administración municipal y que recibía niñas y niños de toda la región y determinaba el hogar de destino al que serían enviados para su cuidado.

Un par de décadas más tarde, bajo administración directa de Sename, este recinto se convertiría en el escenario de la tragedia más dolorosa en la historia del trabajo con infancia y adolescencia en la región y el país.

En 1990, tras el retorno a la democracia, el Estado de Chile ratificó la Convención Internacional de Derechos del Niño, un cuerpo legal internacional que, entre otras cosas, obliga a los estados a la creación de una Política Nacional de Infancia, en concordancia en el respeto y reforzamiento de los derechos establecidos en dicha convención.

Multipropósito

En la década de los 90, la apertura al mundo, el mejoramiento económico y la globalización comenzaron a traer consigo otros fenómenos, la infancia y adolescencia chilenas ya no sólo estaban expuestas a abandono y pobreza, ahora debían enfrentar la aparición de las drogas en las poblaciones, la falta de acceso a los beneficios de una economía pujante y la proliferación de otras vulneraciones, como el abuso y la explotación sexual, el maltrato físico, deserción escolar y problemas de salud mental y una creciente participación en delitos por parte de adolescentes. Frente a todo esto, la respuesta del Estado siempre fue la misma, Sename.

La historia del Servicio Nacional de Menores indica que la institución pasó a convertirse, de facto, en residencia, colegio, centro de salud mental, hospital y centro de reclusión para adolescentes en conflicto con la justicia, cuando no eran enviados a cárceles de adultos, de acuerdo a la legislación de la época. Rápidamente se consolidó el concepto de "los niños del Sename".

La tragedia

El archivo del Diario El Llanquihue indica que el domingo 21 de octubre de 2007 se registró la trágica noche en el Centro de Régimen Cerrado de Sename en Puerto Montt. Incluso unos meses antes se había puesto en marcha la innovadora Ley 20.084, de responsabilidad adolescente, que venía a cambiar el procedimiento jurídico de un modelo punitivo y sancionatorio a otro de responsabilización y reinserción social para adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia.

Todavía no está claro si fue algún problema durante la hora de visitas, diferencias con algún educador y la falta de algún funcionario a cumplir su turno. El tema es que alrededor de las 24 horas de ese domingo 21, los adolescentes que cumplían sanción en la actual sección 3 del recinto, se amotinaron y tras iniciar un incendio, trancaron la puerta de acceso por dentro y se encerraron en los baños.

A las 2 de la madrugada de ese lunes 22 de octubre de 2007, ocho jóvenes habían fallecido producto de la asfixia por humo, otros dos fallecerían días después en el hospital de Puerto Montt.

La tragedia remeció al país entero, desde la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien conducía su primer mandato, hasta parlamentarios, jueces y autoridades académicas coincidieron en que el Sename había fracasado en su tarea. Mientras, las familias de las víctimas clamaban justicia y el gobierno, por su parte, se comprometía públicamente con la construcción de un nuevo Centro Cerrado para Puerto Montt, que cumpliera las condiciones de infraestructura y seguridad adecuadas para la reinserción social efectiva. Compromiso que también compartirían los Presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Sin embargo, a la fecha aún no entra en operaciones.

Protección

Si bien actualmente Sename interviene exclusivamente con adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia, ya que a partir del 1 de octubre de 2021 toda el área de protección y restauración de derechos de niñas y niños vulnerados, incluida el área de adopciones, pasó a formar parte de un nuevo servicio especializado que funciona al alero del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, antes de esa fecha y por 42 años, esas tareas fueron parte de la gestión del Servicio Nacional de Menores.

En ese contexto, en la región se vivió uno de los episodios de mayor connotación pública, cuando en febrero del año 2014 diario El Llanquihue denunciaba públicamente la existencia de una vivienda abandonada, en pleno centro de Puerto Montt (esquina de las calles Antonio Varas con Copiapó), hasta donde estaban siendo llevadas niñas y adolescentes para ser explotadas sexualmente. Niñas que se encontraban bajo protección del Estado en el sistema de residencias de la llamada Red Sename.

La denuncia causó conmoción en todo el país, y el Servicio Nacional de Menores reaccionó presentando entonces tres querellas por explotación sexual comercial en contra de quienes resultaran responsables. Luego de casi 4 años de investigación y la detección de alrededor de 15 víctimas, la justicia llevó a juicio y logró condenar al abogado Jorge Rodríguez Lopetegui y al empresario turístico Manuel Liberona Guerrero, mientras que un tercero, el empresario nocturno Oliver Nieto Norambuena, acordó un juicio abreviado con el Ministerio Público.

El suboficial mayor de Carabineros, Aliro Ahengo, integró el equipo de la Sección de Investigaciones Policiales, SIP, que llevó adelante las pesquisas, el funcionario señaló que "desde Sename en todo momento, desde el día 1 en que se generó esta investigación cooperaron con todo, actitud e información muy delicada y orientada a las víctimas; nos dieron acceso a poder conocer la realidad in situ, cómo funcionaba el sistema y todos los antecedentes que solicitamos. Quienes dirigían en ese tiempo Sename regional y los asesores de dicho servicio, nos manifestaron que "caiga quien caiga" estarían ahí para cooperar con información y querellas, y siempre lo sentimos así".

Para Ahengo esa investigación marcó un antes y un después en cómo se abordan los delitos de connotación sexual contra la infancia en nuestra región".

21 de octubre de 2007 ocurrió el trágico incendio en el centro cerrado y semi cerrado del Sename, donde murieron 10 adolescentes.

1 de octubre de 2021 toda el área de protección y restauración de derechos de niñas y niños vulnerados pasó a ser parte de otra institución.

15 niñas fueron víctimas de la red de explotación sexual de menores descubierta en Puerto Montt.