Carlos Ilabaca

Nuevos antecedentes que dan cuenta de eventuales irregularidades en la ejecución del programa cuyo convenio fue celebrado entre el Gobierno Regional (Gore) y la Fundación Centro Universitario para la Innovación, fueron aportados a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el abogado Marcos Velásquez y Claudia Reyes, ex candidata a gobernadora regional por el Partido Republicano.

Reyes y Velásquez, éste último en calidad de abogado patrocinante, presentaron el 19 de noviembre del año recién pasado ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt una querella criminal "en contra de los funcionarios públicos que resulten autores, cómplices o encubridores de los delitos de fraude al fisco del artículo 239 del Código Penal, y en contra de quienes resulten responsables". Esta fue declarada admisible el 25 de noviembre, por lo que la indagatoria pasó a manos de la Fiscalía.

En virtud de esta acción legal, Reyes fue citada a declarar el pasado 11 de febrero en el cuartel de la PDI en Puerto Montt, para ratificar los antecedentes esbozados en el documento, entre los cuales menciona diversas inquietudes planteadas por pescadoras artesanales de Chiloé y Hualaihué especialmente, quienes cuestionaron tanto la génesis del programa que entregó $1.500 millones a la referida fundación, como sus resultados concretos, considerando por ejemplo que casi $700 millones fueron destinados a consultorías, gastos administrativos, difusión, capacitación "y un montón de cosas intangibles", esbozó la representante del Partido Republicano.

Desconocida Resolución

Reyes proporcionó documentación hasta ahora inédita, que da cuenta que el ex gobernador regional Patricio Vallespín, con fecha de 6 de diciembre de 2024, es decir dos semanas después de la presentación de la querella y un mes antes de dejar el cargo, decidió a través de la Resolución Exenta N°5996 poner término anticipado al convenio de transferencia celebrado con la referida entidad privada para el desarrollo del programa "Recuperación Económica para el empoderamiento de mujeres de la pesca" y requirió el cobro de la póliza de garantía de la compañía HDI Seguros, cuya fecha de vencimiento expiraba seis días después; o sea, el 12 de diciembre de 2024.

La resolución firmada por el ex gobernador regional tomó en consideración un informe financiero evacuado por la División de Presupuesto e Inversión Regional (Dipir), el cual constató "incumplimientos en las obligaciones emanadas del convenio, respecto a no subsanar observaciones en rendiciones ingresadas al Gobierno Regional en los términos consignados en el convenio; y que, de las fiscalizaciones realizadas en terreno, se ha constatado incumplimiento en la ejecución de la infraestructura comprometida en los términos técnicos de referencia".

Asimismo, se menciona un informe técnico evacuado por la División de Fomento e Industria (Difoi), el cual individualiza "incumplimientos reiterados en la ejecución del programa" lo que ha "generado una pérdida de confianza en la capacidad de la Fundación en poder gestionar los recursos públicos y cumplir con los objetivos del convenio", dice.

Al respecto, Reyes afirmó que en virtud de estos antecedentes "creo que es relevante saber y conocer más. Yo sé que esto es materia de investigación, pero pasan los días y la gente, los beneficiarios; o sea, las personas perjudicadas, necesitan una respuesta pues ven pasar los meses y no ven ninguna señal". Finalmente, precisó que "nosotros estamos dispuestos a colaborar con toda información que nos soliciten. Claramente, este nuevo documento que fue firmado el 6 de diciembre se debe agregar a la investigación", enfatizó.

Ley de Transparencia

Por su parte, el abogado Velásquez comentó que solicitaron información vía Ley de Transparencia acerca de este convenio, lo cual les fue negado por el ex administrador regional subrogante, Luciano Belmar, durante la administración del ex gobernador Vallespín. "Lo volvimos a hacer después que asumió el gobernador Alejandro Santana, y pedimos exactamente la misma información, y se nos envió la carpeta de lo que pedíamos", contó.

Puntualmente, esa información consulta en qué se gastó los recursos del programa, los decretos de adjudicación de los convenios, las bases y las especificaciones de cada contrato, así como las rendiciones, detalló el jurista.

Sobre el término anticipado del convenio, el consejero regional (core) por Chiloé, Francisco Cárcamo (RN), quien preside la Comisión de Fomento, dijo no tener información. Mostró su absoluta extrañeza, por cuanto fue uno de los cores que apoyó a las beneficiarias de la pesca artesanal a las que no se les cumplió las condiciones prometidas para impulsar sus emprendimientos gastronómicos.

La Fundación Centro Universitario para la Innovación confirmó el cierre anticipado del programa que ejecutaba en la región, pero afirmó que tras haber sido notificada el 9 de diciembre, presentó una apelación que no ha sido contestada.

"La decisión carece de una fundamentación detallada y que es importante contar con mayores antecedentes sobre los motivos que llevaron al cierre del programa. En particular, se ha solicitado precisar el marco jurídico en el que se basa la resolución, así como los hechos específicos que justifican su aplicación. A la fecha, aún no se ha recibido respuesta al recurso, y la institución mantiene su disposición al diálogo para esclarecer la situación y avanzar en un cierre ordenado del programa, confiando en que la nueva administración analizará el caso con detenimiento", sostuvieron a través de un comunicado ante las consultas de El Llanquihue.

Junto con reiterar su compromiso con la finalización de las actividades pendientes, desde la fundación detallaron que hasta diciembre de 2024, 14 mujeres de la pesca artesanal estaban ejecutando obras e implementando sus planes de inversión, los cuales debieron ser suspendidos. "A dicha fecha, el programa mantenía sus rendiciones financieras al día, restando apenas un 4% para completar la ejecución de sus indicadores", informaron.