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"Este es un tema de rendición de cuentas que estaba con estos funcionarios y que no se revisaron bien o no se hicieron los procesos correspondientes. Pero nosotros, como consejeros regionales, desde ahora en adelante vamos a comenzar a solicitar las rendiciones y el detalle de estas ejecuciones de los proyectos que nosotros aprobamos", dijo Vásquez, quien insistió que "es un tema que viene de la administración anterior y que nosotros estamos velando, porque ojalá rindan lo antes posible, se transparente esa información y los dineros que conlleva a ello y que se cumpla lo estipulado en los convenios".
Asimismo, la consejera regional expresó la disponibilidad para trabajar mancomunadamente y en conjunto "para que no sucedan estos episodios".
El consejero por la provincia de Osorno y uno de los más críticos de los fondos transferidos a fundaciones, Alexis Casanova (RN), apuntó que el Caso Convenios bien parece una serie de Netflix, cada vez con más capítulos.
"La verdad yo en esta nueva administración, que recién comenzó el 6 de enero, pensé que ya había terminado la temporada y todos sus capítulos, pero lamentablemente comenzó una segunda temporada con este juicio de cuentas. Esto no le hace bien a la imagen corporativa del Gobierno Regional, que ya sufrió bastante en la administración anterior con la primera temporada; tampoco le hace bien a la región. Quiero dejar muy en claro que los juicios de cuentas son juicios personales, no son juicios institucionales", subrayó.
Con respecto a las fundaciones que han sido cuestionadas, el consejero Francisco Reyes (PS) hizo una particular evaluación.
"Yo he sido claro en particular que con Kimün hubo un robo. Y en el caso de Participa hubo un engaño en la forma de promover el programa, porque si las carpetas no fueron tramitadas por Bienes Nacionales, y si no hubo precisamente la entrega de beneficios a la gente, pagamos por algo que no funcionó. Y en ese sentido puede haber una interpretación de que se cumple finalmente con lo exigido por el Gobierno Regional; pero se miente al mismo tiempo, porque no sirvió de mucho o no sirvió de nada", opinó.
El también core por Osorno, reconoció que deben existir investigaciones para que los estándares administrativos se refuercen en el futuro inmediato. "Y si esto está afectando a algunas personas que tomaron responsabilidades directivas, es lógico que recaigan precisamente en nombre de un juicio u otro juicio sobre ellos, porque ellos estaban en ese momento al mando", agregó.
El consejero Reyes apuntó que es necesario aprender de las lecciones que dejó el Caso Convenios y especificó que desde esa función espera cumplir su rol fiscalizador, siendo igual de riguroso respecto de con quiénes se hacen convenios, contrataciones y vinculaciones público-privadas.
Por su parte, el consejero Rodrigo Arismendi (Ind.-UDI) resaltó la importancia de transparentar todo lo ocurrido con el también llamado Caso Fundaciones y enfatizó que las responsabilidades tienen que asumirse. "Todos hemos sido siempre muy claros desde el Consejo Regional, que la investigación siga su curso. Básicamente, esto tiene que arrojar un resultado. Si hay culpabilidades, estas tienen que asumirse. Entiendo que estamos en esa etapa (...). Es necesario transparentar lo que pasó con el caso Fundaciones, es necesario que se investigue y que lleguemos a la causa final y que se llegue a una determinación. Y la persona que lamentablemente tenía la responsabilidad administrativa, va a tener que asumir la culpabilidad. Si hay que restituir esos recursos, va a tener que asumirlo", dijo.
"Este juicio de cuentas es consecuencia de un proceso de auditoría previo, implementado por la Contraloría regional"
Mauricio Rojas, jefe del, Departamento Jurídico del, Gobierno Regional (Gore).
"Este es un tema de rendición de cuentas, que estaba con estos funcionarios y que no se revisaron bien o no se hicieron los procesos correspondientes"
Yasna Vásquez, presidenta, de la Comisión Hacienda, del Consejo Regional (Core).
29 programas ejecutados por fundaciones, corporaciones y universidades fueron cuestionados por la Contraloría, que no formalizó la toma de razón.
45 millones de pesos es el monto objetado por la Contraloría a las rendiciones que entregaron la Corporación El Canelo y Fundación Participa.