Carlos Ilabaca

La Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Puerto Montt presentó una querella por delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno, y lavado de activos en contra del ex alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes Rojas, además de otros 6 ex funcionarios municipales, dos representantes de empresas y todos quienes resulten responsables; acción legal que ayer fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de esta ciudad.

Además del ex jefe comunal, el libelo apunta a esclarecer las eventuales responsabilidades que les pudiera caber en los hechos denunciados al ex director del Daem de Puerto Montt, Albán Mancilla Díaz; al ex alcalde (s) Carlos Soto Ojeda; y los ex funcionarios del Daem, Alicia Hernández Espinoza, los hermanos Roberto y Esteban Oyarzo Navarro, y Cristián González Andrade. A ellos se suma Carlos Alberto Parrao, jefe zonal de la empresa Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A., y Carlos Jara Vásquez, representante legal de las empresas Cosemar S.A. y Siglo Verde S.A. Todos, con excepción de Carlos Jara, fueron formalizados por la Fiscalía de Puerto Montt por distintos delitos y, de hecho, tanto Gervoy Paredes como Albán Mancilla cumplen prisión preventiva.

Finalmente, la querella también está dirigida contra la empresa Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A., representada legalmente por Carlos Jara Velásquez y Gastón Irigoin Jara.

Fraude con fondos SEP

La acción judicial fue interpuesta por Lucio Díaz Rodríguez, abogado procurador fiscal del CDE, en representación del Fisco de Chile y de la Municipalidad de Puerto Montt. En ella se especifican en detalle los 4 hechos constitutivosl de delitos.

El primer hecho se relaciona con fraude al fisco con Fondos SEP en relación a Programas de Salud Escolar.

De acuerdo a lo que establece el documento, tanto Gervoy Paredes como Albán Mancilla, "ambos a cargo de la administración, gestión y ejecución de dichos fondos de subvención escolar, consintieron reiteradamente en que se defraudara a la Municipalidad de Puerto Montt, aprobando a sabiendas operaciones fraudulentas planificadas por los funcionarios municipales Esteban y Roberto Oyarzo y ejecutadas por estos y los funcionarios municipales Alicia Hernández y Cristián González, consistentes en disponer recursos SEP para la ejecución de programas que involucraban contratación de profesionales para realizar cursos y talleres en materias de 'Salud Escolar', 'Sexualidad, Afectividad y Riesgo de Redes Sociales', 'Estudio de Obesidad Infantil', 'Prevención de Delitos Sexuales', 'Primeros Auxilios y Prevención de Accidentes', en diversos establecimientos educacionales de la comuna, sin que existiera real necesidad pública del gasto y dándoles a los recursos públicos un uso y fin distinto del autorizado en la ley".

El ex alcalde y el ex jefe de Daem eran quienes, según la querella, aprobaban los talleres y programas, y suscribían los contratos de prestación de servicios con instructores o monitores. Estos emitían y cobraban boletas de honorarios por montos que fluctuaban entre los $1.166.666 y los $1.250.000 mensuales, pese a no realizar los trabajos comprometidos en los contratos de prestación de servicios.

Posteriormente, transferían a la cuenta del imputado Cristian González, quien subcontrató indebidamente a terceras personas con el fin de aparentar la ejecución de los talleres y cursos, y además distribuía los dineros con los coimputados Alicia Hernández y Roberto Oyarzo, quienes los destinaban a fines propios, y en ocasiones, para financiamiento de actividades de proselitismo o propaganda política de Albán Mancilla o Gervoy Paredes. Por este concepto, el monto de la pérdida económica generada a la Municipalidad de Puerto Montt alcanza a un total de $277.867.301.

Segundo fraude

El segundo delito de fraude al fisco con Fondos SEP se relaciona con un "Programa de seguimiento y control de asistencia" que fue autorizado para implementar en los establecimientos educacionales dependientes del Daem de Puerto Montt, que derivó en la suscripción de contratos de prestación de servicios, "pese a que el Daem ya contaba con la unidad denominada Unidad de Subvenciones Daem, encargada de dicha función y, por ende, no existía real necesidad pública del gasto. Estas contrataciones aparentes tenían por objeto simular el correcto uso de los recursos públicos, con miras a apropiarse de parte de los Fondos SEP", dice la querella.

