Vivienda: del sueño a la pesadilla
Silenciosamente se ha instalado en comunas de Los Lagos una irregular práctica para "agilizar" los subsidios de vivienda.
En la región se esconde una verdad incómoda y dolorosa: una estafa silenciosa que golpea con saña a las familias que luchan por la casa propia. Es un problema que se extiende por toda la zona, afectando a los más vulnerables, quienes, paralizados por el temor a represalias, poco se atreven a denunciar lo que es un secreto a voces. Esta cobarde práctica socava uno de los anhelos más profundos de nuestra sociedad.
Como se describió en la edición de ayer de este diario, el mecanismo es perverso y se ejecuta bajo el manto de la legitimidad social. Supuestos dirigentes de comités de vivienda, que operan como verdaderas "sectas", se aprovechan de la desesperación de las familias. Con el pretexto de "agilizar" procesos o conseguir "cupos", realizan cobros ilegales que pueden ascender a millones de pesos por gestiones y postulaciones a subsidios que el Estado otorga de forma gratuita. Usan cuotas de ingreso, pagos por reuniones o gestiones en Santiago, transformando la aspiración de una vivienda digna en un negocio personal.
El daño a los procesos de postulación a la vivienda social es enorme. No sólo se trata de la estafa económica a familias de escasos recursos; es la perversión de un sistema diseñado para la equidad. Se crea una "fila paralela" donde quienes pagan ilegalmente tienen una "ventaja", burlando los principios de antigüedad y necesidad. Esto indigna a las víctimas y menoscaba la labor de los dirigentes honestos que trabajan de forma transparente.
Es frustrante la evidente falta de acción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus organismos, como el Serviu, que pese a conocer la situación en detalle, no actúan proactivamente en su persecución. Dirigentes honestos y afectados denuncian que los nombres y las prácticas son conocidas por las autoridades e incluso por políticos, pero la persecución formal de estos delincuentes es casi nula. Emitir sólo llamados a la precaución no es suficiente; se requiere una acción decidida y contundente que desarticule estas redes y lleve a los responsables ante la justicia.
Es imperativo que el Estado, a través de sus organismos competentes, actúe con la firmeza que la situación demanda. Es urgente otorgar garantías e igualdad de oportunidades a todos los solicitantes de subsidios de vivienda. Esto implica no sólo campañas de información efectivas, sino también mecanismos robustos de denuncia con protección para las víctimas.