versión del médico Diego Alonso, director del Hospital de Calbuco, sin embargo, pese a las llamadas y mensajes, no fue posible obtener una respuesta. Desde el Servicio de Salud del Reloncaví, se limitaron a indicar que "todo es materia de investigación de la auditoría y del sumario".

Protestas

Por otro lado, el malestar ciudadano y de los propios funcionarios no se hizo esperar.

El jueves por la noche, vecinos protestaron frente al Hospital de Calbuco, manifestación que se repitió el viernes por la mañana, esta vez protagonizada por el personal del centro asistencial.

Octavio Vargas, dirigente de la Fenats del Hospital de Calbuco, ratificó que la atención de Emilia se realizó sin la presencia de un pediatra.

"Desde hace un par de años la administración en salud (del hospital) viene ejerciendo su actividad alejada de lo que es la salud pública. Han llegado cargos nuevos y administrativos y se ha abandonado el aspecto clínico", denunció.

Vargas describió un escenario laboral complejo, donde la falta de una atención óptima a menudo deriva en amenazas hacia el personal.

"El director se debe ir porque es un tema de gestión. Hay médicos jóvenes que trabajan 24 horas corridas, sin acompañamiento. Desde el año 2013 estamos elevando este tipo de demandas para contar con más especialistas", agregó.

Carmen Gloria Fuentealba, presidenta de la Fenats de Calbuco, coincidió en que la falta de médicos especialistas es una demanda histórica.

"Ya han ocurrido otros casos como el registrado con Emilia (...) no tenemos un pediatra destinado al Servicio de Urgencia en ningún horario", lamentó.

Observó además la falta de acompañamiento para médicos nuevos, señalando que "era obvio que podía pasar un inconveniente con algún niño o niña". La manifestación, indicó, buscaba "apoyar en este lamentable proceso a la familia por la atención negligente ocurrida a Emilia".

Emplazan a ministra Aguilera

El diputado liberal Alejandro Bernales calificó la situación como una "aparente negligencia médica" que debe ser investigada "con todo y con urgencia".

Hizo un llamado a la ministra de Salud, Ximena Aguilera: "Esperamos que de verdad tome cartas en el asunto".

Bernales urgió por reforzar el Hospital de Calbuco con "un pediatra permanente, con un urgenciólogo y un internista" y que se concrete la promesa de elevarlo a mediana complejidad. "No vamos a permitir que el ministerio nos diga que basta con la realización de un sumario, queremos cambios en las direcciones, medidas concretas. Tienen que haber responsables", sentenció.

El funeral de Emilia está programado para este sábado a las 11:30 horas en el Cementerio de Caicaén.

"Ya han ocurrido otros casos como el registrado con Emilia (...) no tenemos un pediatra destinado al Servicio de Urgencia en ningún horario"

Carmen Gloria Fuentealba,, presidenta de la Fenats

"Para garantizar una investigación seria desde lo médico y desde lo administrativo, el director tiene que dar un paso al costado"

Marco Silva,, alcalde de Calbuco

2013 es el año que los dirigentes de la salud de Calbuco comenzaron a solicitar una mayor cantidad de especialistas médicos.

11.30 horas en el Cementerio de Caicaén, en Calbuco, será el funeral de la pequeña Emilia, fallecida el miércoles pasado.

Una demanda civil fue interpuesta contra la Fundación ProCultura en el Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago. Esta acción motivó, durante la presente semana, la notificación de embargo de una propiedad de 6.000 metros cuadrados, ubicada en el sector El Amarillo, comuna de Chaitén.

En la misma comuna, la fundación aún mantiene la concesión del Museo de Sitio, a pesar de que el 17 de noviembre de 2023 anunció el cese de sus actividades en el país, como consecuencia de las repercusiones del denominado 'Caso Convenios'.

La demanda detalla que Mazabal, en su calidad de empresa demandante, suscribió un contrato de garantía recíproco con la Fundación ProCultura. Esto significa que Mazabal otorgó un préstamo de $17 millones a ProCultura, bajo la condición de que la fundación restituyera dichos fondos a la demandante (Mazabal) en un plazo determinado.

Según explica el documento, el dinero estaba destinado a financiar la ejecución de un proyecto para el Serviu de la Región del Biobío.

El abogado Mauricio Uribe, experto en materia civil, tras analizar la causa, explicó que el Serviu del Biobío exigió a la Fundación ProCultura un pagaré por $17 millones para la ejecución de determinados proyectos. A su vez, la Fundación ProCultura había suscrito un contrato de garantía recíproca con Mazabal.

Según Uribe, el caso presenta diversas aristas, ya que, más allá de los presuntos delitos imputados y las responsabilidades penales de los representantes de la fundación, también son relevantes las obligaciones civiles que estos contrajeron, las cuales actualmente son objeto de litigio.

"Uno de estos litigios", señaló Uribe, "es la demanda ejecutiva de Mazabal S.A.G.R., entidad con la cual ProCultura suscribió un contrato de garantía recíproca. En dicho marco, la demandante (Mazabal) ha debido asumir obligaciones con entidades como el Serviu del Biobío, por ejemplo, aunque el deudor principal sigue siendo la Fundación ProCultura".

Uribe sostiene que esto implica que la responsabilidad ante los mandamientos de ejecución y embargo de bienes no recae únicamente en la Fundación como persona jurídica, sino también en su representante legal, María Constanza Gómez. Ello se debe a que Gómez, además de ejercer la representación legal de la Fundación, figura como aval, fiadora y codeudora solidaria, lo que pone en riesgo su patrimonio personal.

$17 millones es la deuda que mantiene la Fundación ProCultura que la empresa financista Masaval facilitó para ejecución de un proyecto.