CDE pide penas más altas para cuatro acusados en millonaria malversación
GOBIERNO REGIONAL LOS LAGOS. Diecisiete años de cárcel es el piso que requirió el Consejo de Defensa del Estado en la arista transferencias irregulares por $316 millones a terceros.
La Procuraduría Fiscal de Puerto Montt del Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una acusación particular en contra del tesorero del Gobierno Regional de Los Lagos, José Mora Cárcamo, y otros tres imputados de cometer el delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos por un total de $316.931.413, y a la vez solicitó la aplicación de penas que parten en 17 años de cárcel.
De esta manera, el CDE planteó una discrepancia con la acusación interpuesta por el Ministerio Público, a través del fiscal Patricio Poblete, en específico en cuanto a la calificación jurídica de los hechos y al tipo de participación que le cabe a cada uno de los acusados, luego que la Fiscalía solicitara penas que van desde los 7 años a los 18 años de presidio -esta última para el principal acusado- en la indagatoria que se desarrolló durante 20 meses y que cerró su investigación en marzo recién pasado.
Asimismo, la Procuraduría de Puerto Montt interpuso además una demanda civil por indemnización de perjuicios a raíz de lo que considera una afectación patrimonial para el Fisco de Chile ascendente a $316.931.413, sin considerar reajustes, intereses y costas, en razón al delito en el cual -a su juicio- les ha cabido participación en calidad de autores a los cuatro acusados, "por cuanto los demandados, de modo fraudulento y tal como se explicó en la narración de los hechos que sostienen la acusación particular, ocasionaron un perjuicio económico al erario público", dice la acusación.
Penas más duras
La acusación particular del CDE fue presentada el pasado 18 de marzo por el abogado Lucio Díaz Rodríguez. En ella, se deduce una acusación particular por los mismos hechos imputados por la Fiscalía, pero que difieren en la calificación jurídica.
En ella, se les atribuye participación a los cuatro acusados en los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, reconociéndoseles solamente la atenuante de irreprochable conducta anterior del artículo 11 N°6 del Código Penal.
Respecto a las peticiones de pena, para el acusado José Rigoberto Mora Cárcamo, el CDE concuerda con el Ministerio Público en cuanto a solicitar 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito de malversación de caudales púbicos y de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de lavado de activos.
Sin embargo, respecto del acusado Sergio Miralles Triviño se solicita una pena de presidio mayor en su grado medio y multa a beneficio fiscal del doble de lo sustraído (esto es, el equivalente a un monto de 495.746.458 pesos), además de la inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, más la incorporación de su huella genética, por el delito de malversación de caudales públicos; a lo que se suma la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa a beneficio fiscal de 300 UTM por el delito de lavado de activos.
Similar pena requirió el CDE respecto a las acusadas Rocío y Magaly Mora Cárcamo, hermanas del principal acusado y miembros del directorio de la Agrupación Cultural Mirador, para quienes se solicitó la pena de 10 años de presidio mayor en su grado medio, multa a beneficio fiscal del doble de lo sustraído (esto es, el equivalente a 121.780.000 pesos) e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, más la incorporación de su huella genética, por el delito de malversación de caudales públicos y la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa a beneficio fiscal de 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por el delito de lavado de activos.
Reintegrar los fondos
El presidente de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Los Lagos, César Negrón (RN), se mostró conforme con la acusación presentada por el Ministerio Público. El core agregó que espera que esta causa no llegue a un juicio abreviado ni simplificado, sino que a un juicio oral en lo penal "para que también ahí podamos conocer más detalles de lo que arrojó esta investigación. Y si este funcionario en definitiva es sentenciado como culpable, por supuesto que se puedan otorgar las penas más gravosas que existan porque esto tiene que ser un precedente para todos aquellos que hoy día están dentro del sistema público y que por ahí les ha entrado la inquietud de cometer algún ilícito", manifestó.
Asimismo, el consejero Negrón espera que posteriormente, en un juicio civil, se busque la manera de reintegrar los recursos defraudados.
Abogado critica sumario
El abogado querellante Óscar Montecinos, quien representa a 6 funcionarios del Gore Los Lagos, fue crítico con respecto a declaraciones del director del Departamento Jurídico del Gobierno Regional, el abogado Mauricio Rojas, en relación al sumario administrativo por este caso, que aún no concluye.
"Nos parece dudoso, poco confiable y una pésima señal para la ciudadanía en general", dijo. "Que este sumario no esté terminado, nos cabe hacer la pregunta de ¿cuál será la sanción que va a recibir este funcionario? Pues si es la destitución, sería una pésima noticia a la ciudadanía que recién ahora esta administración, y después de los meses que han transcurrido, haya terminado un sumario en el cual estaban todos los antecedentes para poder asumir una buena decisión final", refrendó Montecinos.
En ese sentido, el jurista expresó que "una vez más comprobamos que los sumarios administrativos no funcionan y no son una solución efectiva para terminar con las negligencias inexcusables de la autoridad anterior respecto a estos delitos cometidos con el erario público", comentó.
$316 millones 931 mil 413 es la cifra que el CDE busca restituir a través de una demanda civil contra los acusados.