Para justificar la efectividad de los servicios prestados y así obtener la disposición patrimonial y el pago de los honorarios por servicios no ejecutados, los imputados "recepcionaban y aprobaban las rendiciones, usando certificados ideológicamente falsos" suscritos por Alicia Hernández (coordinadora de los fondos SEP), mientras que Roberto Oyarzo "falsificaba o fingía la firma o rúbrica de los supuestos prestadores de servicios, todo con miras a aparentar que los trabajos habían sido realmente ejecutados".

Por este concepto, el CDE imputa la defraudación de $109.749.998 de pesos.

Cohecho y soborno

Respecto a los delitos de cohecho y soborno, el CDE detalla en el documento que el 17 de agosto de 2023, Gervoy Paredes comenzó a contactar abogados para defenderlo de la acusación por notable abandono de deberes presentada por 4 concejales de Puerto Montt, "acordando ambos que (Carlos) Soto Ojeda, en su calidad de funcionario directivo de su administración alcaldicia, comenzara a solicitar dinero a gente de confianza para pagar la defensa jurídica privada".

En ese contexto, el 24 de agosto, Soto -abusando de sus funciones y en razón de su cargo de directivo y funcionario de confianza del alcalde- solicitó a Carlos Parrao, jefe zonal de la empresa construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. (con la cual el municipio mantenía desde el 2 de agosto de 2023 un contrato de "Concesión Servicio de Mantención, Habilitación y Mejoramiento de Áreas Verdes Públicas y Espacios de Recreación en la comuna de Puerto Montt") un beneficio económico por la suma de un millón de pesos.

Dicho monto fue transferido al día siguiente por Carlos Jara, representante legal de Siglo Verde a Carlos Parrao, quien tras cobrar el cheque lo entregó por mano a Carlos Soto, quien ese mismo día le hizo entrega a Gervoy Paredes a través de una tercera persona, informándole que "provenía de la aceptación de la empresa Siglo Verde a la solicitud de dinero para su defensa jurídica", dice el libelo.

Respecto al delito de lavado de activos, la querella apunta a que Carlos Soto "ejecutó diversas conductas destinadas a concretar la entrega del dinero procedente del delito de cohecho a Gervoy Paredes para su defensa jurídica, encubriendo y desafectando su origen ilícito". El CDE sostiene que Soto entregó el dinero a la ex administradora municipal Jacquelin Paz Cabrera, "quien a su vez, y conjuntamente con otros dineros recaudados para financiar la defensa jurídica personal se los entrega al alcalde, depositándole el mismo día 25 de agosto de 2023 la suma de $5 millones en dinero efectivo". El 30 de agosto, en tanto, Gervoy Paredes depositó un vale vista por $10 millones al abogado Isidro Solís Palma.

Como una "buena noticia" calificó el abogado Braulio Sanhueza la acción interpuesta por el CDE en la causa en la cual representa a un grupo de concejales de Puerto Montt. "Es una buena noticia para los concejales, a quienes represento, ya que estos hechos fueron informados formalmente al Consejo de Defensa del Estado en septiembre de 2023. Ratifica el largo trabajo realizado por la Fiscalía y los querellantes en la causa", acotó. En tanto, el abogado Marcos Velásquez dijo que "me alegra que el CDE se haga parte en esta investigación que lleva varios años, por delitos que tanto perjuicio han causado a los vecinos de Puerto Montt (...) Espero que, por el bien de Puerto y su gente, sea un querellante proactivo".

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, también aplaudió la decisión del CDE de sumarse a la causa. "La decisión del Consejo de Defensa del Estado me parece la adecuada. A lo mejor pudo haber sido antes, pero lo importante es que hay una querella presentada y que va a ayudar a aclarar lo que ocurrió al interior de la Municipalidad de Puerto Montt y, sobre todo, identificar a los responsables". En ese sentido, dijo estar llano a colaborar con esta investigación. "Como municipalidad oficiamos al CDE y es posible que sea, en definitiva, el CDE el que continúe esta acción y no el municipio", sostuvo.