Redacción

La Fiscalía solicitó ayer prisión preventiva para la diputada desaforada Catalina Pérez (exFA, antes RD), mientras es investigada por tres delitos de fraude al fisco, en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, donde fundaciones vinculadas al oficialismo recibieron del Estado alrededor de $60.000 millones, para proyectos sociales que no fueron ejecutados. Entre las organizaciones está Democracia Viva (DV), liderada por la expareja de Pérez, Daniel Andrade (exRD), junto al exjefe de gabinete de la legisladora y exseremi de Vivienda, Carlos Contreras (exRD), quienes en primera instancia quedaron bajo prisión preventiva. No obstante, ayer el juzgado optó por arresto domiciliario total para la diputada.

La magistrada Claudia Campusano, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, dictó la medida cautelar contra Pérez, que se extenderá por 45 días mientras dure la investigación. Se negó la prisión preventiva porque la diputada por Antofagasta no representa un peligro para la sociedad, señaló Campusano.

La acusación apunta a que Pérez habría intervenido directamente en la firma de tres convenios entre DV y la seremi de Vivienda de Antofagasta. En este contexto, la legisladora habría colaborado con la organización, liderada por su expareja, para la adjudicación de los millonarios fondos pese a no cumplir los requisitos.

Los $426 millones transferidos a DV estaban destinados al mejoramiento de la calidad de vida de campamentos de la región, a través de, por ejemplo, distribución de agua potable.

Andrade actualmente cumple arresto domiciliario en Santiago, luego de haber pasado 75 días en la Cárcel de Antofagasta, desde 2023. Contreras, en tanto, sigue bajo prisión preventiva en el recinto penitenciario.

"convicción de inocencia"

Pérez tras la audiencia publicó en Instagram que "cumpliré la medida que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito".

Su abogado, Gonzalo Medina, dijo que la investigación "prácticamente agotada" y "seguimos sosteniendo la inocencia de Catalina Pérez", porque "no están las evidencias suficientes para llegar a una condena".

En junio de 2023, cuando surgieron los primeros antecedentes de DV, el caso cero del Caso Convenios, Pérez afirmó que "no tenía absolutamente ningún conocimiento de la firma de este convenio". Sin embargo, a comienzos de este año se conocieron chats entre ella y Andrade, quien entonces era su pareja, donde la legisladora le advertía que "están apretando por el domicilio de la Ceci", arrendado en Ñuñoa para DV.

La diputada aconsejaba en 2023 "ponerle un logotipo de DV en la puerta, que haya una oficina habilitada dentro de la casa. (...) Váyanse para allá y ambienten", porque "sale una persona y dice 'nooo jamás lo he escuchado', y cagamos".

Medina frente a esto dijo ayer que "esos son hechos que pueden ser motivo de una crítica política, de una crítica comunicacional, pero nosotros sostenemos que esos no son hechos que han constituido un delito, no son antecedentes suficientes para afirmar una participación punible en delitos de fraude al fisco".

"rol de dirección"

El fiscal Cristián Aguilar señaló que Pérez en DV "tenía un rol activo de dirección en todo lo que hacía relación con la forma en que se debía actuar para los efectos de ocultar la comisión del delito y, consecuencialmente, un rol que la vinculaba en la dirección".

Al revisar los antecedentes, toma de decisiones y propuestas de trabajo, agregó el persecutor "hacen a uno pensar, y así lo transmitió la Fiscalía durante el curso de la audiencia, que justamente ella era o se encontraba en la instancia decisoria para los efectos de poder involucrar o de la comisión de los hechos en materia de investigación".

El pasado 6 de mayo la Comisión para la Paz y el Entendimiento entregó al Presidente de la República el informe que le fue encomendado acerca del diagnóstico y propuestas de solución a los conflictos en las regiones de Bío Bío, la Araucanía, los Ríos y los Lagos.

El documento de más de 150 páginas fue aprobado por siete de los ocho integrantes de la Comisión, y es producto de un trabajo en el que fueron consultados diversos actores sociales de aquellas regiones, aunque curiosamente el 84% de las sesiones se celebraron en Santiago.

El informe contiene muchos aspectos positivos, y entrega un diagnóstico certero respecto de que no es adecuado mantener las políticas y regulaciones respecto de los derechos y reivindicaciones de comunidades indígenas de aquellas regiones. Sin embargo, una lectura reflexiva y desapasionada del documento nos lleva también a señalar que también arroja dudas.

En este sentido, es evidente que nadie tiene una receta mágica que conduzca a la solución de los conflictos y a la satisfacción de los diversos intereses en juego. Pero aquello no puede conducirnos a adoptar una visión benévola que derroche optimismo exagerado.

En esta línea, resultan llamativas que algunas de las recomendaciones del texto no van acompañadas explícitamente de los elementos necesarios y obligatorios para su cumplimiento, como sucede por ejemplo con la recomendación 9 con relación a los mecanismos de reparación integral. También es criticable la excesiva generalidad de otras recomendaciones (por ejemplo las 5, 6 y 8), y que se tome como referencia para generarlas procesos similares de otros países, sin considerar que no han tenido éxito esperado (recomendaciones 8 y 12) y otras que parecieran revivir temática que no tuvieron acogida en los recientes procesos constitucionales (recomendación 1).

Tampoco puede pasarse por alto que, más allá de las críticas de ciertos sectores políticos, representantes de algunas comunidades indígenas han expresado su rechazo al informe, y manifestado que los conflictos se mantendrán.

Sin perjuicio de todo lo anterior, no cabe duda de que el informe es un trabajo útil, que refleja la preocupación por encontrar soluciones a conflictos que se han prolongado por mucho tiempo, y que nos enfrenta a la necesidad de buscar soluciones que satisfagan lo más posibles a los distintos intereses y actores en juego.