Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Cabotaje
VUELVE A COMISIÓN. Iniciativa será sometida ahora a indicaciones, como la de solicitar una moratoria, en lo que coinciden dirigentes gremiales del sector.
El Senado aprobó en general, con 33 votos a favor, siete en contra y cinco abstenciones, el proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, con el objetivo de fomentar la competencia en el cabotaje marítimo nacional.
Tras esta resolución, el proyecto impulsado por el Ejecutivo regresó a la Comisión de Transportes de la Cámara Alta para la presentación de indicaciones, plazo que se extenderá hasta el viernes 30 de mayo.
Iván Moreira (UDI), senador por la Región de Los Lagos, señaló que "quedan etapas para imponer la racionalidad y buscar fórmulas que permitan avanzar sin perjudicar el cabotaje de la zona sur austral". Al justificar su abstención, Moreira remarcó su intervención directa y categórica: "No vamos a permitir que un proyecto, concebido para el norte, termine perjudicando a Los Lagos, Aysén y Magallanes. De aprobarse en su forma actual, corremos el serio riesgo de desmantelar en pocos años una industria competitiva cuya construcción ha tomado décadas. No podemos permitirlo".
Explicó que no votó a favor porque el proyecto "amenaza potencialmente miles de empleos en el sur austral y pone en riesgo una industria que actualmente goza de buena salud en términos de competencia, precios y accesibilidad".
Entre otros puntos, la iniciativa permitiría que naves mercantes extranjeras realicen cabotaje entre puertos chilenos si no existen servicios regulares de embarcaciones nacionales. Además, faculta a la autoridad naval para autorizar a barcos extranjeros con una eslora igual o superior a 150 metros a participar en el cabotaje por un período de un año, renovable una única vez.
Asimismo, las naves de pasajeros extranjeras podrían participar en el cabotaje entre puertos si su capacidad es igual o superior a 400 pasajeros y su función principal es el transporte turístico.
Moreira adelantó que seguirá de cerca la discusión particular y enfatizó que no permitirá que el sur austral se vea afectado "por un proyecto diseñado para solucionar problemas de las zonas centro y norte del país".
Protección para el sur
Por su parte, Alejandro Tenorio, secretario del Sindicato de Oficiales de la Marina Mercante Austral (Siomma), reiteró que dicha ley "no puede modificarse del paralelo 41 al sur" y que "debe mantenerse en los mismos términos en que funciona actualmente". Propuso aplicar una moratoria de diez años "que permita observar las consecuencias del paralelo 41 al norte".
Tenorio expresó su rechazo a que naves de comercio exterior, con tripulación extranjera, operen carga y descarga en puertos chilenos sin que dicha actividad sea considerada cabotaje. Subrayó además que "nuestra cadena logística y alimentaria no puede quedar en manos extranjeras".
Mientras tanto, Walter Sandoval, presidente del Sindicato Interempresas "Mar del Sur", se mostró a favor de aplicar una excepción a la industria de cabotaje del sur austral por un período de ocho a diez años.
Anunció que, junto a la Federación de Sindicatos Fesitrasur y el Sindicato de Mujeres de la Marina Mercante, presentarán indicaciones antes del 30 de mayo. En ellas, "solicitaremos a los senadores proteger la actividad del paralelo 41 hacia el sur y que, desde ese punto hacia el norte, se aplique la apertura del cabotaje".
Sandoval informó que han realizado gestiones ante el gobernador regional, Alejandro Santana, y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, para solicitar su apoyo. De estas conversaciones surgió la idea de conformar una alianza de gobernadores, alcaldes y senadores del sur austral para respaldar la postura gremial. "En el sur ya existe competencia. Un número importante de naves chilenas realiza cabotaje. Introducir naves extranjeras sería muy complejo".
Sandoval agregó que el proyecto permitiría que naves que llegan con flete pagado realicen cabotaje entre puertos chilenos. "En sus rutas de salida, podrían recoger cargas adicionales, lo que generaría un desempleo considerable para las tripulaciones chilenas".
2 ministros asistieron a la votación en el Senado: Juan Carlos Muñoz, de Transportes y Telecomunicaciones; y, Nicolás Grau, de Economía.