Comisión para la seguridad
La instancia creada para evaluar la efectividad de asignación de recursos debiera generar cierto marco para garantizar la efectividad de los proyectos en esta área.
Prácticamente no hay ninguna duda en cuanto a la crisis de seguridad en que se ha sumido el país. El aumento de delitos y la irrupción de fenómenos que hasta hace algunos años eran desconocidos para los chilenos, como el sicariato, trata de personas, ajuste de cuentas y crimen organizado, dan cuenta de un nuevo escenario para autoridades y la comunidad que debe ser enfrentado con determinación y sentido de urgencia, antes de que se siga escalando a peldaños cada vez más inmanejables.
Aunque el combate a la delincuencia es sobre todo una responsabilidad del nivel central, dada la configuración del Ministerio del Interior, hay algunas señales que permiten avizorar cierto cambio de tendencia que pudiese beneficiar la adopción de estrategias particulares para cada región, según sus realidades. Uno lo es la aprobación del proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad, que contempla la conformación de instancias regionales que ayuden en la generación de políticas públicas en torno a esta urgencia; y lo otro es el involucramiento creciente de las esferas regionales en esta materia.
En este escenario se inscribe la creación esta semana en Puerto Montt de una Comisión de Seguridad de Los Lagos al alero del Consejo Regional (Core), y a la que concurrirán también las policías, Gendarmería, Ministerio Público, Delegación Presidencial, servicios públicos, alcaldes y representantes de la comunidad. En un plazo acotado de 90 días, esta instancia evaluará los recursos aportados desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para materias de seguridad y, asimismo, elaborará propuestas orientadas a focalizar el gasto, pues estos tiempos de recursos escasos y múltiples demandas, exigen focalización.
La misión asignada a esta comisión es crucial para dilucidar la efectividad de los proyectos que hayan sido financiados con los recursos regionales. Esto requerirá una mirada crítica, comparando el programa inicial como sus resultados; y allí se necesitará la máxima sinceridad, en beneficio de la opinión pública, para decir con franqueza que tales o cuales iniciativas fueron un éxito y cuales fueron un fracaso. Será un diagnóstico certero y legítimo en la medida que se trace una línea de efectividad, de lo contrario, se seguirán repartiendo fondos públicos sin ninguna perspectiva medianamente segura del cumplimiento de sus objetivos.