"Además de ser una persona muy carismática, siempre ha destacado por su alto nivel de compromiso"
Marcelo Ponce, superintendente de Bomberos de Puerto Varas
y el caso de un voluntario que sufrió un infarto durante incendio forestal en la Ruta 5 Sur.
El ministro de Hacienda respondió a la solicitud del diputado Héctor Correa sobre la exención del pago de contribuciones para propiedades con avalúos inferiores a $10 mil pesos en Castro. La respuesta abarca puntos legales y administrativos relacionados con exenciones fiscales, recaudación de impuestos y las implicaciones para los propietarios.
El relleno de la Costanera de Puerto Montt, en el sector de la rampa, está en curso para construir un terminal de buses. Este terminal tendrá una amplia sala de espera y oficinas para venta de pasajes. Anteriormente, se intentó sin éxito el mismo proyecto. El nuevo terminal estará ubicado frente al Mercado de la Rampa y ocupará el área pendiente de relleno.
En el Concejo Municipal de Puerto Varas, se produjo un altercado entre los concejales Ariel Guzmán (UDI) y Patricio Godoy (Ind). Tras una sesión tensa, Guzmán intentó agredir a Godoy, siendo detenido por cercanos. Godoy había cuestionado gastos municipales, lo que provocó descalificaciones y amenazas. Guzmán pidió disculpas, lamentando el incidente.
Durante los últimos años, la inclusión de personas con discapacidad (PcD) ha avanzado en diversos ámbitos, siendo la inclusión laboral el aspecto en que se ha observado el mayor impacto, gracias a la ley 21.015 que, desde su entrada en vigencia en 2018, indica que toda empresa con 100 o más trabajadores debe reservar el 1% de sus plazas para PcD.
A 6 años de esta normativa y con resultados bajo lo esperado, se ha tomado la decisión de aumentar la cuota al 2%. No obstante, de acuerdo a la especialista Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello, este incremento está condicionado al cumplimiento del 80% de la meta actual, un desafío significativo dado el contexto.
Por un lado, los datos muestran que el camino es complejo: según Fundación Contrabajo, solo el 23% de las empresas sujetas a la ley han entregado información sobre su cumplimiento y, de los contratos registrados, solo el 45,8% se mantienen vigentes. Esto evidencia no solo una baja tasa de adhesión, sino también dificultades para garantizar la sostenibilidad laboral de las PcD. Por otro lado, la falta de fiscalización y monitoreo efectivo pone en riesgo la correcta implementación de estas medidas. Sin un seguimiento adecuado, el aumento del 1% al 2% podría quedarse en buenas intenciones.
Las empresas, instituciones públicas y la sociedad en general, debemos entender que la inclusión no solo es una obligación ética, sino una oportunidad para construir espacios más diversos en los que ningún talento quede al margen. El desafío está en reconocer que la diversidad enriquece a todos.
Aún queda mucho por hacer. La nueva cuota del 2% es muestra de la decisión de avanzar, pero requiere compromiso y acción concreta. Solo así podremos construir la sociedad inclusiva que todos soñamos.
Tanto el anuncio de la ministra Orellana, a fines del año 2024, en cuanto a que no sería posible enviar al congreso el proyecto de ley de aborto sin causales antes del 31 de diciembre, como era el deseo del gobierno, así como el sarcástico comentario de la misma ministra a la opinión manifestada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, en cuanto a que era buena noticia que no se enviara aún al congreso un proyecto de ley de este tipo, ha vuelto a ponerse en la discusión pública el tema del aborto.
La discusión no trata solamente sobre los fundamentos jurídicos y éticos de una ley de aborto sin causales, sino también por el intento del Ejecutivo de modificar el reglamento de la ley de aborto en tres causales, en vigor desde el año 2017.
En este segundo aspecto, lo que está en discusión es la garantía de acceso al aborto y la objeción de conciencia. El Ejecutivo busca que en todos los establecimientos públicos haya suficiente personal no objetor, de manera que en cada hospital se pueda realizar un aborto en cualquiera de las tres causales cuando sea solicitado.
Para tal efecto, se pretende que, al momento de la contratación de personal médico, los establecimientos de salud puedan tener en consideración la objeción o no de conciencia para realizar un aborto. Naturalmente que esta propuesta ha generado un debate ya que pavimentaría el camino para la discriminación de parte del Estado en contra de los profesionales que apelan a la objeción de conciencia. Incluso más, tampoco se le reconocería el derecho a la objeción de conciencia a todo el personal de salud que participa en un pabellón.
Por este motivo conviene detenerse en la importancia de la objeción de conciencia para todos nosotros.
La libertad de conciencia es un derecho fundamental que emana de la dignidad de la persona humana, derecho resguardado por la Constitución Política de la Nación. La objeción de conciencia hay que comprenderla desde la garantía constitucional de la libertad individual, de manera que toda persona humana sea inmune a toda coacción, es decir, que no se puede obligar a nadie a actuar contra la propia conciencia, ni impedir actuar según ésta.
Desde esta perspectiva, se hace entonces prioritario resguardar en la esfera pública y privada la libertad de conciencia de manera de no transgredir este ámbito en donde se alberga las creencias, convicciones y certezas para enfrentar la vida. De lo contrario, la sociedad entera cederá espacios a la imposición y coacción de las ideologías y de los más poderosos.