El Barómetro Regional 2024 de la Universidad de Los Lagos, en su séptima versión y como termómetro fidedigno de la percepción ciudadana, ha vuelto a poner de manifiesto una realidad por todos conocida: la delincuencia y la seguridad son, por lejos, las principales inquietudes de los habitantes de la Región de Los Lagos. Esta conclusión, lejos de ser una novedad, reitera un diagnóstico consistente con encuestas anteriores realizadas por diversas instituciones, consolidando una demanda popular que las autoridades no pueden ignorar.

El dato estadístico cobra una cruda y dolorosa relevancia al concatenarse con la realidad que se vive. Esta semana, Puerto Montt fue testigo de un hecho que ha calado hondo en la comunidad: un joven estudiante de la Universidad de Los Lagos fue atacado brutalmente en la cuesta Ejército por delincuentes que, sin miramientos, le propinaron tres puñaladas sólo para robarle una mochila. Este acto de violencia sin sentido no es un incidente aislado; es una muestra palpable de la ola de inseguridad que azota a la región y el país.

Frente a esta realidad, la necesidad de un rol activo y decisivo del Gobierno se hace indiscutible. La ciudadanía ya no puede esperar más por respuestas concretas. Se requieren planes efectivos, dotados de recursos y determinación, para combatir frontalmente esta delincuencia que no sólo roba bienes, sino que atenta contra la tranquilidad y la libertad de la población. Pero la responsabilidad no es sólo del nivel central. El municipio tiene que asumir un rol proactivo y contundente en la prevención local, mediante acciones directas y visibles, como la mejora sustancial de la iluminación en la vía pública, la recuperación de espacios abandonados y el fortalecimiento de la presencia preventiva.

La situación de inseguridad que se enfrenta no admite más mesas de diálogo, comisiones de estudio o diagnósticos recurrentes. La delincuencia ha traspasado el umbral de la tolerancia y exige actuaciones y determinación por parte de quienes ostentan el poder y la obligación de protección. Es hora de transformar la preocupación ciudadana en acciones contundentes y resultados tangibles que devuelvan la paz y la seguridad a la comunidad.

¿Han percibido el volumen de una bocina de un microbús, que desprevenidamente ocupa el sonido para saludar a otro microbús? ¿Hemos pensado en algún momento en las personas en situación de discapacidad que luchan día a día frente a una sociedad poco inclusiva y que se ven afectadas por estos sonidos, por un tubo de escape adulterado, por un simple altercado de bocina de dos automóviles que tuvieron un imprevisto o que simplemente la paciencia les falló y la bocina la transformaron en su medio de "reclamo"?

Quizás no hemos tomado conciencia del grado de afectación para un niño o niña con Trastorno del Espectro Autista o para una persona dializada que viene de estar cuatro horas en un centro de diálisis y que acude a tomar locomoción o simplemente transitar como peatón frente a estos hechos.

Son muchas las variantes que inciden y que en muchos casos no tomamos la conciencia que se merece. Tanto así como las duplicaciones de fotocopia en credenciales de discapacidad de personas que no viven con ella, pero que usan dicho documento para estacionar en un lugar exclusivo para la discapacidad.

De acuerdo a últimos antecedentes, en Chile hay más de 2,7 millones de personas que viven en situación de discapacidad. Un 11,4% de la población estimada presenta una discapacidad severa y un 6,2% discapacidad leve o moderada dentro de la población adulta del país. Es un gran desafío que implica tener ciudades más amables, mejor planificadas y más ordenadas, porque vivir en situación de discapacidad implica sobrevivir a la displicencia, en muchos casos, de no contar con las condiciones mínimas favorables en aspectos tan sencillos como no tener un asiento preferencial al tomar la micro, al querer trasladarse en una vereda (en mal estado) con la silla de rueda, el bastón o en muletas, en el barrio o población donde se vive.

Impulsar un plan de ordenamiento en las ciudades es fundamental, tal caso como lo que se vive en calle Cauquenes de Puerto Montt. Pensemos cómo lo viven las personas en situación de discapacidad, empaticemos en la necesidad de planificar mejor el desarrollo comunal.

Esta reflexión la hago desde la "no discapacidad", pero asumida como un pequeño aprendizaje para la toma de conciencia y respeto, principalmente para que juntos podamos contribuir a sociedades más amables y más inclusivas, desde la transformación educativa y cultural.

Los cambios sociales toman su tiempo, pero de todos depende contribuir a la integración y a las acciones estructurales inclusivas. Por los que vienen y por los que están.

80 años | 10 de mayo de 1945

Implementan 8 medidas contra fiebre aftosa

Ante el brote de fiebre aftosa y cierre de la feria de Puerto Varas, se dictaron ocho severas medidas. Estas incluyen: inspección de ganado por Carabineros y veterinario provincial, sanciones a quienes oculten animales enfermos, prohibición de embarque sin certificado veterinario y desinfección de carretas. Se restringen las comunicaciones entre Puerto Montt y Los Muermos.

50 años | 10 de mayo de 1975

Corvi entrega viviendas en Llanquihue y Chiloé

Corvi inició la entrega de viviendas en Llanquihue y Chiloé, como parte de los programas del Ministerio de Vivienda. El vicepresidente de Corvi y el delegado Pablo Kracht supervisaron los avances y la adjudicación de casas permanentes y semipermanentes en Puerto Montt, Frutillar, Fresia, Calbuco y otras localidades de la zona.

10 años | 10 de mayo de 2015

Damnficados acusan el no pago de los bonos

Cerca de 170 personas de distintos albergues de Puerto Montt, damnificadas por la erupción del volcán Calbuco hace más de dos semanas, acusan al Gobierno de incumplir la promesa de pago de bonos de arriendo desde el viernes. Los afectados, que se refugiaban en el Liceo Pedro Aguirre Cerda, realizaron una toma pacífica y amenazaron con regresar en caravana a sus hogares.