Diez minutos se concedieron a cada senador ayer para argumentar su voto del proyecto de reforma de pensiones, impulsado por el Gobierno, lo que derivó en una jornada maratónica de la cual, al cierre de esta edición, aún no se conocía el resultado, aunque se apreciaba favorable desde La Moneda. No obstante, el Presidente Gabriel Boric utilizó su facultad de convocar a la Cámara de Diputados mañana miércoles, pese a la semana distrital, para terminar esta etapa en enero, como se propuso La Moneda.

En la Sala estuvieron los ministros de Hacienda y del Trabajo, Mario Marcel y Jeannette Jara. Esta última destacó que las pensiones son "uno de los dolores más grandes de la sociedad chilena en la última década. Y esperamos haber contribuido desde el Ejecutivo a llegar a un buen acuerdo", tras las críticas por aliarse con la oposición en puntos como elevar la cotización.

Marcel luego señaló que "habiendo llegado más lejos que ningún otro proyecto que se haya discutido sobre esta materia en los últimos años, creo que este es el momento de darle una señal poderosa al país de que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una reforma sustantiva, que compartimos los objetivos de esa reforma, fuimos capaces de innovar y crear nuevos mecanismos para responder a esas necesidades y que, finalmente, con todo ese trabajo, le podemos decir a los pensionados de hoy y también a los pensionados de mañana que hay una respuesta del Estado, hay una respuesta del sistema político, hay una respuesta de Chile a sus necesidades".

El senador Matías Walker (Demócrata) anunció su voto a favor porque "tengo la absoluta convicción que este es un muy buen acuerdo para Chile. Es un buen acuerdo porque va a beneficiar directamente a 2,8 millones de adultos mayores, aumentando sus pensiones entre un 14% y un 35%, un impacto mucho mayor al alcanzado por la reforma del 2008. Más de 900.000 afiliados recibirán un beneficio por tiempo cotizado y cerca de 800.000 mujeres serán compensadas por las desigualdades de expectativas de vida. Esta reforma deja atrás esta cotización del 10% y vamos a alcanzar una cotización obligatoria del 18,4%, en sintonía con las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)".

Esto pese a que su par y líder del partido, Ximena Rincón, dijo previamente en Radio Agricultura que "una reforma tan importante como esta tiene que ser revisada con minuciosidad, con detalle. No nos podemos equivocar, no podemos tener 'un Transantiago previsional'", en referencia a que el domingo por la noche fue enviado el último informe.

Esta observación se repitió en el oficialismo, donde el senador Pedro Araya (PPD) indicó en Sala que "este Senado debió tomarse el tiempo necesario para conocer, analizar y discutir en profundidad el proyecto", debido a que "es muy difícil comprender a cabalidad y en detalle los contenidos de la reforma que aprobaron las comisiones de Trabajo y de Hacienda".

La reforma "tendrá impactos en el mercado laboral, en el mercado de capitales, en las finanzas públicas, es decir, efectos micro y macroeconómicos. Es por ello que debemos reducir los riesgos de incurrir en errores, no nos puede volver a ocurrir lo que nos pasó con la Ley corta de Isapres, donde no advertimos los efectos indeseados, casi absurdos", recordó el legislador oficialista, junto con advertir que la iniciativa "les otorga más poder (a las AFP). El aumentar el ahorro previsional profundiza la participación de las AFP en el mercado de capitales".

La ministra de Defensa y nieta del Presidente Salvador Allende, Maya Fernández, junto a la senadora e hija del Mandatario, Isabel Allende, hace unos días fueron llamadas a declarar en el Ministerio Público por la fallida venta de la casa de Allende, porque la Constitución prohibe a sus secretarios de Estado la celebración de contratos, el que, en este caso, fue firmado hasta por el Presidente Gabriel Boric.

Fernández y Allende hicieron uso de su derecho a guardar silencio, ante lo cual ayer el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que "el guardar silencio no es una forma de colaborar, pero la declaración del imputado no es una diligencia investigación, sino que es propiamente un derecho, es el derecho de una persona que está siendo investigada".

El persecutor destacó que "esa investigación sigue por una cuerda y en aquella investigación, tal como en todas, no hay nadie sobre la Ley, y las personas que tienen la calidad imputada pueden renunciar a su derecho o guardar silencio, y en consecuencia eso tiene un límite, una lógica, hacen lo que mejor les conviene de acuerdo a su estrategia defensiva".

"Otra cosa es la política, pero respecto de la política, de las consecuencias, reflexiones políticas en torno al ejercicio de sus derechos de establecer la Ley, a mí no me corresponde, ni tiene opinión ni comentario", señaló Valencia. La oposición ha solicitado la renuncia de la ministra Fernández y el cese del cargo de la senadora Allende.

"una brutalidad"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo en Radio Infinita que "es absurdo pensar en mala fe en este caso porque (...) pasó por el Parlamento, la Contraloría", por eso "insólito es que no se hayan descubierto antes, que en todos estos controles ninguna de las personas que chequeó los antecedentes no haya advertido".

"No haber advertido esta incompatibilidad no sólo es una desprolijidad, creo que desprolijidad es un término demasiado complicado: es una brutalidad que esto no se haya advertido oportunamente, esa es la verdad", sostuvo Tohá.

El Gobierno declaró ayer estar prestando colaboración a la Fiscalía. La Segunda, en tanto, publicó que la senadora Allende aprobó el Presupuesto 2023 que incluía recursos para comprar el inmueble cuya propiedad comparte con la ministra Fernández. Documentos señalan que se pagarían $933 millones.