Vicente Pereira

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, confirmó que revisará el contrato de concesión del Terminal de Buses, vínculo que finaliza en 2051, luego que fuera firmado por 47 años el 5 de febrero de 2004 entre la Inmobiliaria del Pacífico S.A. y el municipio, representado por el entonces alcalde Rabindranath Quinteros (PS).

Según explicó el actual jefe comunal el pasado lunes, cuando presentó a sus primeros siete colaboradores, el objetivo es que aparte de estudiar los alcances de este contrato, analizar un estudio que fue encargado a una firma de abogados en 2017, ocasión en la que el Concejo acordó poner término a la concesión.

En la actualidad, además, hay dos multas que están judicializadas.

Una por 2.822,60 UF (más de $108 millones) y otra por 1.210 UTM ($81 millones). Además, esta medida se enmarca en el plan de intervención que busca abordar la seguridad en el área en que se encuentra el rodoviario.

Y dentro de este proceso, el gobierno comunal persigue revisar el contrato de la concesión, de manera de tener claridad respecto a la fase en que se encuentran una serie de conflictos que están sin resolver. Uno de ellos, las multas que están judicializadas. Pero también está la mesa de trabajo que comenzó en la administración de Paredes y que desde el rodoviario acusan que fue abandonada por dicha gestión, lo mismo que la negociación "extrajudicial". Según explica el administrador del Terminal de Buses, Marcelo Aguilera, la idea es retomar un diálogo que permita buscar una salida para terminar con la incertidumbre que se ha extendido "durante tanto tiempo, considerando que quedan más instancias recursivas ante nuestros tribunales superiores de justicia, lo que puede extender por varios años los litigios pendientes". En este sentido, Aguilera manifestó que la empresa está dispuesta a formar parte de una nueva mesa de trabajo.

Estudio de derecho

Wainraihgt recordó que en 2017 se desempeñaba como presidente de la Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal, tiempo en que el cuerpo colegiado solicitó un estudio en derecho que permitiera analizar la situación del rodoviario.

De hecho, el 25 de abril de ese año, el entonces Concejo Municipal, presidido por el ex alcalde Gervoy Paredes -en prisión preventiva por delitos de corrupción- acordó poner fin a la concesión, lo que nunca se concretó.

En aquella oportunidad, además, el ahora ex jefe comunal expresó que entre las causas que motivaron esta decisión se encontraban las tarifas elevadas por servicios, alzas no acordadas por concepto de arriendo a locatarios, acumulación de basura y ascensor descompuesto, entre otras.

En tanto, Wainraihgt afirmó ese día que la empresa no había regularizado su deuda, por lo que pidió a la administración Paredes que se aplicara un cobro judicial e indicó que se debían analizar las consecuencias financieras y para ello propuso contratar un abogado experto en derecho administrativo, según expuso en la edición del 26 de abril de 2017 este medio.

Ahora Wainraihgt postula "traer este estudio y revisarlo, lo mismo que el contrato, por lo que nos vamos a sentar a conversar con el terminal".

A juicio del jefe comunal, se trata de una situación necesaria porque "tenemos una serie de problemáticas que los afecta también a ellos y a los usuarios, Y, por lo mismo, debemos llegar a acuerdos por el bien de la comunidad, lo que se tiene que traducir en una mayor seguridad y en una labor más eficiente de lo que hace el terminal".

Desde el rodoviario, Marcelo Aguilera, administrador del Terminal de Buses, asume que lo que plantea el alcalde es lo que corresponde, ya que en los últimos años "hemos sido abandonados, primero en la mesa de trabajo de 2023 en que participaban los abogados de ambas partes a instancias de la misma municipalidad, sin explicación".