Carlos Ilabaca

De manera sorpresiva, pacientes que tenían programadas cirugías en el Hospital de Puerto Montt fueron informados durante la semana recién pasada de la reprogramación de sus horas, como resultado de la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Compras Públicas que entró en vigencia el 12 de diciembre y que modifica la contratación de servicios profesionales de salud vía trato directo.

De acuerdo a lo informado por la Dirección del Hospital de Puerto Montt (HPM), la medida afectó a 4 pacientes que entre el jueves y sábado de la semana recién pasada tenían en agenda hora para cirugías.

Una de las afectadas fue una vecina de Puerto Montt, quien tenía programada una cirugía de reconstitución del tránsito intestinal, y quien por lo menos desde hace un par de años debe vivir con la incomodidad de tener que usar una bolsa de colostomía para el drenaje de sus evacuaciones. Su familia considera que se trata de un procedimiento complejo y que su aplazamiento significa aplazar las dificultades de salud que actualmente sobrelleva la paciente.

"No son urgencias"

Pese a ello, el director del HPM, Manuel González Larrondo, detalló que no hay casos de mayor complejidad entre los suspendidos. "En particular, tuvimos que suspender 4 pacientes que por un trámite administrativo no los realizamos cuando estaban programados. Sin embargo, no se trata de emergencias ni urgencias, se trata de pacientes absolutamente electivos y serán realizados dentro de los próximos meses", especificó.

Previamente, González había realizado declaraciones a Radio Bio Bio Puerto Montt, donde recalcó que producto de una modificación de la normativa ya no se pueden contratar vía trato directo bienes y servicios, por lo que en adelante deberán ser objeto de una licitación pública. Esto derivaría en que las cirugías postergadas se reagendarán para no antes de 3 meses.

De igual modo, se indicó que la normativa afectaría a la contratación de profesionales médicos en relación a sus horas extraordinarias.

No obstante a ello, el director del Hospital especificó que no han tenido problemas de abastecimiento durante el presente año. "Por el contrario, aún en un contexto adverso a nivel nacional, durante este año 2024 aumentamos significativamente la compra en bienes y servicios, que se tradujo en más y mejores servicios para nuestra comunidad usuaria y funcionaria", comentó.

Grave negligencia

Por su parte, las personas que fueron afectadas por la reprogramación de sus horas de cirugía sostuvieron este lunes una reunión con el diputado por el distrito 26, Héctor Ulloa (Ind-PPD), con la finalidad de entregar información acerca de esta compleja situación que les aqueja.

Consultado al respecto, el parlamentario expresó que "conforme a lo que me han expresado varias familias afectadas, he podido constatar una grave negligencia en este hospital, especialmente en lo referente al retraso de cirugías programadas", dijo, y al mismo tiempo consideró que la situación administrativa de este centro de salud es "insostenible, caracterizada por una alarmante falta de empatía y humanidad".

Ulloa enfatizó que no resulta aceptable que se suspendan cirugías sin previo aviso, en reiteradas ocasiones, y mucho menos que esto se deba a la falta de insumos, como han declarado familiares de las víctimas.

"Es inentendible que el director del hospital acuse a un cambio de normativa, puesto que estas no se realizan sin previo aviso, ni de un día para otro. Con esto, evidenciamos una vez más una clara incapacidad administrativa, ya que no es justificable que un hospital se quede sin insumos, más aún cuando no se ha señalado, hasta donde tengo conocimiento, una carencia de recursos económicos. Aquí hay responsabilidades, y no son de los funcionarios, ni las familias, ni de los enfermos", puntualizó.

El 12 de diciembre fue publicado el nuevo Reglamento de Compras Públicas de la Ley 19.886, que detalla la operatoria para la gestión de compradores como de proveedores que venden sus productos y servicios a los organismos públicos, y establece modificaciones, entre otros temas, a las causales de los tratos directos. La normativa establece 7 causales para realizar tratos directos (art. 71), entre las cuales se menciona: que exista un proveedor del bien y/o servicio; que no hubiesen interesados para el suministro de bienes muebles y/o la prestación de servicios, o las ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles; en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, en que se requiera satisfacer una necesidad pública de manera impostergable; o cuando se trate de adquisiciones inferiores a 30 UTM y que privilegien materias de alto impacto social, entre otras disposiciones.

El abogado Carlos Díaz, en representación de un funcionario de la salud del Hospital de Puerto Montt, interpuso un recurso de apelación contra la sentencia del 19 de diciembre, que condenó a su representado al pago de costas tras en un procedimiento simplificado de acción penal privada. La apelación busca que se deje sin efecto la condena en costas, estimada en 6 UTM ($403.764), luego que se declarara el sobreseimiento de una madre y un padre, ambos querellados por injurias y calumnias.

El caso corresponde a una arista de una investigación por violación, la que presuntamente ocurrió al interior del centro asistencial y que afectó a un auxiliar de aseo a fines de julio. Los padres del joven fueron acusados por el funcionario de la salud por injurias y calumnias a través de Facebook, situación que fue descartada por el juez de Garantía Francisco Almonacid, quien decretó el sobreseimiento definitivo de la causa y condenó en costas a la parte querellante.

Según la apelación del abogado Díaz, el querellante es un funcionario público de salud, por lo cual existe la obligación del Hospital de Puerto Montt "de brindarle los mecanismos adecuados para el ejercicio de las acciones penales".

Respecto a la condena de pago de costas, el escrito agrega que el hospital puertomontino "en su carácter de autogestionado goza de 'privilegio de pobreza', en todas sus actuaciones judiciales en que deba hacer parte", y que "no existe resolución fundada que declare que el Hospital de Puerto Montt haya actuado como litigante temerario o malicioso".

En el mismo documento, el abogado Díaz solicita que, de no acoger la solicitud de no pago de costas, al menos se le dé la opción de hacerla en "10 parcialidades".

Tras la audiencia que decretó el sobreseimiento de sus representados, el abogado Ignacio Herrera calificó esta arista como "una tortura sicológica para los padres", quienes ya están "sufriendo por el abuso de su hijo" y la, a su parecer, inoperancia de un sistema. "Nos parece absolutamente vergonzoso, impresentable, irreprochable que el Servicio de Salud preste a sus abogados para patrocinar una querella que no tenía absolutamente ni pies ni cabeza".

La solicitud del abogado Díaz será vista por la Corte de Apelaciones.