Familias sin agua en Los Muermos
La odisea para reponer el servicio y la posterior revelación de un pozo insuficiente, exige un debate serio sobre la robustez y el mantenimiento de la infraestructura básica.
Nueve días. Ese fue el tiempo que casi 400 familias de Río Frío y Cañitas, en Los Muermos, padecieron la angustia de no contar con agua potable. Un calvario que desnuda la fragilidad de nuestros sistemas de Agua Potable Rural (APR) y, sobre todo, la imperiosa necesidad de invertir en prevención antes que en lamentos y soluciones parche. La crónica de esta crisis es un rosario de fallas que pudieron, y debieron, anticiparse. Un temporal provoca cortes de energía, un cambio de voltaje quema la bomba. Hasta aquí, un imprevisto. Pero lo que sigue es preocupante: la extracción fallida que hunde una tonelada de equipo al fondo del pozo, el temor a una espera de siete meses, y finalmente, tras instalar una nueva bomba, descubrir que el pozo ¡no tiene agua suficiente! Es la improvisación convertida en norma. Mientras las autoridades, desde el municipio hasta el MOP y la Delegación Presidencial, se movilizaban con camiones aljibe, kits sanitarios y reuniones explicativas -acciones valorables en la emergencia-, la pregunta de fondo resuena con fuerza: ¿dónde estaban los planes de contingencia? ¿Existían protocolos para el reemplazo ágil de equipos críticos? ¿Se realizan mantenimientos preventivos y diagnósticos periódicos que alerten sobre la vulnerabilidad de bombas o la capacidad real de los pozos? La situación de Los Muermos no es un caso aislado; es un síntoma de una debilidad sistémica. Los comités de APR, a menudo con recursos limitados y operando a puro ñeque, necesitan un respaldo técnico y financiero constante que vaya más allá de la asesoría cuando el desastre ya ocurrió. Hablar de "medidas a corto, mediano y largo plazo" suena bien, pero suena tardío cuando la sed ya apremia. Resulta inaceptable que en pleno siglo XXI, el acceso a un bien tan básico como el agua dependa de la suerte o de la capacidad de reacción post-colapso. La inversión en sistemas de respaldo, protecciones eléctricas adecuadas, estudios hidrogeológicos actualizados y planes de mantenimiento rigurosos no es un gasto, es una inversión en calidad de vida, en salud pública y en dignidad. Dejar que las familias lleguen al extremo de la protesta para visibilizar su desesperación es un fracaso de la anticipación y la lógica.