LLa duración de los procesos administrativos en los organismos del Estado en Chile es alarmante. En vez de simplificarse, como lo exige la rapidez de los cambios del entorno, se han vuelto más tortuosos y costosos. Esto afecta tanto a las personas naturales, que deben tramitar permisos, licencias y certificaciones, como a las empresas, que enfrentan una maraña de servicios plagados de consultas, estudios, análisis expertos y comisiones técnicas y políticas.

A este fenómeno se le ha denominado eufemísticamente "permisología", una burocracia exacerbada que impone altos costos a individuos y organizaciones por el tiempo invertido, el costo de estudios, gastos notariales y otros. Según el Banco Mundial (2022), Chile ocupa el puesto 59 en el índice Doing Business, destacando que abrir un negocio en el país requiere más de 28 días en promedio, mientras que en países líderes como Nueva Zelanda, el mismo trámite toma menos de 24 horas.

El origen radica, por un lado, en un Estado sobredimensionado, con una multiplicidad de organismos y funcionarios que deben justificar su permanencia. Por otro lado, procesos y tecnologías obsoletas persisten, producto de una inercia enquistada en servicios sin indicadores claros ni incentivos para la eficiencia. Un ejemplo reciente es el retraso en la evaluación de proyectos ambientales: en 2023, el promedio de aprobación en Chile superaba los 18 meses, muy por encima del promedio OCDE de 8 meses (OCDE, 2023).

Esta realidad nos empobrece. Los recursos destinados a tareas que no generan valor restan competitividad frente a países que han optado por simplificar sus procesos sin sacrificar el rigor. Singapur, por ejemplo, ha implementado plataformas digitales integradas que reducen trámites redundantes, permitiendo resolver permisos en días, no meses (World Economic Forum, 2021). Estas innovaciones incluyen la eliminación de procesos inútiles, la integración de sistemas y la adopción de registros digitales ágiles y seguros.

La implementación de tecnologías eficientes y la modernización de los procesos no sólo disminuyen tiempos y costos, sino que también aumentan la productividad. Estonia, una de las naciones más avanzadas en gobierno digital, cuenta con sistemas de identificación eficientes en el mundo físico y en el mundo digital, permitiendo que el 99% de los trámites públicos pueden realizarse en línea (Raimundo Roberts, 2019).

En consecuencia, innovar no es sólo una oportunidad, sino una necesidad. Mejorar los procesos administrativos permite recuperar competitividad y enfrentar con éxito un mundo cambiante.

Un Estado más eficiente es clave para asegurar que nuestras capacidades se enfoquen en generar valor, no en alimentar una burocracia sin sentido.

80 años | 8 de enero de 1945

Destruccióm de faro pone en riesgo navegación

Las autoridades de Quellón han denunciado una serie de actos vandálicos en el faro de la Isla Cailín. Desconocidos han atacado repetidamente la estructura, lanzando piedras que han dañado la delicada válvula solar. Este tipo de acciones ponen en riesgo la seguridad marítima de la zona, ya que el faro es una herramienta esencial para la navegación, cuyo valor alcanza los $20 mil.

50 años | 8 de enero de 1975

Intendente desea éxito a la ciudadanía este año

El intendente de la Provincia, general de brigada aérea Juan Soler Manfredini, dirigió un mensaje de salutación de Año Nuevo a la ciudadanía. Reconoció el esfuerzo y colaboración de los ciudadanos durante el año, destacando law importancia de la unidad y el orgullo nacional. A pesar de los desafíos, se mostró optimista sobre el futuro, deseando éxito y felicidad para todos en 1975.

10 años | 8 de enero de 2015

En Parque La Paloma estará piscina municipal

El Municipio de Puerto Montt avanza en el diseño de una piscina temperada, ubicada en el Parque La Paloma. Con una inversión de $2.300 millones, la obra incluye un edificio de dos plantas y 1.400 m2 de superficie. La construcción, prevista para 2016, contará con diversas instalaciones recreativas y accesibles, beneficiando a toda la comunidad, dijo el alcalde Gervoy Paredes.

Extrañamente, en los últimos meses se ha deslizado sutilmente, como forma de explicar ciertas chambonadas cometidas por integrantes del Poder Ejecutivo, que tales dificultades responden a un cierto período de aprendizaje, habida cuenta que buena parte de quienes se instalaron en puestos de decisión, altos y medios, contaban (o aún cuentan) con poca o nula experiencia en el manejo de los asuntos del Estado. El último de los episodios, y que refleja a cuerpo entero la falta de "aprendizaje", se dio con la fallida compra de la casa del ex Presidente Salvador Allende, salpicando la polémica a una ministra de Estado y una senadora.

En este contexto, y ahora que ya se ha iniciado el nuevo período de las alcaldías y de la Gobernación en Los Lagos, cuyo último paso fue la instalación el lunes de Alejandro Santana al mando del Gobierno Regional, ha de advertirse que tal explicación no puede aceptarse tan impunemente. Involucrarse en las tareas del Estado, desde el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, requiere no sólo de cierta ambición para hacerse de una cuota de poder (que eso es lo que da el Estado), sino las adecuadas herramientas técnicas y políticas que se necesitan para que el engranaje continúe funcionando como corresponde, velando tanto por el uso eficiente de los recursos como por la probidad.

Quien llega al Estado no lo hace para aprender. Colocarse en posición de campaña para conquistar la adhesión ciudadana, ganar y cumplir así con sus promesas de campaña, modelando la imagen de país, región o municipio que el vencedor ha imaginado, demanda conocimientos de base mínimos y equipos técnicos calificados, para poder gobernar con eficiencia y responsabilidad desde el primer día.

Los alcaldes, gobernador y equipos que lo acompañan tienen que gobernar desde el primer día, sin las necias excusas de aprendizajes o tiempos de adecuación, como se ha escuchado en este último tiempo desde el gobierno nacional. Aprende el joven que llega a realizar su práctica, el profesional recién egresado que se incorpora a una empresa, o aquel trabajador que se cambia de empleo, no el político profesional que forma parte de un colectivo que por años lucha por llegar al poder.

Administrar el Estado, sea desde el nivel central o las esferas regionales o comunales, es un asunto demasiado relevante como para que alguien llegue a "aprender". Ese lenguaje debe desterrarse.