad y la transparencia de los procesos de investigación instruidos.
La revelación de funcionarios públicos viajando al extranjero con licencias médicas ha asestado un duro golpe a la probidad en el sector público del país. Este escándalo, que atraviesa al nivel central, municipios y servicios estatales de toda índole, ha minado la confianza ciudadana en la gestión pública. La Contraloría General de la República ha puesto en evidencia una práctica inaceptable, en la que el uso indebido de permisos médicos se convierte en un abuso de recursos y del sistema, afectando la credibilidad de quienes trabajan en el servicio público.
En Los Lagos, el problema se ha hecho palpable con los casos de Osorno y Puerto Montt, donde esta última municipalidad se ha erigido, lamentablemente, como la quinta institución del país con mayor número de licencias en entredicho, con 341 casos. De estos, una parte significativa, 230, corresponden al Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem). Es, en todo caso, una cifra que no sorprende, pues esta institución arrastra desde hace tiempo un historial de irregularidades, que si bien antes se centraban en el manejo financiero, ahora se extienden a la probidad de sus funcionarios. Osorno, por su parte, no escapa a esta realidad, con 199 licencias médicas bajo investigación en su municipio, mostrando que el problema es de alcance regional.
Para que la ciudadanía recupere la confianza en el mundo público, no sólo de los municipios de Puerto Montt y Osorno, sino de todas las entidades públicas que se han visto involucradas con las revelaciones de la Contraloría, es imperativo que los sumarios administrativos avancen con agilidad y rigor. Sus resultados deben ser conocidos por la opinión pública, sin eufemismos ni dilaciones.
La transparencia en este proceso es un requisito innegociable. No basta con iniciar las investigaciones; se requiere una conclusión clara, con responsabilidades establecidas y sanciones ejemplares para quienes defraudaron la confianza pública. El sector público tiene el deber ineludible de actuar con absoluta transparencia. Tiene que demostrar, con hechos concretos, que ningún funcionario está por sobre la ley o por sobre el resto de los chilenos.
La integridad del sistema de licencias médicas, diseñado para proteger a quienes realmente lo necesitan, ha sido vulnerada. Es hora de restaurar esa integridad y asegurar que el servicio público sea sinónimo de probidad y compromiso.