Corte Interamericana responsabiliza al Estado de la muerte de 10 jóvenes
DERECHOS HUMANOS. Tribunal resolvió que el Estado de Chile "no tomó las medidas necesarias para prevenir el incendio" ocurrido el 21 de octubre de 2007 en centro cerrado de ex Sename, ubicado al lado de la ex cárcel Chin Chin, en Puerto Montt. Nuevo recinto fue levantado hace 3 años, pero aún no funciona.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó internacionalmente al Estado de Chile por la muerte de 10 jóvenes que estaban en internación provisoria en el Centro Cerrado del ex del Servicio Nacional de Menores (Sename) Tiempo de Crecer, ubicado a un costado de la ex cárcel Chin Chin de Puerto Montt, el 21 de octubre de 2007.
El fallo, que fue redactado el 20 de octubre de 2024, pero que se conoció el martes, declaró la responsabilidad del Estado por violaciones de Derechos Humanos vinculadas a las condiciones de privación de libertad en las que permanecieron 271 jóvenes, los que, en diversos periodos entre el 12 de junio de 2006 y el 24 de enero de 2009, estuvieron alojados en los centros de internación provisoria y régimen cerrado Lihuén (de Limache), Antuhué (de Rancagua), San Bernardo (San Miguel) y Tiempo de Crecer (Puerto Montt) que estaban a cargo del ex Sename.
El documento también da cuenta de la responsabilidad estatal por la vulneración a la protección judicial de las personas internas en los cuatro centros referidos a cuyo favor se presentaron recursos de amparo que no resultaron efectivos para tutelar sus derechos. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere al pago de indemnización a todas las víctimas por un monto superior a los $700 millones.
Prevenir
En la resolución, el tribunal se refiere al reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por Chile y determinó que el Estado, pese a la posición particular de especial garante que detentaba respecto a la población privada de libertad en el Centro Tiempo de Crecer de Puerto Montt, "no tomó las medidas necesarias para prevenir el incendio del 21 de octubre de 2007, ni tampoco actuó con la diligencia debida frente al desarrollo del incidente".
Señala que el incendio "derivó en afectaciones a la integridad personal y a la vida de los 10 jóvenes que fallecieron a causa de la situación crítica" indicada. Por lo anterior, la Corte señaló que "el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y de la niñez, en perjuicio de los jóvenes".