Clausura de colegio en Palena
Además de garantizar los estudios de los alumnos afectados, es relevante también determinar las responsabilidades.
La clausura del Colegio Robert White, el principal establecimiento educacional de Palena, por insalubridad, ha encendido las alarmas en la zona. La Seremi de Salud ha dictaminado que el recinto presenta fallas críticas en los sistemas de cámaras de aguas servidas, ventilación y extracción de aire, provocando excesivo calor y la emanación de gases y olores putrefactos en las aulas y servicios higiénicos.
Las dudas son mayúsculas y la indignación es palpable ante la magnitud de estos problemas, especialmente si se considera que es una infraestructura educacional relativamente nueva. Entregado hace apenas cinco años, en marzo de 2020, tras una inversión de $8.500 millones y calificado como un "lujo" de "alto estándar", es incomprensible que un proyecto de esta envergadura presente vicios constructivos tan graves en tan corto tiempo.
El daño a los procesos educativos de los 270 alumnos, desde prekínder hasta cuarto medio, y a los adultos que buscan nivelar estudios, es evidente e inmediato. La educación es un derecho fundamental, y su interrupción bajo estas condiciones de insalubridad genera un perjuicio evidente para los estudiantes. No sólo se pierde el tiempo de clases, sino la continuidad del aprendizaje y la estabilidad emocional que un ambiente escolar seguro debe proveer.
El Ministerio de Educación y la Municipalidad de Palena deben actuar con la máxima celeridad y determinación, implementando fórmulas que garanticen la continuidad de estudios en condiciones dignas para todos los estamentos del colegio. Se necesitan planes de contingencia inmediatos, que pueden ir desde el uso de recintos alternativos hasta la habilitación de soluciones provisorias seguras, mientras se trabaja a contrarreloj para subsanar definitivamente las falencias.
Pero no es lo único. Es imperativo que se inicie una profunda búsqueda de responsabilidades para este grave problema constructivo. En una obra en la que el Estado invirtió recursos cuantiosos provenientes de todos los chilenos y no se puede permitir que vicios de diseño o ejecución queden impunes. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para recuperar la confianza pública en la gestión de proyectos financiados con el dinero de todos.