Redacción

Por no contarse con la unanimidad de sus miembros, la comisión mixta que elaboró el fraccionamiento pesquero no pudo volver a votar la cuota de la merluza, que generó una gran polémica debido a que se aprobó con cifras erradas entregadas por el subsecretario de Pesca, Julio Salas (ver nota aparte).

En el momento de la votación, la instancia del Congreso aceptó bajar la cuota de la pesca industrial y darle más extracción a la pesca artesanal, debido a que se expuso que durante el año anterior la primera había extraído solo el 61% de lo asignado y no el 93% que fue efectivo.

Esto generó que la empresa PacificBlu, una de las gigantes de la zona sur, anunció que debería cerrar porque se hacía inviable su mantención con tan baja cuota. Y ayer el gerente general de la firma, Marcel Moenne, insistió en T13 con que "aquí nos están empujando, nos están forzando a cerrar. Y cuando digo forzando es porque la autoridad lo sabía".

"Con el fraccionamiento aprobado de 48% es irreversible" el cierre, añadió.

Pero ni esto ni la solicitud del ministro de Economía, Nicolás Grau, para repetir la votación hicieron que los legisladores dieran pie atrás en su decisión.

El senador Daniel Núñez (PC) aseguró que "yo voté en conciencia el 52% (para la pesca artesanal) y debidamente informado. Yo tengo asesores, los asesores sacaron los datos de Sernapesca, esos datos son públicos, y en esos datos sabíamos perfectamente cuánto capturaba la industria. Yo no puedo decir acá que yo voté engañado, que a mí el Ejecutivo me desinformó".

Y desde la oposición el diputado Sergio Bobadilla (UDI) reconoció que "mi voto no estaría disponible para eso", cuando fue consultado sobre si se abre a una nueva votación con las mismas cifras de fraccionamiento.

Jara arremete

Las críticas más duras hacia el Ejecutivo llegaron incluso desde la candidata presidencial del Partido Comunista y exministra Jeannette Jara, afirmó ante las solicitudes de renuncia del subsecretario Salas y del titular de Economía, Nicolás Grau, que "si yo estuviera en ese caso asumiría mi responsabilidad política".

La carta a La Moneda admitió que "es verdad que ha habido hartos errores y de hecho, ahora mismo estamos viviendo la situación de la ley de la Pesca que a mí me parece extremadamente compleja, porque hay que recordar cómo surgió esta ley de Pesca, entonces modificarla es modificar atrás una serie de intereses económicos que hay".

"En estas situaciones, uno no puede cometer errores o debe reducir el margen de error, hacerse cargo, supervisar, eso es lo que veo con preocupación. Se supone que todo ese análisis eran parte de los elementos que estaban sobre la discusión, entonces por eso es tan delicado el error que se cometió", afirmó Jara.

"Yo espero que haya responsabilidades políticas en esto, realmente, porque no es menor. O sea, esto es como haber llegado en su minuto al cambio de la Constitución y después lo perdimos por distintas cosas que pasaron y después nadie era responsable", sostuvo.

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, asistió ayer a la comisión mixta que busca establecer el fraccionamiento pesquero y entregó las cifras anualizadas de la cuota de pesca entre el sector industrial y artesanal durante la sesión de esta jornada, y asumió como propio el error cometido en la entrega de tasas de cumplimento de extracción en la que se basó la aprobación de nuevas cuotas.

"La extracción efectiva que aparece en la plataforma de Sernapesca muestra que el consumo preliminar que está informado en el 2024 es del 93,2% (para el sector industrial). Digo preliminar, porque es un dato que después se contrasta con Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, etcétera, para generar el Anuario Estadístico de Pesca", dijo la autoridad, que estuvo acompañado por el ministro de Economía, Nicolás Grau.

"Lejos de haber mala fe en esta materia, esto es claramente un error de forma y no le corresponde a otra autoridad asumir responsabilidad en esta materia, sino a mí como subsecretario de Pesca y Agricultura", reconoció Salas ante las peticiones de renuncia transversales.

Es difícil imaginar un escándalo mayor que el que se insinúa en el caso Procultura. Y se ha reparado poco en el hecho de que, en este caso, se toleró la apariencia (es de esperar que haya sido solo eso) de una rara promiscuidad entre una relación terapéutica y el quehacer gubernamental.

Basta revisar sus aspectos fundamentales para advertirlo.

Un psiquiatra, de cuya cónyuge el presidente fue paciente, dirige una fundación de apariencia altruista. Cuando el presidente se transforma en tal, y apenas de un año para otro, la fundación del caso multiplica por diez los fondos que el estado, desde diversas agencias, le transfiere. Y ahora al concluir el gobierno se advierte que la fundación no ha rendido cuentas, menos restituido los fondos, y de que hay indicios serios y verosímiles de que se la empleó para financiar campañas políticas afines, claro está, al gobierno. Las escuchas telefónicas que se han dado a conocer muestran un mundo más bien promiscuo en el que se entrelazan compromisos políticos, rupturas amorosas, sorpresivas alianzas sentimentales, intercambios de favores económicos, y un manejo de los fondos que les fueron confiados más bien propio de pícaros o de tunantes.

Pero eso, que ya sería suficiente, no es todo.

De entre los ingredientes del caso no es menor el hecho que algunos de los partícipes sean psiquiatras cuya relación con los pacientes, uno de los cuales es en este caso el presidente (a pesar que la especialidad de los involucrados es la psiquiatría infanto-juvenil) es lo más parecido a la relación de un creyente con su confesor, o confesora, quien cuenta con un lazo invisible en uno de cuyos extremos está su mano y en la otra, atado, el paciente que sabe, aun inconscientemente, que a cambio de una cura ha enajenado parte de su subjetividad. No es pues baladí que en todo esto se mezcle la transferencia propia de la relación psiquiátrica con la manipulación política. O, en otras palabras, no es raro que el psiquiatra Larraín haya ejercido, directamente o en forma vicaria (empleando la figura de su cónyuge) una dominación sobre su paciente incluso sin que este lo advirtiera, pudiendo confundirla, a juzgar por las fotos, con la amistad, o con la afinidad política, como lo prueba el hecho de que incluso pensó nombrar a Larraín Ministro de Desarrollo Social, perspectiva frente a la cual el psiquiatra debió frotarse las manos al imaginar cómo se podría ampliar entonces su esmerado quehacer filantrópico.

Y el problema -decir problema es minimizarlo: es mejor llamarlo escándalo- no termina ahí porque a partir de la relación de dependencia, siquiera vicaria, de la que al parecer se sirvió el psiquiatra Larraín, se estableció un juego de toma y daca, un intercambio, puesto que la fundación habría contribuido al financiamiento ilegal de la política. De ser así, y para desgracia del gobierno y del presidente, la fundación Procultura habría contribuido a configurar un prodigio: no a empatar los otros casos de financiamiento ilegal de la política, sino a superarlos. Después de todo, esta sería la primera vez que un emprendimiento habría empleado el disfraz de la filantropía para eludir la ley.

Después de todo eso o, si se prefiere, después del caso Convenios, lo mejor es que el gobierno guarde silencio, o, si las posee, entregue explicaciones (¿o no tiene relevancia que una relación terapéutica se confunda con decisiones gubernamentales o que a pretexto de ella se acceda al gobierno?).

Lo que en ningún caso debe hacer, ni los ministros, ni el presidente, es servirse de estos casos para hacer aspavientos de corrección.

"¿No tiene relevancia que una relación terapéutica estuviera a punto de influir en decisiones gubernamentales o que a pretexto de ella se accediera a fondos públicos?